La media sanción que obtuvo esta semana el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la Cámara de Diputados de la Nación fue celebrada por la mayoría de los actores de la actividad minera. Sobre todo quienes apuestan al cobre. Es que la iniciativa incluida en la ley Bases sería una de las llaves para que tomen envión los proyectos cupríferos en Argentina. Entre ellos se encuentran los sanjuaninos Josemaría, Pachón, Los Azules; el catamarqueño Mara y el salteño Taca Taca.

La normativa, que ahora tendrá que pasar por el Senado para su aprobación definitiva, establece incentivos arancelarios, cambiarios e impositivos a 30 años para las inversiones mayores a los US$200 millones. El caso del yacimiento Taca Taca, con un presupuesto para la construcción de la mina que ronda los US$3.600 millones, supera ampliamente ese mínimo.

El RIGI también prevé declarar de exportación estratégica de largo plazo a los proyectos que garanticen una inversión mínima de US$1.000 millones y que se posicionen como proveedores globales de largo plazo.

En un rápido cálculo, el diputado por Salta Julio Moreno señaló que el RIGI "puede beneficiar" a la provincia en particular, justamente si es que se pone en marcha Taca Taca.

"El ejemplo que yo puse es que una sola empresa minera en Salta, cuando tenga las reglas de juego claras, estabilidad, seguridad jurídica, y por supuesto confianza, va a exportar 2.000 millones de dólares por año, solamente en minerales. Y bueno, Salta, números más o menos, está en 1.500 millones de dólares de exportación, o sea que prácticamente una sola empresa contribuiría a exportar prácticamente más del doble", explicó el legislador de La Libertad Avanza que votó a favor del proyecto.

Aún así, el establecimiento de un régimen que sobre todo apunta a brindar garantías de que no cambiarán las reglas de juego para los inversores no es la única condición para que avancen las minas de cobre.

Es lo que aclaró hace unos días el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola. Sostuvo que si bien "la expectativa e interés han crecido sustancialmente", por parte de las mineras no cree que los inversores "vengan desesperadamente después que aprueben la ley". Afirmó, además, que "los proyectos de cobre no van a ir adelante sin un incentivo".

Críticas
En el tratamiento legislativo, el RIGI pasó sin demasiados sobresaltos en el tratamiento de la Cámara baja, pero esto no lo exceptuó de críticas. Por ejemplo, el exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, cuestionó que el régimen "desarma toda política destinada a desarrollar proveedores nacionales". Advirtió que el RIGI permitiría importar sin arancel bienes de capital, repuestos y otros insumos.

"Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen", dijo.

A la espera de la Declaración de Impacto Ambiental
Más allá de que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) finalmente se llegue a efectivizar, el proyecto de cobre Taca Taca todavía está a la espera de la aprobación del informe de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Secretaría de Minería de la Provincia para avanzar con el desarrollo de la mina.

Ese requisito para construir en el yacimiento salteño fue iniciado en 2019, según dio a conocer el vicepresidente de Corriente Argentina, Carlos Ramos, que es la empresa subsidiaria local de la minera canadiense First Quantum, a cargo del proyecto.

Ramos mantuvo una reunión esta semana con la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de Salta, que preside Juan Esteban Romero. En la oportunidad, destacaron que Taca Taca se proyecta como una "mina de clase mundial", con una producción estimada entre 200 y 250 mil toneladas de cobre fino al año. Esto se traduciría en exportaciones anuales de al menos 2 mil millones de dólares, lo que tendría un impacto importante en la actividad económica de la provincia.

Se prevé la creación de alrededor de 4.000 empleos directos durante la etapa de construcción de la mina. Posteriormente, en la fase de operación, se estima que habrá aproximadamente 2.800 más. Estas cifras no incluyen los empleos indirectos, que podrían multiplicar aún más el impacto en la economía local rodando unos 12.000 puestos de trabajo más.

"El marco legal lo tenemos. Tenemos la ley de promoción minera, la ley para contratar proveedores locales y mano de obra salteña. Lo que necesitamos son instituciones fuertes y con todas las herramientas para que puedan controlar que las leyes se cumplan", afirmó el diputado Romero al terminar la reunión.

Fuente: El Tribuno