Minería Sustentable
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin) expresó su respaldo al impulso legislativo para modificar la Ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable en el Senado. Desde la entidad señalaron que la redacción actual de la norma presenta ambigüedades y falta de precisiones que generan incertidumbre y pueden comprometer el desarrollo de proyectos mineros en distintas regiones del país.
En ese sentido, remarcaron que la protección de los glaciares como recurso hídrico y ambiental es un objetivo central y no está en discusión. Sin embargo, advirtieron que la ley sancionada originalmente contiene “grises” en aspectos clave, lo que dificulta su aplicación práctica y abre la puerta a interpretaciones restrictivas que impactan sobre la actividad minera.
Desde la Federación destacaron además que la industria minera cumple con estándares ambientales exigentes y con la normativa vigente, tanto por parte de las empresas operadoras como de los proveedores y trabajadores del sector. Subrayaron que en las provincias con actividad minera existe un compromiso local con el cuidado de los recursos naturales, en línea con el desarrollo de las comunidades y el bienestar de las familias que dependen de esta actividad.
En el documento, la entidad aclaró que no cuestiona las leyes orientadas a la protección ambiental, pero sí aquellas regulaciones que, a su entender, incorporan criterios ideológicos o políticos que terminan obstaculizando el desarrollo de la minería en las provincias cordilleranas.
Entre los puntos centrales, los proveedores mineros plantearon que la Ley de Glaciares debe contar con definiciones claras sobre su alcance y ser efectivamente instrumentable. En ese marco, consideraron necesario avanzar en una revisión del inventario de glaciares vigente, como parte del proceso de actualización normativa.
Finalmente, la Federación manifestó su apoyo a las modificaciones propuestas y se puso a disposición para colaborar tanto en la implementación como en el cumplimiento de la ley. El posicionamiento concluye con una idea central: compatibilizar el cuidado del ambiente con el desarrollo productivo y social de las comunidades donde se desarrolla la actividad minera.
