“Un mensaje a todos los Legisladores de la República Argentina, y a la sociedad en general, respecto a un tema que se ha debatido en el Congreso de la Nación por más de 8 años”, en torno a las iniciativas de legislar sobre los humedales del país. Cuando por estos días los rumores de extremo silencio sobre este tema desde la Secretaría de Minería de la Nación, “Prensa GeoMinera” pudo acceder a este documento escrito hace 18 meses y que posiciona al sector minero oficial para hacer saber la concepción desde un cuerpo asesor específico y federal. A tal fin se creyó oportuno reeditarlo y poner de manifiesto lo hecho con anticipación, dándole un valor trascendente. Ante tantos “errores y papelones” que se han realizado bajo la presidencia del COFEMIN, que por ahora, sustenta Martín Cerdá, se debe rescatar el valor de este documento sobre humedales, que la prensa oficial (los “enanos eunucos” que dejó la gestión  de Alberto Hensel)  no se molestó en difundir.

Los representantes del COFEMIN, señalaron que “En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, ha habido un cambio notorio en las últimas décadas respecto a la forma en que el ser humano se relaciona con el ambiente que lo rodea, que ha permitido crear una mayor conciencia, entre otros temas, sobre la obligación del uso responsable y sostenible de los recursos naturales que necesitamos para desarrollarnos como sociedad. Esto vino acompañado con adecuación y generación de nuevas normativas, dentro de las competencias de la Nación Argentina, como fue en el año 2002 la aprobación y entrada en vigencia de la Ley General de Ambiente N°25675 – que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible en Argentina –, y que fue acompañada desde las provincias en materia minera y otras actividades productivas, adecuando la legislación y reglamentando su funcionamiento de parte de las diferentes autoridades provinciales”.

Los integrantes de este cuerpo asesor de la Secretaría de Minería de la Nación les expresaron a las diferentes comisiones  de la Cámara Baja que se ponían “disposición de los legisladores, queremos desde el COFEMIN contribuir al debate, conociendo que nuestro país posee gran parte de su territorio nacional ocupado con humedales –de acuerdo a la definición RAMSAR-, y que al mismo tiempo no se puede desconocer que en ese amplio territorio existen diferentes realidades y disímiles ecosistemas. No es posible comparar los pastizales y humedales del litoral, con los mallines y turberas de la Patagonia, o con las vegas de altura de la Cordillera, o con el delta del Paraná, o con los salares de la Puna”.

En la misiva del verano 2021 dicen además que “es importante destacar que la minería argentina es una industria que aplica la sostenibilidad ambiental y que trabaja en consonancia con los 17 principios de los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentra el fomentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos y todas. Consideramos con respeto y consideración, que estos conceptos no deben ser olvidados al legislar desde el Congreso Nacional cualquier tipo de ley de presupuestos mínimos, ya que deben estar adecuadamente expresados en el articulado de dichas leyes”, para realmente poder gestionar “en forma equilibrada el desarrollo económico social y la protección del ambiente. Manteniendo así el equilibro entre desarrollo y ambiente que es precisamente lo importante para el pueblo argentino”.

A su vez, desde COFEMIN plantean también que los proyectos de ley que se encontraban en revisión desde hace un tiempo prolongado “deberían haber surgido de un diagnóstico previo y evaluación de la situación, bajo parámetros objetivos y científicos, respetando el marco normativo y los derechos jurisdiccionales, contemplando presupuestos mínimos y no máximos. Resulta apropiado la necesidad de contemplar los servicios eco sistémicos intrínsecos de los humedales como también, considerando al hombre como parte de los sistemas ambientales, los servicios o beneficios socio–económicos en torno al aprovechamiento de la mineralización contenida en el recurso natural, usos y servicios que los mismos pueden brindar para el sustento de vastos territorios, de comunidades remotas y del ser humano, entre otras consideraciones de similar peso y complejidad”.

“Es imperioso que exista diálogo entre los distintos actores y que se incorpore en su tratamiento conocimientos técnicos, legales, económicos y sociales orientados a generar una ley “de presupuestos mínimos” con base en el desarrollo sostenible, y que se invite a participar a todos los que puedan realizar un aporte y contribuir a la unión y compatibilización de los intereses: cuidado del ambiente y desarrollo” de las actividades productivas.

Para los integrantes de este cuerpo, surge de lo expresado “la importancia que los diferentes proyectos de ley propuestos sean revisados, discutidos, enriquecidos, y consensuados entre la mayoría de las comisiones asesoras del Congreso Nacional”.  Entendiendo que  “es fundamental que nuestros legisladores requieran a la comunidad científica el “Documento Diagnostico sobre Humedales” que justifique la sanción de una ley, que ha sido reclamado desde varios sectores, y que permitirá realmente entender los problemas vinculados a humedales y sus causas, para plantear así soluciones reales”.

Los representantes de las provincias escribieron estas líneas políticas-técnicas “para evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades. De este modo, creemos que no es conveniente para el país, la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que en nuestra opinión dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo aún más en el futuro”.

Por último, cabe destacar que por último se expresó a los congresistas que “el Consejo Federal de Minería está integrado por las 23 provincias argentinas ofrece toda su experiencia profesional en materia productiva, administrativa, legal y técnica y la pone al servicio del Honorable Congreso de la Nación para contribuir a que una ley de este tipo, ordene, proteja el ambiente e incentive la producción nacional sin perjudicar” a ningún sector.

¿El 18 de octubre habrá nuevo presidente del COFEMIN?

Si bien el hermetismo de la convocatoria fue “casi” absoluto, en forma presencial o virtual los representantes de cada provincia argentina podrán elegir a quien desean como presidente de este cuerpo el próximo 18 del mes en curso..

La reunión se realizará en el espacio que el COFEMIN posee en la actual estructura de la secretaría de Minería en la avenida Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pese al mensaje en “off” de que se encuentran todos abocados a construir alianzas estratégicas que fomenten el buen funcionamiento de la industria, existen quienes pretenden  hacerse de la presidencia y, en esta oportunidad, quien sea elegido o elegida, traspase el mandato del gobierno.

Todos reconocen del ascenso de algunos funcionarios que poseen incidencia en las Políticas de Estado de sus provincias. También están aquellos que, a pesar de ser reconocidas como buenas personas, sus acciones son lamentables, desastrosas y de un claro retroceso, tal es el caso del actual presidente, Martín Cedré, que representa a la provincia de Chubut. Justo la dueña absoluta del bochorno público que sufrió el sector.

Por esta última descripción es que se hace imperioso recuperar un liderazgo contundente certero y eficiente. Como el que no posee este cuerpo desde hace algún tiempo.

Fuente: Prensa GeoMinera