El diputado bonaerense Leonardo Grosso volvió ayer a insistir y a fracasar en el intento de dar dictamen el proyecto de Presupuestos Mínimos para regular la administración de humedales en los territorios provinciales. Sin embargo, los legisladores del NOA y el bloque de Juntos por el Cambio cuestionaron la legitimidad de la convocatoria y no dieron quórum.

El dictamen requiere la aprobación de tres comisiones, la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Grosso; la de Agricultura y Ganadería, encabezada por Ricardo Buryaile, y la de Presupuesto y Hacienda, por Carlos Heller. Y debe ser convocada por acuerdo de los tres presidentes, ya que cada uno tiene que citar a la que dirige.

La razón de fondo: las provincias consideran que, con motivo del auge del litio, el poder central avanza sobre sus atribuciones en la administración de los recursos naturales. Por eso no hay consenso ni se vislumbra ninguna posibilidad de que se lo alcance.

No existe consenso porque chocan frontalmente las perspectivas y los intereses de un Gobierno nacional "ambacéntrico" y las necesidades de la región por un desarrollo económico y humano que termine con la enorme fractura que hoy ofrece un país desmembrado.

La prueba quedó a la vista ayer. La figura central de las tres horas de discursos fue la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, muy elogiada por los presentes por su respaldo al proyecto. La funcionaria expuso lo que supuestamente hace el gobierno de Axel Killof, aunque tratándose humedales hubiera sido de esperar alguna mención a la contaminación del Riachuelo, donde la concentración de materia orgánica mezclada con residuos de metales pesados, cobre, plomo, níquel, cinc y cromo son una bomba de tiempo para la calidad de vida de millones de personas. En la cuenca media del Riachuelo la falta de oxígeno en el cauce cae a valores cércanos a cero miligramos por litro de agua.

Sin debate

No hubo debate, sino un monólogo político entre los presentes, sintetizado por el kirchnerista cordobés Eduardo González, quien dijo que "vayamos a elecciones el año que viene y que los jóvenes sepan quiénes defendemos al medio ambiente y quienes no".

Incluso, una vehemente Graciela Camaño, quizá ignorando que la Argentina es un país federal, lanzó una diatriba contra los gobernadores del NOA, acorde con la argumentación central de Grosso, que los acusa, a ellos y a los opositores al proyecto, de "hacer lobby contra el proyecto de ley".

Buryaile había enviado sendas notificaciones al diputado Grosso y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, poniendo de manifiesto "la absoluta irregularidad" de una convocatoria que desconoce a la presidencia de una de las comisiones (la suya) y reclama que, tal como se decidieran en acuerdo de bloques, se escuche la opinión de los gobernadores antes de dictaminar.

La idea de sancionar una ley de humedales viene fracasando desde hace nueve años. El diputado Grosso volvió a llamar a un plenario para el jueves que viene, y tampoco va a tener éxito, simplemente, porque no está facultado para hacerlo y porque la reunión con los gobernadores requiere una convocatoria seria y formal.

Consideran que, con motivo del auge del litio, el poder central avanza sobre las facultades de las provincias sobre los recursos naturales.
El proyecto en sí mismo es objetable por varios motivos. El primero es la inconstitucionalidad, ya que desconoce las facultades de las provincias sobre los recursos naturales. Además, la reforma constitucional de 1994 precisaba que era necesaria una ley de presupuestos mínimos para la preservación del ambiente, que fue sancionada en 2002. Incluso se sancionó otra para preservar el agua y luego la ley de bosques

Juan Cabandié, el actual ministro, anunció el 11 de julio pasado, en una reunión del Consejo Federal del Medio Ambiente, que se había logrado en "consenso pleno" con las provincias para aprobar el proyecto de Grosso, uno de los diez que están en danza.

Está claro que no era cierto.

Para las provincias ese proyecto contiene los mismos vicios que la ley de bosques, sancionada en 2007, que no brindó beneficio alguno. Además, esta también incluye la creación de un fondo nacional de destino tan incierto como el creado hace doce años.

Ese fondo, que podría ser un instrumento para generar una "caja política", coincide con la avanzada del poder central sobre la administración minera, sumándose a ideas poco sustentables, como la creación de una "OPEP del litio" con Chile y Bolivia, o imponer un organismo fiscalizador.

Todo suena contradictorio: los yacimientos de litio se encuentran en los salares de la Puna, donde hay salmueras pero nada que se asemeje a un humedal. Pero es que, como antes con la fracasada ley de glaciares, el mapa de humedales trazado es tan arbitrario que incluye al salar de Arizaro.

La idea de sancionar una ley de humedales viene fracasando desde hace nueve años. Grosso volvió a llamar a un plenario para el jueves.

El proyecto de producción de litio está avanzado en Salta, Jujuy y Catamarca. Hay contratos e inversiones en marcha y todas estas modificaciones de las reglas de juego, concebidas a orillas del Riachuelo, general un tembladeral jurídico. En términos grotescos, se interpreta que tratan de establecer la posibilidad de un nuevo "peaje".

El litio es el mineral estrella, pero para las provincias representa una posibilidad de desarrollo, de actividad económica y empleo. Este punto no fue contemplado por ninguno de los oradores que participaron ayer del frustrado plenario.

No faltan leyes, sino gestiones. Los incendios que afectaron a los esteros del Iberá demostraron la incapacidad del Estado nacional para combatir el fuego y, sobre todo, un enorme desinterés del poder central por la provincia de Corrientes y por todas las provincias.

Fuente: El Tribuno