
Litio: ¿es un mito que en Chile cobran 40% de impuestos y en Argentina apenas 3%?
Minería Sustentable


Según se asegura, afirmar que Argentina cobra apenas un 3% de las ganancias a las mineras por la extracción de litio, mientras que Chile llega al 40%, es tan inexacto como los dichos de la precandidata presidencial Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) de que en las universidades públicas hay un 50% de extranjeros, cuando en realidad ese número llega al 4%.
Según un informe de la Agencia Paco Urondo (APU), "en Chile y en Argentina, las empresas mineras tributan más o menos lo mismo" y que ese número "depende del mineral y del proyecto de explotación".
En Chile, la actividad minera es el primer rubro de sus exportaciones, ya que representa el 58,8% del total de sus ventas al mundo, y en 2022 exportaron u$s43.000 millones. Argentina en el mismo año exportó minerales por u$s5.700. Se advirtió que, compartiendo la misma cordillera, "se supone que tenemos igual cantidad de minerales de este lado".
Pero, mientras en Argentina "no se avanzó mas allá de las riquezas que le daba la pampa húmeda" los chilenos, "privados de vacas y trigo, pusieron el énfasis en la minería".
En Chile, se aclaró, los recursos minerales son propiedad nacional, a diferencia de Argentina, donde por la Constitución Nacional (1994) pertenecen a las provincias.

Documento de la CEPAL sobre extracción de minerales
Los datos pertenecen al documento de la CEPAL “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal de la minería del litio en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile”, de marzo 2022.
Chile no tiene un sistema de regalías provinciales, pero cobra el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) que varía según los proyectos, puede ir del 3 al 5%, y ha tenido sucesivas modificaciones de subas y bajas a lo largo del tiempo.
El impuesto más importante (equivalente a nuestro Impuesto a las Ganancias) es el Impuesto sobre las utilidades (ISU) que es del 27%.
Luego suman otros gravámenes: la Patente Minera, 6 dólares por hectárea del área de concesión; la Contribución para el Desarrollo Regional, que grava un 1% de la inversión, pero todavía no está en vigencia; y en algunos contratos de explotación de litio se estableció un “Aporte a las Comunidades” del 1,7% sobre el valor de venta, que sería lo mas parecido a las regalías provinciales.
En Argentina, por su parte, las empresas mineras pagan un 3% de regalías a las provincias, pero no es ni con mucho el total de lo que se "quedaría" en las arcas locales.
Después, pagan el 35% de Impuesto a las Ganancias al estado nacional, además de retenciones a las exportaciones que van del 4,5 al 8%, según el mineral.
Debe añadirse el Impuesto al Cheque del 1,2%, y las provincias dueñas del recurso han creado empresas provinciales que se asocian con las empresas mineras: por caso, Santa Cruz creo Formicruz, que tiene el 7,5% de acciones en Cerro Vanguardia (explotación de oro y plata); Jujuy creó JEMSE, que tiene el 8,5% de acciones en las dos mineras de litio; Catamarca creó CAMYEN y así todas las provincias establecen distintos tipos de acuerdos.
De todos modos, se advirtió que "los sistemas tributarios (de Argentina y Chile) son bastante diferentes y para hacer un cálculo fino hay que tomar cada proyecto en particular y hacerlo analizar por un especialista en impuestos".
"En determinados proyectos de litio, la imposición puede ser mayor en Chile que en Argentina, pero en algunos pocos puntos porcentuales, nunca del 3 al 40%", se aclaró.
En enero del 2023, el Ministerio de Trabajo informó que existen 38.000 puestos de trabajo directos en la actividad minera; mas 114.000 puestos indirectos, un total de 152 mil trabajadores argentinos. Además, los trabajadores directos con un promedio salarial de $519.000 (a marzo del 2023) .
Finalmente, se aclaró que "las empresas mineras (chinas y canadienses, las más importantes) no son sociedades de beneficencia, sino empresas que buscan el lucro, y si pueden pagar menos impuestos a través de la evasión o elusión, lo hacen, pero en eso interviene la capacidad que cada estado nacional y provincial tenga en materia de control y vigilancia".

Fuente: Ámbito




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