Este artículo apunta a la redefinición de los criterios y el rol de la infraestructura en el marco del desarrollo, tratando de revisar el diseño y la construcción de infraestructura contemplando los criterios sociales, territoriales y sostenibles que incorporen temáticas que tradicionalmente han estado ajenas a las preocupaciones centrales de ministerios sectoriales, y en este caso el Estado debe fortalecer la institucionalidad para gestionar el diálogo con las comunidades como forma de gestionar tensiones sociales y ambientales.

Dentro de los objetivos planteados por la agenda 2030 para el “Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, la infraestructura ocupa un lugar fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población, fomentar mayor estabilidad social y conseguir ciudades y territorios más resistentes y resilentes a cambios climáticos. En los ODS 6,7 y 11 hace referencias directas a la necesidad de “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, “garantizar acceso a una energía asequible, fiable, sustentable y moderna para todos “y “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles”, respectivamente.

Las últimas observaciones realizadas por la CEPAL para América Latina y el Caribe sobre la brecha social del Desarrollo de Infraestructura, muestra que pese a los avances realizados en los últimos años, aún queda un largo trecho por alcanzar el ritmo de crecimiento de las demandas sociales, mucho más si se desea cerrar la brecha con una cobertura al 100% de las formas sostenibles que promueve la agenda 2030.

Grandes déficits de infraestructura en el ámbito rural y localidades alejadas, hace que muchas veces las poblaciones de esas zonas se vean afectadas al desarrollo, básicamente al no tener accesos a servicios en la misma disponibilidad, calidad y costo que la registrada en zonas urbanas del mismo país. La falta de conectividad o mala mantención de redes de caminos secundarios o terciarios provocan pérdidas temporales de conectividad o incremento sustancial de tiempos de viaje que dificultan el acceso básico a servicios como educación, salud o mercados laborales. Uno de los grandes inconvenientes observados por la CEPAL en este caso es que, en la región algunas iniciativas de gobiernos intentan cubrir deficiencias de infraestructura, así como números planes, programas o proyectos que cubren parcialmente áreas pobladas marginales o no asistidas y con lo cual poblaciones rurales, zonas remotas o poblaciones indígenas son a menudo las que sufren mayores externalidades negativas de los grandes proyectos de infraestructura. Esto ha contribuido que algunas poblaciones no vean de manera positiva al Desarrollo de Infraestructura y se hayan arraigado en vastas comunidades locales la percepción de que el Estado se alinea con las grandes empresas a un modelo de Desarrollo aliado al capital en detrimento de las comunidades, generando creciente conflictividad social entorno a la infraestructura en América Latina.

Los conflictos sociales asociados al desarrollo de infraestructura a menudo se simplifican únicamente a aspectos vinculados al impacto socio ambiental o a expropiaciones de tierra, sin embargo, hay una serie de factores que inciden en la construcción de conflictos y que pueden actuar como detonantes, por esta razón es importante entender las causas de fondo que estimulan la conflictividad.

De alguna manera se entiende que el Desarrollo es inherente al conflicto y esta puede interpretarse a partir de estudios relacionados a la actividad extractiva en cuatro países, Australia, Canadá, Chile y Perú. Comparativamente se analizaron los grados de Desarrollo y los índices de conflictividad, las muestras se realizaron sobre dos aspectos, por un lado, las noticias periodísticas relacionadas a conflictos sociales, explicando la proporción elevada de noticias conflictivas o de mayor intensidad de conflicto, siendo los artículos de mayor preferencia por los lectores. Y, por otro lado, los grados de Desarrollo en infraestructuras, mientras que Australia y Canadá presentan mayores niveles de desarrollo que Chile y Perú, los índices de conflictividad varían en cuanto a la forma de gestionar esas conflictividades.

Para entender la relación entre conflicto social y Desarrollo hay que entender el concepto de violencia estructural y profundizar en este concepto.  La “violencia estructural” se refiere a aquel proceso social que aparece cuando las personas están por debajo de su desarrollo potencial como seres humanos, al no poder acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación y carecen de espacios de voz y representación donde expresarlas, en circunstancias en donde otra parte de la población goza plenamente de sus derechos; con lo cual se distingue la violencia estructural de la violencia física o manifiesta, que es cuando aparecen las medidas violentas. En este sentido, ante la ausencia de servicios de infraestructura adecuados para una vida digna y para la satisfacción de una serie de necesidades básicas de toda la población, existe una situación de violencia estructural que actúa como catalizador de la conflictividad social.

En este sentido, el desarrollo del sector privado se considera cada vez más como un medio fundamental y adaptable para la reconstrucción y la regeneración de la economía, especialmente en situaciones posteriores a conflictos. En este aspecto, la inversión en infraestructura sostenible ya sea pública o privada, puede ser un importante generador y catalizador de desarrollo. Para ello se debe desarrollar una serie de herramientas e iniciativas que permitan prevenir o transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo. En este aspecto, el análisis sensible al conflicto, así como el diálogo como un mecanismo de gobernanza participativa se revelan como poderosas herramientas en esta dirección.

Fuente: Nuevo Diario de Salta