El litio se ha convertido en un tema recurrente y las provincias que poseen recursos mineros deben lidiar con un incómodo invitado llamado Estado nacional, un gigante que busca ingresar al negocio del litio y no se deja ignorar.

Cuando una provincia prospera, la Nación se acerca como una abeja a la miel, pero cuando las cosas no van tan bien, la Nación mantiene una distancia segura desde su posición en el sillón de Rivadavia.

El ahora candidato de las PASO, Juan Grabois, sin ningún remordimiento afirma que, en caso de que ocurriera lo imposible (convertirse en presidente), uno de sus primeros decretos sería la nacionalización del litio. Se oye el encomio de algunos ignotos e incautos aplaudidores.

Por otro lado, la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, anuncia con entusiasmo que están trabajando en un proyecto de ley para fomentar la generación de soberanía tecnológica y empleos de calidad en la cadena productiva del litio. Afirma que el objetivo de esta iniciativa es cambiar las reglas de juego existentes.

Lo que debemos evitar es destruir la gallina e incluso a todo el gallinero, por aquellos que quieren tener los huevos en la canasta antes de que la gallina los haya puesto. El veneno en esta situación es la inseguridad jurídica, el desajuste macroeconómico y las tensiones políticas nacionales, que advierten que invertir en este país podría ser un riesgo, incluso para los propios argentinos.

Es evidente que nadie está en contra de fabricar baterías de litio en Argentina y, porque no, soñar con la producción de vehículos y otros derivados del litio. Sin embargo, la fabricación de baterías de litio en Argentina presenta desafíos debido a la falta de infraestructura especializada en la cadena de suministro, así como la dependencia de la importación de insumos clave. Si fuera rentable fabricar baterías, alguien ya lo estaría haciendo.

Sabemos que tener el recurso mineral no es suficiente. Como mencionó Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus: "Existe otra forma de propiedad, particularmente en nuestro tiempo, que tiene una importancia no inferior a la tierra, y es la propiedad del conocimiento, la técnica y el saber. En este tipo de propiedad, más que en los recursos naturales, se basa la riqueza de las naciones industrializadas".

El litio representa solo una pequeña parte del costo total de una batería, entre el 8% y el 12%, mientras que el 90% restante implica tecnología compleja, además de otros insumos y minerales críticos cuya obtención es más difícil que la del litio en sí.

Un ejemplo es el cobalto, del cual el 70% se produce en el Congo. Si queremos tener una casa amueblada, primero debemos construir bases sólidas y levantar las paredes. Si queremos tener fábricas de baterías, primero debemos garantizar la seguridad jurídica necesaria para invertir en nuestra materia prima (litio y otros), y luego allanar el camino para que los capitales inviertan y hacer que la producción de baterías de litio en el norte argentino sea un negocio rentable.

Hablar de baterías (como parte de la cadena de valor) crea expectativas exageradas en la sociedad argentina, alimentando el mito de que "se lo llevan todo", cuando en realidad se sabe que el 80% de la facturación de la minería se queda en el país, según un informe oficial.

Si fuera rentable fabricar baterías, alguna empresa ya lo estaría haciendo, por lo tanto, el clima de inversión debe ser más competitivo que las ventajas que ofrecen los países que actualmente producen baterías. Cada iniciativa debe reflejar esas ventajas de producir baterías, lo cual es difícil de vislumbrar con el actual esquema tributario y panorama macroeconómico.

No es una buena señal que el Gobierno de la nación envíe mensajes políticos constantes sobre el avance nacional en relación con los recursos y la soberanía de las provincias. Este tipo de debates no deberían llevarse a cabo sin la validación previa de los gobiernos provinciales.

Pero retrocedamos un poco, cuando en 1994 se reformó la Constitución y se estableció en el artículo 124 la devolución del dominio originario de los recursos naturales a las provincias, incluyendo los minerales.

Las provincias, de acuerdo con el Pacto de Luján de 1990, son dueñas de los recursos naturales, incluyendo minerales y litio, dentro de su territorio. Sin embargo, la centralización histórica ha limitado su capacidad para ejercer plenamente su propiedad. La regionalización y descentralización propuestas por la Constitución Nacional buscan cambiar esta dinámica, otorgando a las provincias un papel más activo en la toma de decisiones y la gestión de los recursos naturales.

La devolución de los recursos naturales a las provincias fue fundamental para impulsar su desarrollo económico y fomentar la redistribución de la población en el territorio. Esta medida adquiere aún más relevancia en un contexto en el que ya no se puede concebir el país simplemente como un lugar para poblar, sino como una oportunidad para redistribuir a la población de manera más equitativa.

El litio y otros minerales, además de representar una fuente de riqueza, pueden ser la base de polos de progreso y desarrollo en las provincias, evitando así el éxodo de nuestra región de la Puna, de Salta, de la sangre joven y vital que huye hacia el conurbano bonaerense en busca de oportunidades. Es imperativo aprovechar estos recursos de manera sostenible y equitativa, evitando que la pobreza y el desplazamiento continúen afectando a tantas personas en su viaje hacia los centros urbanos. Incluso al hablar de fábricas de baterías, debemos considerar que estas deberían ubicarse en las provincias productoras.

La autonomía de las provincias en relación con los recursos naturales es una oportunidad para promover el desarrollo local y el bienestar de sus habitantes, al tiempo que contribuye al crecimiento y la estabilidad económica del país en su conjunto.

Existen consideraciones políticas relacionadas con la necesidad de reevaluar las reglas de juego en las competencias entre el gobierno central y las provincias, ya que este es un aspecto fundamental. En esencia, es necesario modificar las dinámicas de poder entre las provincias y el gobierno central; cambiar la forma y el lugar donde las provincias discuten y negocian con el gobierno central; y hacer que el gobierno central comprenda la importancia de descentralizar el poder hacia las provincias, evitando interferencias centralistas, la creación de organismos nacionales reguladores de recursos provinciales, la creación de tributos nacionales aplicados a recursos provinciales y la aplicación de prohibiciones legales nacionales sobre recursos provinciales.

Si estamos trabajando en un proyecto de promoción de la industria minera, debe ser un proyecto real de promoción, no de regulaciones, prohibiciones e imposiciones tributarias. Y al pensar en fomento, recordemos el primer Decreto Minero del gobernador de Salta, Álvarez de Arenales.

En el respeto de las instituciones y las soberanías provinciales se escribe la epopeya de una patria unida y próspera.

* Diplomado en Derecho Minero, Regulación y Gestión Minera, y temas ambientales.

Fuente: El Tribuno