Salta reclama el pago de regalías a una minera de Catamarca

Es la subsidiaria a cargo de la planta que produce litio en la provincia vecina. Rechazan el tributo por el conflicto limítrofe en el Salar del Hombre Muerto.
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Por Pablo Ferrer

El Ministerio de Economía de Salta volvió a rechazar un planteo de la empresa Minera del Altiplano, que insiste en no pagar regalías por la producción de litio con salmuera que se habría extraído en la parte salteña del Salar del Hombre Muerto.

Minera del Altiplano (MDA) fue subsidiaria de la estadounidense Livent, que desde hace más de 30 años produce carbonato de litio en una planta radicada en Catamarca. Livent se fusionó el año pasado con la minera australiana Allkem para formar la firma Arcadium Lithium, con producción de litio también en Jujuy.

El miércoles pasado, desde Economía de la Provincia se emitió un decreto para obligar a la empresa catamarqueña a pagar cerca de 216 millones de pesos por la explotación de las minas Litio I y Litio II, entre agosto de 2019 y septiembre de 2022. Esos dos yacimientos fueron concesionados por Salta y abastecen la planta de la exLivent. El monto por regalías los estimaron en la Dirección General de Rentas, en una ecuación de lo que podría representar las dos minas salteñas en la producción de carbonato de litio.

No es el primer antecedente de rechazo por parte de la Provincia a las pretensiones de MDA de no pagar regalías.

"El decreto que salió el miércoles es uno de tantos. La empresa plantea que no debe pagar regalías en Salta por el conflicto limítrofe que existe en el Salar del Hombre Muerto con Catamarca, que no está solucionado. Ese es su argumento básico, aunque sí pagan regalías en Catamarca, entonces es una locura", explicó a El Tribuno Gonzalo Castañeda Nordmann, quien ofició de abogado de la Secretaría Minería hasta 2020.

De hecho, el letrado recordó que realizó distintas intimaciones a Minera del Altiplano, "tanto para que se inscriban en el registro de productor minero, como para que paguen regalías y presenten estudios de impacto ambiental, entre otros", señaló. Incluso hizo un dictamen para pedir la caducidad de concesión de las dos minas por los incumplimientos de la empresa. Obviamente, ese recurso no prosperó.

Argumentos

Entre los argumentos que presentó la minera para no pagar, sostiene que la Provincia carece de jurisdicción para determinar las regalías adeudadas debido a la ausencia de delimitación del límite interjurisdiccional con Catamarca. Señalan que las dos minas concesionadas "están en una zona cuya jurisdicción no ha sido claramente definida".

Afirmaron, además, que no se ha configurado el hecho imponible para generar la obligación de pago de regalías, "ya que no han extraído minerales de las minas Litio I y Litio II". Impugnaron también la metodología utilizada para determinar las regalías, alegando que se basa en presunciones sin rigor fáctico.

Solicitaron, entre otros puntos, la intervención de la Comisión Interprovincial para definir los límites entre Salta y Catamarca y suspender el trámite administrativo hasta que esta se expida.

En contraposición, desde la Provincia recordaron que Minera del Altiplano "ha reconocido la jurisdicción de Salta desde el primer momento, por lo que no puede ahora argumentar en contra". La empresa efectuó la manifestación de descubrimiento de las minas (Litio I y Litio II) en el Juzgado de Minas de Salta y ha realizado numerosas presentaciones reconociendo la ubicación en el territorio salteño.

La Provincia sostiene que la explotación de salmuera para la producción de litio afecta a todo el Salar del Hombre Muerto, incluyendo las minas en cuestión. Esto justifica el pago de regalías.

Afirmaron que la utilización de métodos presuntivos para determinar las regalías es válida debido a la omisión deliberada de la empresa de presentar declaraciones juradas.

Sostuvieron, finalmente, que la Comisión Interprovincial no tiene competencia para intervenir en este caso. "La función de la Comisión es elaborar un informe técnico para un anteproyecto de ley sobre límites provinciales, no intervenir en trámites administrativos", señalaron.

Fuente: El Tribuno

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