Según la Constitución Argentina de 1994, las provincias litíferas (Catamarca, Jujuy y Salta) son dueñas de sus recursos minerales y tienen la facultad de otorgar derechos mineros a particulares, nacionales o extranjeros, sin restricciones, y los gobernadores de dichas provincias han establecido la Mesa del Litio para coordinar regulaciones locales y trabajar con el gobierno federal.

Durante los últimos 30 años el régimen legal minero argentino se ha mantenido estable, brindando seguridad a los titulares de concesiones mineras y promoviendo los negocios. La Ley de Inversiones Mineras garantiza un régimen de estabilidad fiscal por 30 años y establece un límite máximo del 3% en las regalías mineras cobradas por las provincias.

Aparte de los proyectos minoritarios que abogan por la estatización de la industria del litio (extracción y comercialización), la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación impulsa un proyecto de ley que sería presentado al Congreso Nacional en las próximas semanas. Este proyecto declara al litio y su cadena de valor como "de interés estratégico". El borrador del proyecto establecería una cuota de compuestos y derivados del litio que las empresas productoras entregarían por concurso a los "productores industriales con proyectos de valor agregado". Estos productores podrían ser empresas estatales o privadas asociadas a ellas. La cuota se establecería anualmente, comenzando en un 5% en el primer año y aumentando un 2,5% anual hasta llegar al 20%.

Imponer cuotas obligatorias para la comercialización del litio, fijando precios y condiciones de venta, sería altamente perjudicial. Sería deseable no caer en la tentación de intervenir en una industria que se ha desarrollado en condiciones de mercado, lo cual ha sido una ventaja en comparación con los países vecinos. Esto desalentaría las inversiones y afectaría la estabilidad jurídica minera, que ha sido clave para el gran desarrollo de la industria en las últimas tres décadas.

Actualidad del sector

Argentina se encuentra en una posición privilegiada en el "triángulo del litio", compartido con Chile y Bolivia. En 1994 el país representaba menos del 1% de la producción mundial de litio, pero actualmente alcanza el 10%. En los primeros meses de 2023 las ventas de carbonato de litio al extranjero alcanzaron los US$294 millones, con un crecimiento interanual del 98% y representando el 23% de las exportaciones mineras totales.

Las reservas de litio en Argentina son inigualables, y las inversiones de Canadá, China, Estados Unidos y Australia en este sector han aumentado considerablemente, alcanzando aproximadamente los US$5.000 millones en los últimos dos años.

En la actualidad el país cuenta con dos proyectos en pleno funcionamiento (Sales de Jujuy y Fénix), uno que acaba de comenzar la producción (Caucharí Olaroz) y otros 34 proyectos en diversas etapas de desarrollo. Recientemente, la empresa surcoreana Posco ha anunciado una inversión de US$1.600 millones en el proyecto de carbonato de litio "Sal de Oro". Este proyecto biprovincial es compartido por las provincias de Salta y Catamarca y está localizado en el Salar del Hombre Muerto. El proyecto se inició el año pasado con una inversión de US$800 millones y se prevé que alcanzará los US$4.000 millones de inversión totales en el año 2030.

Los expertos estiman que para 2025 el norte de Argentina podría generar hasta 300.000 toneladas anuales de carbonato de litio, convirtiéndose en el segundo mayor productor a nivel mundial. Actualmente ocupa la cuarta posición detrás de Australia, Chile y China. Además, hay seis proyectos en construcción que podrían llegar a producir 800.000 toneladas anuales en cinco años.

Aunque el precio del carbonato de litio ha disminuido desde principios de año debido a la menor demanda de China, se mantiene cerca de los US$37.000 por tonelada.

El régimen legal argentino ha demostrado ser estable y favorable para el mercado, y se están evaluando planes para la producción local de baterías de litio. Sin embargo, fabricar baterías es un proceso extremadamente complejo. Esto no significa que Argentina no pueda lograrlo, pero se necesita una gran inversión y una planificación a largo plazo.

* Pablo J. Alliani es socio en Bomchil y líder de la práctica de Energía y Recursos Naturales.

* Bomchil, firma de abogados full-service que este año celebra su 100° aniversario.

Fuente: El Tribuno