Minería Sustentable
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) salió a responderle al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, después de que el funcionario cuestionara la constitucionalidad de los cupos de empleo local que protegen las provincias mineras. El comunicado fue difundido este lunes y lleva la firma conjunta de las cámaras que integran la Federación, entre ellas CAPEMISA de Salta.
En el texto, la entidad afirmó que Lucero "volvió a la carga con la potestad de las provincias mineras en cuidar y fomentar el empleo local" y cuestionó que, para el funcionario, los cupos con que las provincias protegen su desarrollo sean "inconstitucionales".
FAPROMIN sostuvo que "la licencia social de la que goza hoy la minería en Argentina se logró, en buena parte, mediante el esfuerzo entre provincias, proveedores y empresas mineras para que la actividad genere verdadero valor en cada uno de los distritos". Y fue más allá al plantear que "a mayor generación de empleo local, y contrataciones de proveedores de las zonas y provincias dueñas de los recursos, las comunidades aceptan la minería como una actividad esencial para sus territorios".
La respuesta apunta directo a declaraciones previas de Lucero, quien había sostenido que los esquemas provinciales "generan fragmentación laboral, distorsionan la competitividad y actúan como freno para captar inversiones internacionales en proyectos de litio y cobre". Para la Federación, el funcionario "no entiende, o no conoce la historia reciente de la actividad minera de Argentina".
Más allá del planteo institucional, FAPROMIN apeló a un argumento de costos. Aseguró que "tener el hogar de los trabajadores cerca de los proyectos reduce ostensiblemente los costos de cada minera, y a la vez genera el respaldo automático de cada una de las comunidades hacia la actividad". En esa línea, remarcó que "la capacidad instalada existe. La mano de obra está".
El comunicado recurrió a la historia reciente del sector para graficar el riesgo de un cambio de modelo. FAPROMIN pidió no repetir "el ejemplo negativo de Bajo de la Alumbrera, o los conflictos en Esquel, Famatina y Andalgalá cuando el discurso anti minero era respaldado por los vecinos que no veían oportunidades de inclusión laboral".
La Federación planteó además que, si el objetivo del Gobierno nacional es proteger el RIGI y atraer inversiones, el camino no es correrle la cancha a las provincias sino acompañarlas: "el funcionario debería acompañar a cada uno de los distritos con planes de educación, formación y certificación de sus talentos locales, en coordinación con los gobiernos locales".
El cierre del comunicado fue el tramo más directo hacia Lucero. FAPROMIN advirtió que "con este tipo de declaraciones, y la escalada de la intención en contra del modelo productivo que hoy da evidentes muestras de funcionar, podría poner en riesgo las inversiones" y le pidió al funcionario que "haga lo que usted debe hacer, deje que las provincias hagan lo suyo, y, si quiere, sume esfuerzos para que la minería sea una actividad defendida y protegida por las comunidades".
