Lo más preocupante es que ocupaban puestos jerárquicos dentro de la empresa y habían ingresado al país con visas de turismo vencidas.

Este hallazgo no solo revela un descuido en los controles migratorios y laborales, sino que también suscita sospechas sobre la posible complicidad de la empresa en el ingreso ilegal de estos trabajadores. Daniel Quinteros, subsecretario de Empleo, ha denunciado públicamente esta situación, criticando a POSCO por su presunta negligencia y su afán de "ahorrarse unos pesos" a expensas de los trabajadores. Es importante destacar que estos empleados no eran trabajadores comunes, sino capataces, técnicos, encargados y jefes, lo que agrava aún más la situación.

Las posibles consecuencias para la empresa y los empleados involucrados aún están por determinarse, pero podrían incluir multas para POSCO y la expulsión del país para los trabajadores. Sin embargo, será fundamental el resultado de la investigación sobre las responsabilidades de la empresa en esta contratación ilegal.

En una entrevista realizada por el periodista Héctor Alí (FM Pacífico 92.9) a Alberto Castillo, titular de REMSA, Recursos Energéticos y Mineros de Salta, se expresó preocupación por esta situación y se destacó la importancia de cumplir con las leyes laborales y migratorias. Castillo resaltó la labor de las autoridades en la detección de esta irregularidad y subrayó la necesidad de que todas las empresas en la zona cumplan con las regulaciones correspondientes:

“tenemos que seguir trabajando para que Salta sea una plaza en la cual todo el trabajo minero sea registrado, donde se garantice los controles de bioseguridad que tiene y que fueron pilar de la gestión del gobierno de Gustavo Sáenz”, insistió.

Por otro lado, la situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en el ingreso y contratación de personal extranjero en empresas mineras. Es esencial garantizar que los trabajadores sean contratados de manera legal y que se cumplan con todas las regulaciones laborales y migratorias pertinentes.

En esa dirección, Castillo señaló que: “acá hay una política de seguridad jurídica. Cuando hablamos de seguridad jurídica, es decir, a todo el mundo que acá en Salta, cuando uno tiene de minera, tiene un juez en el cual defiende esa propiedad minera. Acá se garantizan las inversiones, pero también se garantizan los puestos de trabajo, los cuidados ambientales, los cuidados en los cuales el desarrollo de los proyectos son exhaustivos”.

Consultado además sobre el cobro de multas millonarias por estos incumplimientos, el funcionario precisó: “se habla de 10 millones y si tendrán que pagar el doble o el triple, lo tendrán que pagar. Pero no se puede tirar por la borda un proyecto muy importante como provincia que tenemos, de cambiar una matriz económica de esta provincia, de cambiar un proyecto en el cual queremos lograr una soberanía financiera. Pero también esto se logra cuando tenemos trabajo formal, trabajo seguro, con los controles correspondientes, un proyecto en el cual no solamente se va a controlar lo que es la producción, sino también que esa producción tenga un cuidado del medio ambiente, que los proyectos sean sustentables, que estos proyectos tengan en cuenta la licencia social”, cerró.

Alarmas encendidas

Para Castillo, lo que sucedió con los trabajadores de la minera POSCO, “enciende alertas, y Salta trabaja por una licencia social, una licencia laboral y una licencia ambiental, con seguridad jurídica”, enfatizó.

“Esto no le gusta al gobierno provincial, por supuesto, porque no es un buen ejemplo”, dijo, y celebró “el trabajo que ha hecho Migración. Nación, provincia y todas las provincias tienen que trabajar en equipo y en conjunto, y me parece que es una labor muy buena. Hubo una denuncia, cayeron los organismos, controlaron el tema, y hay personas, no digo detenidas, pero sí retenidas, hasta que se acabe la situación de la residencia”, señaló el titular de REMSA.

De este modo, la serie de irregularidades denunciadas y multadas en la empresa POSCO sirve como un recordatorio de la importancia de mantener vigilancia sobre las prácticas laborales y migratorias en el sector minero, así como la necesidad de aplicar medidas firmes para prevenir y sancionar el empleo ilegal.

Fuente: Nuevo Diario de Salta