Voces en contra de la iniciativa que busca nacionalizar el litio

Legales 05/05/2023 Por Minería Sustentable
Aquí las palabras de los referentes salteños y del ministro catamarqueño Murúa, en contra de la propuesta de nacionalización de la exploración y explotación de las reservas de litio.
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La iniciativa busca declarar al mineral "recurso estratégico" y modificar el Código Minero y la ley de Inversiones. El Tribuno consultó sobre esta intención con referentes del ámbito público y privado de la minería en Salta, quienes coinciden en que se debe desterrar la idea de nacionalización.

La secretaria de Minería y Energía de la provincia de Salta, Romina Sassarini, señaló que el litio es un mineral no estratégico, sino crítico, necesario para la reducción de la huella de carbono y la migración hacia sistemas de electromovilidad, y no está de acuerdo con la idea de que sea declarado como recurso estratégico y nacionalizado. "Cada vez que estamos trabajando bien con algo, tenemos inversiones, aparecen estas cuestiones a nivel nacional que de federalismo no tienen nada, por el contrario, son centralistas y buscan a través de esta normativa generar inseguridad jurídica o alejar las inversiones que hoy tanto buscamos atraer", dijo.

Según Sassarini, es necesario trabajar en conjunto con las provincias para generar inversión y empleo, respetando la Constitución que establece que el dominio y gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias. Destacó el trabajo en equipo realizado en la mesa del litio, conformada por Salta, Jujuy y Catamarca, y enfatizó la importancia del litio en la generación de empleos y el dinamismo de las economías regionales y locales. Por último, señaló que la idea de nacionalizar el litio implicaría alejarse de lo que dice la Constitución, y atenta contra el articulado constitucional (124) en el caso de Salta, donde la concesión de litio depende de un ámbito judicial y tiene carácter de sentencia.

Para Carlos Ramos, presidente de la Cámara de la Minería de Salta, hay que ver cuál es el alcance que se le pretende dar a la declaración, qué implica eso jurídicamente. Ante las diferentes interpretaciones que hay en los medios, manifestó que "si declaran el litio como recurso estratégico, y esto implica que de ahora en más el litio ya no es denunciable como cualquier mineral sino que corresponde al Estado, y este va a negociar el litio, será una nueva regla de juego con la que no estoy de acuerdo".

Ramos cree que el Estado no va a tener ni los recursos ni la estructura necesaria para poder evaluar en diferentes lugares otros yacimientos de litio que se puedan encontrar. Esto haría que Argentina ya no sea atractiva ni tenga posibilidades de más desarrollo de lo que ha tenido hasta ahora. Pero si encima de todo, si se somete a esa regla a los recursos ya concedidos, el empresario dijo no entender cómo lo van a poder instrumentar porque hay decenas de empresas: dos están produciendo y exportando litio, otras tres construyendo y más de una decena con plantas pilotos y demás. "Si sometemos a los proyectos que ya están en marcha, que han invertido millones de dólares en sus desarrollos, a la regla de una nacionalización, habrá que indemnizarlos de alguna forma si el Estado se queda con la propiedad de esos yacimientos, esto va a ser imposible", acotó.

Diego Pestaña, presidente de Capemisa (Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta), defiende la inversión en litio local y se opone a la creación de un ente regulador que ponga impuestos a las exportaciones del mineral. Argumentó que esto afectará el crecimiento económico de la provincia y el futuro de los salteños. Según Pestaña, el modelo a seguir no es Chile ni Bolivia, sino Australia, que es el principal productor de litio en el mundo. Dijo que a pesar de las complicaciones que enfrenta Argentina como país se está invirtiendo en litio en el NOA (Jujuy, Salta y Catamarca) y esto genera inversión, generación de trabajo y una expectativa de futuro.

