A fines de enero Diego Pestaña, gerente general del grupo AGV Servicios Mineros y presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), anunció que se analizaba pavimentar un importante tramo de la ruta nacional 51, desde San Antonio de los Cobres hacia Sico, con una importante inyección de capitales privados. La propuesta concitó rápidamente el interés de mineras, constructoras locales, transportistas y las propias comunidades de la Puna, que también esperan desde hace largo tiempo contar con vías más seguras y transitables en la región.

Ayer, Pestaña confirmó a El Tribuno que desde entonces se ha venido trabajando sin pausas y a riesgo de los propios impulsores de la iniciativa, en la ingeniería de construcción que esperan tener completada antes de la finalización del primer semestre para poner a consideración de autoridades nacionales y provinciales. De esta manera va tomando formas el que podría ser el primer proyecto de envergadura en materia vial con participación publico privada (PPP) o el esquema a "la chilena" que el gobierno de Javier Milei propuso implementar en Argentina como parte de las medidas de reducción del gasto público hoy traducidas en la paralización de muchas de las obras de infraestructura financiadas con fondos nacionales.

Pestaña reiteró que proyecto de inversión focalizado en el corredor vial que conecta a Salta con el norte de Chile busca poner en condiciones razonables a tramos de la ruta 51 que esperan ser pavimentados desde hace al menos 40 años entre San Antonio de los Cobres y Sico.

La idea, como bien lo expresó el referente de Capemisa, partió del cansancio generado por tantos anuncios de inicios de obras que, por una u otra razón, no llegaron a concretarse hasta hoy. Mientras tanto, los movimientos vehiculares crecen en en el departamento Los Andes, al ritmo de los proyectos mineros que avanzan hacia su puesta en producción, y no son pocas las unidades de transporte que sufren averías o protagonizan siniestros viales.

Por el estado de la ruta 51 y otros caminos de la Puna, un viaje en camión desde Salta sale 3.000 dólares. Con mejores vías, según estimaciones del sector, costaría US$1.800. Las condiciones de transitabilidad se traducen actualmente en un sobrecostos de 40% en los fletes que mueven los proyectos metalíferos de la región. La retrasada infraestructura vial y ferroviaria de Los Andes es una de las mayores limitantes que enfrenta Salta en su vertiginoso tránsito de provincia con minería a provincia minera.

Pestaña destacó que a la par de la iniciativa privada, que comprendería 78 kilómetros en el área de Abra Chorrillos, la sección más complicada de la ruta 51, la Provincia tendría definido construir el tramo Cauchari-Pocitos. Serían, en total, alrededor de 110 kilómetros de asfalto que cambiarán la lógica que hoy tiene la Puna por las complicaciones que representa su actual infraestructura vial.

El referente de Capemisa recalcó que el planteo de participación pùblico privada busca hacer la ruta posible y no la ideal que nunca llega por falta de recursos presupuestarios. Pestaña insistió en que no hay tiempo ya para esperar otros cinco, seis o siete años por un proyecto que quizás no se haga. Con esta lógica, la ingeniería de construcción en la que se trabaja por estos días contempla asfaltar la traza actual de la ruta 51 con algunas mejoras razonables que le cambiarían la vida a quienes la utilizan a diario.

El proyecto iría acompañado por un sistema de peaje, cuyo aporte pagarían las empresas que utilizan la ruta para su actividad comercial y no la gente de las comunidades. Ese esquema de peaje se establecería no solo en relación con la construcción de los tramos pavimentados, sino también en función de su necesario mantenimiento.

El objetivo se ampliaría, en etapas posteriores, hacia Tolar Grande (localidad a la que se accede desde Cauchari por la ruta provincial 27) y el Salar del Hombre Muerto. La idea es mejorar de poco los caminos y asfaltar gradualmente los circuitos. Las empresas aportantes de las obras recuperarían lo invertido con el peaje, además de contar, como usuarias, con mejores rutas y costos de transporte más accesibles. Las comunidades de la Puna, sin pagar peajes, también se beneficiarían con caminos más transitables y seguros.

Fuente: El Tribuno