Minería Sustentable
En la región andina, el debate sobre glaciares y minería muestra realidades dispares. Tanto Chile como Perú comparten con Argentina la riqueza geológica de la cordillera, pero aún no cuentan con leyes específicas que ordenen de manera integral la protección de glaciares y su relación con la actividad productiva.
En el caso chileno, el país concentra cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica, con más de 26.000 unidades distribuidas a lo largo de su territorio. Sin embargo, la regulación sigue siendo indirecta, a través de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente Chile, que exige evaluaciones ambientales para proyectos cercanos a glaciares.
Esta ausencia de una normativa específica mantiene abierto un debate legislativo que se extiende desde hace años y que refleja tensiones entre desarrollo minero, protección ambiental y seguridad jurídica.
La situación de Perú suma un factor crítico: el acelerado retroceso de sus glaciares. Con más de 2.000 cuerpos de hielo registrados, el país enfrenta una pérdida significativa de superficie glaciar.
La gestión recae principalmente en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña Perú, creado por la Ley 30286 Perú, pero sin un marco legal integral que ordene la actividad en torno a estos ecosistemas.
Advertencias de la UNESCO señalan que Perú ha perdido el 73% de su superficie glaciar y que varias cordilleras podrían desaparecer en las próximas décadas, lo que pone en riesgo el abastecimiento de agua y limita la planificación de largo plazo para sectores como la minería.
En contraste, Argentina acaba de aprobar la reforma de la Ley 26.639 de Glaciares Argentina, introduciendo definiciones más precisas sobre glaciares y ambientes periglaciales.
La normativa, aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, apunta a eliminar ambigüedades que habían frenado proyectos mineros en zonas que no requerían protección estricta.
Además, refuerza el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales, un aspecto clave para distritos mineros como Salta, San Juan, Catamarca y Jujuy.
El nuevo marco legal argentino abre la puerta a un fuerte ingreso de capitales. La Cámara Argentina de Empresas Mineras destacó que la reforma aporta previsibilidad, un factor determinante para el sector.
Se estima que podrían destrabarse hasta US$40.000 millones en inversiones, especialmente en cobre, donde cerca del 75% de los proyectos dependía de definiciones regulatorias.
Entre los desarrollos más relevantes se encuentran:
El contraste es claro: mientras Argentina avanza hacia mayor claridad normativa y atracción de inversiones, Chile y Perú continúan en procesos de debate y adaptación.
Este cambio posiciona al país como un actor más competitivo en la minería de alta montaña, en un contexto global donde la demanda de minerales estratégicos, como el cobre, exige reglas claras y estabilidad para el desarrollo de proyectos de gran escala.
