Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) reveló que las dificultades macroeconómicas y la alta presión tributaria han retrasado de forma persistente la puesta en marcha de nuevos proyectos de cobre. 

El país hoy cuenta con media docena de proyectos de cobre de clase mundial, en condiciones de comenzar su construcción en el corto y mediano plazo. Estos seis proyectos implicarían desembolsos de capital por al menos u$s20.000 millones.

Las empresas aguardan por una mejora de las condiciones para desembolsar el grueso de las inversiones y comenzar la construcción de proyectos en el mediano plazo. 

"En el hipotético caso de que se pusieran en marcha los seis proyectos de cobre más avanzados que cuenta Argentina en la actualidad, implicaría un ingreso del país al Top 10 mundial de productores de cobre de mina", remarcaron durante una presentación.

La Mesa del Cobre es un espacio creado por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una misión comercial a la Unión Europea que encabezaba la ahora exsecretaria de Minería Flavia Royon. Buscan darle impulso final a los proyectos más avanzados de la Argentina, pero que tiene su réplica a nivel privado y en el ámbito de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). También buscan desarrollar las cadenas de valor, generar empleo e inversiones con la exigencia social de una minería responsable con el ambiente y las comunidades locales.

La mesa dispuso la activación de las comisiones de Trabajo, Infraestructura, Desarrollo de Proveedores, Regalías y Tributos, Minería, Ambiente y Agua, Ciencia y Tecnología, Educación y Trabajo, Industrialización y Cadena de Valor para cuando se presente formalmente en el país la iniciativa, acordada para la próxima edición de la Expo San Juan Minera, del 21 al 23 de mayo. 

Los seis proyectos de cobre se ubican en cuatro provincias distintas y garantizarían el metal por los próximos 50 o 60 años. Algunos ya tienen fecha tentativa de inicio de construcción:

Josemaría (San Juan) en 2024
 San Jorge (Mendoza) en 2025
 Taca Taca (Salta) en 2025
 Los Azules (San Juan) en 2026
 El Pachón (San Juan) en 2027
 Proyecto MARA (Catamarca) en 2027 

"La normalización macroeconómica, moderación de la carga tributaria sobre el sector y resolución de las problemáticas crónicas abrirían las puertas a la puesta en marcha de proyectos de cobre postergados", indicaron desde CAEM. De hecho, la mayoría de estos proyectos fueron descubiertos y prefactivilizados hace más de dos o tres décadas, pero nunca terminaron de alcanzar la instancia de entrada en operaciones. 

El proyecto que avanza a paso firme es Josemaría, en San Juan, situado en Caingasta. En diciembre pasado el Ministerio de Minería inició el proceso administrativo para habilitar la construcción del camino de acceso al proyecto, a más de 4.000 metros de altura. 

Josemaría se encuentra en etapa de pre-construcción. Deprominsa, la empresa propietaria, es una subsidiaria del grupo Lundin Mining. Cuando comience su construcción demandará más de 8.000 empleos. Con una inversión de más de u$s4.000 millones, volverá a exportar cobre desde el puerto de Rosario, durante un plazo previsto de casi 20 años. 

A la espera de un reemplazo para Flavia Royón en la Secretaría de Minería de la Nación, desde CAEM se plantearon los cuatro desafíos para llevar adelante los proyectos de cobre. 

1) Eliminar las restricciones cambiarias: implica eliminar la obligación de ingreso y liquidación de divisas; el libre pago de obligaciones con el exterior, y la disponibilidad de las divisas derivadas del cada proyecto. 

2) Contar con un régimen tributario cierto y estable: establecer una carga máxima de impuesto a las ganancias del 35%; un recupero rápido y eficiente de IVA; una mejora en la protección de la estabilidad tributaria, y la emisión eficiente de certificado de importación.

3) Mejorar la competitividad sistémica: establecer derechos de exportación al 0% para todos los productos de cobre, y fijar regalías y aportes provinciales que no podrán exceder lo establecido por la Ley 24.196 (de inversiones mineras). 

4) Garantizar la protección y estabilidad del régimen: adoptar un estabilidad normativa de los beneficios previstos por 30 años y definir uin acceso a arbitraje internacional.

Fuente: telesoldiario.com