Pestaña señaló que, aunque muchas empresas se están yendo de Argentina, hay una necesidad de trabajo en las provincias menos beneficiadas. Comentó que el 8 de mayo se llevará a cabo un evento en Salta sobre la minería y allí el sector defenderá su postura junto con el Gobierno y las empresas mineras. Para él, "el litio es un factor de desarrollo en la provincia y hay que aprovecharlo y defenderlo a muerte".

Marcelo Murúa, Ministro de Minería de Catamarca

En una nota con radio Ancasti, el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, dijo que es inviable el proyecto que pretende “nacionalizar el litio”, y que por este tipo de acciones es que se fortaleció la Mesa del Litio con Salta y Jujuy. También adelantó que se gestionan convenios con países asiáticos para lograr una trasferencia tecnológica que le permita a la provincia introducirse algunos pasos más adelante en la cadena de valor del litio.

Primero, sobre la “nacionalización” del mineral indicó que es “una cosa que ya se fue planteando en otro momento y claramente choca con lo que marca la Constitución en el artículo 124, que establece que los recursos naturales son de las provincias y por lo tanto son las provincias las que tienen que gestionar todo lo que tienen que ver con los recursos naturales. Me parece que es una cuestión que no es diferente a otros tipos de iniciativa que han tenido en el pasado y que claramente no tiene una relación con la juridicidad con la que se está establecida en el marco normativo constitucional y nacional en su conjunto”, dijo en “Mañana es hoy” (Radio Ancasti 98.5 – lunes a viernes de 10 a 13).

“No somos solo nosotros en Catamarca, Salta y Jujuy tienen exactamente la misma posición con respecto de esta iniciativa. Y de cuestiones como estas surgió la postura de los tres gobernadores de conformar la Mesa del Litio como un ámbito institucionalizado de acuerdo a lo que marca la constitución, se hicieron todos los pasos necesarios, está aprobado por ley en cada una de las provincias y se ha comunicado al Congreso de la Nación”, recordó Murúa.

“No hay que generalizar esta decisión a todo lo que es el gobierno nacional, que está en el ámbito de la región del litio como participante para poder discutir las políticas que sean necesarias discutir en lo que hace a la gestión del mineral”, aclaró.

Resaltó que “la posición es compartida” con las provincias de Salta y Jujuy, y que de allí “surgió la necesidad de unificar criterios, de conformar primero la mesa del litio y después institucionalizarla a través de la región del litio”.

 

Ley de humedales, otro intento

A fines del 2020 ingresaron más de 10 proyectos sobre humedales al Congreso de la Nación, por la comisión de Ambiente, y se logró llegar a un texto unificado que obtuvo dictamen. Sin embargo, la iniciativa no logró obtener dictamen en el resto de las comisiones, lo que lo llevó a perder estado parlamentario. Luego se reavivó con los incendios en el Delta del Paraná.

El proyecto de ley contemplaba a los salares de los que se extrae litio como "humedales". El mineral está en auge en la provincia y en el mundo, y genera gran expectativa por su potencial y por el impacto que generará a nivel social y económico. Salta tiene cinco proyectos de extracción de litio en etapa de construcción, tres en factibilidad, cinco en análisis económico preliminar y 14 en exploración avanzada. Pero todo eso queda en riesgo si se aprueba una ley que no contemple el marco adecuado para la actividad, habían advertido desde el sector minero.

"Nos preocupa en gran manera el futuro de la actividad, especialmente la minería de litio, las inversiones y los puestos de trabajo que representa", había afirmado la vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta, Fernanda Fraga. Entonces señaló que en el proyecto de ley del diputado bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos) sobre humedales «la definición del objeto a proteger es muy amplio, no corresponde a un proyecto de presupuestos mínimos y tal como está redactada paralizará las inversiones mineras«.

Añadió sobre la importancia de definir las competencias del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales: "La soberanía sobre los recursos naturales es de las provincias, por lo tanto entendemos que avasalla la soberanía de las provincias. Y se crean incertidumbres en las inversiones que son de grandes capitales y a largo plazo".

Fuente: El Tribuno / El Ancasti

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