El actual vicepresidente de la CaMEM habló sobre el marco regulatorio de la actividad minera en Argentina, la seguridad jurídica y la importancia de la participación ciudadana temprana.
Comunicado del Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) sobre la inconstitucionalidad de la ley n° 10.608 de la provincia de La Rioja (intervención de la industria del litio).
Lo aseguró la Vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta, en relación a la quita de reintegros a las exportaciones en materia de litio para las empresas que se encuentran dentro del mercado, decisión que cosechó críticas y desacuerdos en la provincia.
El gobernador Ricardo Quintela promulgó la Ley 10.608 que también declara al desarrollo de litio de “interés público”. La norma le otorga “fundamental preponderancia a las empresas del Estado” y suspende por 120 días los permisos y concesiones. La medida llama la atención porque La Rioja casi no tiene proyectos de litio. Fuerte crítica del sector empresario.
"En Salta, a diferencia de otras provincias, hay seguridad jurídica a pleno", destacó el titular de REMSa.
El Gobierno eliminó un sistema de reintegro por las exportaciones del mineral. Desde la Cámara de la Minería de Salta se manifestaron en contra.
El diputado opositor de extracción justicialista, Hugo “Grillo” Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), se posicionó a favor de La Rioja, donde se aprobó una ley por la cual se declaró al litio y sus derivados de interés público y como recursos estratégicos.
Hace unos días el senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli sacó una nota de opinión sobre el litio, haciendo gala y rindiendo solemnidad a la ignorancia, interpelando con su interrogante de que si ¿vamos a regalar el litio? Ante lo cual, primero que nada le preguntaría si alguna vez caminó el árido suelo de la Puna y conoció al menos un proyecto de los que habla, donde se ven las construcciones de plantas de beneficio de agregado de valor, donde se ven hombres y mujeres haciendo patria en los intersticios de nuestra inexplorada geografía.
“Desde las políticas públicas, las mayores barreras que puede tener un país para el desarrollo minero son la incertidumbre jurídica y la inestabilidad y falta de competitividad tributarias”.
El titular del Palacio de Hacienda justificó la medida porque los reintegros a las exportaciones “ya cumplieron sus objetivos”. La medida afecta sólo a dos empresas que son las únicas que producen y exportan litio en la Argentina. El impacto puede ser mayor en unos años porque se esperan más proyectos. Las exportaciones anuales saltarían de US$ 620 millones a US$ 6.000 millones.
Quien se expresó es el presidente de la empresa provincial minera de Salta REMSA, Alberto Castillo.
"¿Qué queremos? ¿Qué se frenen (las inversiones)? ¿Qué se pase la hora del litio?", se preguntó el titular de la UIA.