En la última audiencia de conciliación obligatorias entre la minera china Zijin-Liex y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional Catamarca por el despido de trabajadores del proyecto Tres Quebradas, en Fiambalá, la empresa reconoció todas las irregularidades, reincorporó a cuatro de los nueve empleados que habían sido cesanteados y se comprometió a regularizar el sistema de turnos y horarios de trabajo en un plazo de 90 días. El Gobierno logró acordar reuniones mensuales para fiscalizar el cumplimiento del acuerdo.

El Gobierno informó que se logró un acuerdo para la reincorporación, a partir de febrero, de cuatro de los nueve trabajadores que habían sido desvinculados en lo que fue el inicio del conflicto. Del resto, según pudo conocer El Ancasti, había cuatro que estaban en período de prueba y un quinto cuyo despido estuvo justificado. Durante las negociaciones entre el gremio y la empresa, supervisadas por las autoridades del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, también se logró un consenso sobre el horario laboral.

“Se convino que la empresa adaptará la jornada de todo el proyecto a lo que establece la normativa vigente para la actividad minera. Además, ambas partes se comprometen a organizar reuniones mensuales con la presencia del gremio para analizar la situación de los trabajadores y el sistema de compensaciones y premios”, informaron.

En la audiencia pasada, del viernes último, la empresa aclaró que no existe régimen de horas extras ni se aplican exigencias al respecto, e indicó que “quienes las hayan realizado por su voluntad tendrán devolución horaria o bien serán pagadas”.

Respecto de la discusión por la aplicación del roster minero, acordaron que en un plazo que no podrá excederse del 30 de abril, “se regularizará el cumplimiento del sistema roster 1x1 conforme a lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de la actividad minera”. De esta manera, la firma reconoce que hasta el momento estaba incumpliendo las normas. “Finalmente, en el diálogo de conciliación, ambas partes se comprometieron a elevar para homologación el proyecto de Convenio Empresa en un plazo máximo de 90 días”, detalló el Ejecutivo en el comunicado.

El secretario general de AOMA Catamarca, Gustavo Molina, destacó la restitución de los trabajadores despedidos y subrayó “la importancia de abrir el diálogo con la empresa para trabajar en un nuevo régimen y metodología laboral, principalmente para seguir generando fuentes de trabajo”. En la primera audiencia, la empresa había expresado su conformidad “con el cumplimiento de los objetivos a nivel local” y adelantó su predisposición para alcanzar acuerdos.

"La empresa tiene la máxima intención de diálogo y a respetar las reglas que establece la normativa vigente para la actividad minera. Estamos muy conformes con el camino establecido para que los resultados sean propicios a los resultados esperados. Trabajamos de la mano del Gobierno de Catamarca y de nuestras operarias y operarios para que la experiencia del proyecto sea una buena oportunidad de desarrollo”, remarcaron desde el área de Recursos Humanos de la firma.

De esta manera, concluye por el momento el conflicto que se inició a principios de mes, cuando AOMA y familiares de los trabajadores despedidos iniciaron una pueblada en el ingreso a la planta de Zijin-Liex.

Además de las reincorporaciones, los empleados denunciaron una serie de maltratos y malas condiciones de trabajo, entre las que se destacaba la inexistencia del sistema de roster, un punto clave en el resto de los emprendimientos mineros activos en la provincia. Los despidos se habían conocido días después de que algunos de los empleados participaran de una reunión con la Municipalidad de Fiambalá, en oportunidad en que la nueva gestión comunicó sus intenciones de crear un área específica para controlar más activamente la actividad minera.

El conflicto escaló a tal punto que el intendente Raúl Úsqueda en persona junto a personal de la Policía Minera del Ministerio de Minería se presentaron en la planta de la empresa litífera y el personal les prohibió el ingreso, por lo que debieron acceder mediante el uso de la fuerza pública. En esa oportunidad, los inspectores de Minería advirtieron sobre una serie de incumplimientos y “faltas de respeto” de los representantes de la empresa; y expresaron que la situación “podría ameritar sanciones”.

Fuente: El Ancasti