El Ejecutivo salteño promulgó la ley para agilizar los estudios de impacto ambiental minero
Por Ramón Pereyra
El Ejecutivo provincial promulgó la ley 8405 que aprobaron las cámaras de la Legislatura para agilizar la presentación de informes de impacto ambiental y social mineros, que ahora pasarán por la Secretaría de Minería y recién irán al Juzgado de Minas.
La Ley fue pedida por el Ejecutivo para dar mayor celeridad al acto administrativo de presentación de informes de impacto ambiental y social, requisito previo al otorgamiento del permiso para dar inicio a toda actividad minera que se pretenda realizar en el territorio de la provincia.
La nueva disposición
Para ello se modificó el artículo 34 de la ley 7141 de Procedimientos Mineros y con la nueva disposición los estudios de impacto ambiental y social pasarán por la Secretaría de Minería antes que el Juzgado de Minas.
El Gobierno provincial sostiene que resulta necesario dotar al trámite de otorgamiento del permiso minero, en todas sus etapas, de una mayor celeridad para permitir que la actividad procesal administrativa se reduzca a la menor cantidad posible de actos.
Durante el debate, diputados oficialistas puntualizaron que la modificación fue el resultado del consenso alcanzado entre la cartera de Producción provincial y el Juzgado de Minas, dependiente del Poder Judicial.
Cómo será el nuevo trámite
El anterior artículo 34 de la ley 7141 disponía que para lograr el permiso se debían presentar los informes ante el Juzgado de Minas. Con la modificación, este tramite se hará primero ante la Secretaría de Minería.
Desde esta área gubernamental, que es la autoridad de aplicación de la Ley de protección ambiental para la actividad minera, se comunicará al tribunal de Minas para que haga conocer a los promotores del proyecto sobre la resolución.
En Diputados se explicó que la medida tiene triple finalidad: desburocratizar de expedientes, acompañar la dinámica de la actividad minera actual y establecer control y fiscalización más eficientes. Se mantiene el cuidado del ambiente y solo cambia la parte administrativa del proceso, se manifestó.
Fuente: El Tribuno
