Por Pablo Ferrer

Los resultados de la participación de la delegación del Gobierno salteño en la principal convención internacional de minería, que se realizó esta semana en Toronto (Canadá), se podrán ponderar dentro de dos meses. En mayo, cuando la empresa estatal Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta) ponga en marcha la licitación para el desarrollo productivo de litio dentro de un área de cerca de 35 mil hectáreas en el salar Arizaro, el más grande de la provincia y del país.

La expectativa sobre esa oferta para producir un recurso clave en la transformación energética global es altísima. Se espera una puja entre los principales grupos inversores dentro del mundo minero para obtener los derechos de concesión en el salar puneño.

"La idea es que compitan más de 15 grupos inversores por esta superárea", dijo a El Tribuno el titular de Remsa, Alberto Castillo, quien formó parte de la comitiva que estuvo en la feria PDCA 2024 (Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá) entre el 3 y 6 de marzo.

El principal objetivo de Castillo fue promocionar la licitación, y también ofreció otro recurso que se puede desarrollar en Salta: la energía fotovoltaica.

Tuvo seis reuniones con distintas empresas y trajo serias promesas de inversión. Pero todo el optimismo se vio empañado, tanto para el presidente de Remsa como para los funcionarios provinciales y empresarios locales que estuvieron en la convención, por la incertidumbre que genera la nueva administración nacional. Las ocho provincias argentinas que fueron representadas en Canadá, en búsqueda de fondos mineros, participaron sin el amparo siquiera de la Secretaría de Minería de Nación, que está virtualmente desaparecida luego que el presidente Javier Milei decidió echar de manera intempestiva (e insólita) a Flavia Royón del mando de la dependencia. Para la PDCA, desde lo que queda del organismo nacional solo ofrecieron una recopilación de información que se tiene de los distritos mineros en una página web.

Si bien los recursos naturales y las condiciones para utilizarlos es potestad constitucional de cada provincia, el Estado nacional es la puerta de entrada para cualquier inversor que busque oportunidades en los distritos subnacionales. Por más que existan jurisdicciones con una larga trayectoria de seguridad jurídica para la minería, como es Salta, la pata que depende de la Casa Rosada es fundamental para que se concreten las inversiones.

"La situación política de Argentina impactó mucho en la convención y en el clima de inversión", coincidió Castillo con la mayoría de los que viajaron a Toronto. Lo mismo consideró el gobernador Gustavo Sáenz en declaraciones de los últimos días.

"Los empresarios nos preguntaron si había un Secretario de Minería de Nación y si, especialmente, había algún cambio en las reglas de juego para las inversiones. No pudimos dar respuestas", reconoció el titular de Remsa.

"Hay como un manto de dudas y la verdad que crea incertidumbre. Si no va haber cambios en las reglas para el sector desde Presidencia tendrían que decirlo. Las empresas no quieren ayuda sino reglas claras", agregó.

Remsa es la puerta de entrada a la minería en la provincia. La empresa está encargada de licitar la concesión de las áreas vacantes para esta actividad o bien podría también explotarla o asociarse con los inversores para el mismo fin. La empresa estatal es la primera concesionaria de las superficies a desarrollar y lo que ofrece es justamente esa condición, además de los resultados de estudios geológicos que realizaron en los yacimientos. Todo el proceso está supervisado por el Juzgado de Minas de Salta y la autoridad ambiental y técnica para el control de esos yacimientos corresponde a la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia.

Entre las condiciones para los pliegos de la fracción de Arizaro que se licitará en mayo (denominada Remsa 10) se establecerán obligaciones de inversiones en infraestructura social, como rutas, parques solares para beneficiar a las poblaciones puneñas y gasoductos, entre otras.

En la última licitación (Remsa 9), realizada a fines del año pasado, ese requisito derivó en el compromiso de la ganadora del proceso (la minera china Ganfeng) de volcar 13 millones de dólares para la pavimentación de rutas.

Del mismo modo, los oferentes tienen que establecer porcentajes de NSR (siglas en inglés que significan retorno neto de fundición) a favor de Remsa. Se trata de una regalía que se cobra de acuerdo al valor de salida del producto minero en boca de mina.

Ese esquema se estableció, por ejemplo, con el proyecto de litio Centenarios Ratones, que empezará a producir a mitad de año y le otorgará a la empresa estatal salteña un 5% de NSR.

Otro punto que se incluirá en la licitación serán las compensaciones ambientales.

"Van a tener que calcular e informar cuáles van a ser las emisiones de carbono que van a tener en sus proyectos. Estas emisiones la van a tener que compensar, no con proyectos en otras partes del mundo, sino en Salta", aclaró Castillo.

"Pueden forestar, por ejemplo, o pueden recurrir a bonos verdes e invertir en lugares donde se emiten biogases, como en los vertederos", manifestó.

Argentina Day
En paralelo a las reuniones de Remsa en el PDCA 2024, la secretaria de Minería de Salta, Romina Sassarini, y el coordinador de esa cartera, Juan José Martínez, también promocionaron a la provincia en la convención. Especialmente en las conferencias que se brindaron en el día dedicado a Argentina dentro de la feria.

En la oportunidad, Sassarini destacó el impulso en la explotación de minerales de primera categoría en Salta, como el oro y el litio, así como la importancia de la licencia social que permite el relacionamiento con las comunidades y la participación en monitoreos ambientales.

Puntualizó que Salta ha implementado el Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2030, que abarca infraestructura, educación y modernización del estado, y ha realizado modificaciones normativas para acompañar la dinámica de las inversiones mineras. Habló, además, sobre la creación del catastro minero online y el sistema Simsa, que digitaliza y sistematiza la información minera de la provincia.

De otras provincias estuvieron los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza (donde la minería moderna está prohibida por ley). Además el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murua; el ministro de Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud; su par de La Rioja, Federico Bazán; la ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Karina Fernández y la secretaria de Minería de Santa Cruz, Nadia Ricci.

Fuente: El Tribuno