Se espera que en ese marco, los gobernadores se pronuncien enfáticamente en rechazo a los intentos de nacionalización del litio, proyecto de ley que desde Salta, Jujuy y Catamarca dan por descartado. Además, las provincias y la titular de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, planean avanzar en un proyecto de ley para presentar en junio en el Congreso para industrializar el mineral.

De este modo, desde la Mesa del Litio esperan terminar este mes, un proyecto de ley para presentar en el Congreso y avanzar sobre la industrialización y agregado de valor al mineral.

Cabe recordar que los tres mandatarios, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Gerardo Morales de Salta, Catamarca y Jujuy respectivamente vienen de cuestionar en el evento de Arminera, los intentos para crear una OPEP del litio con Chile y Bolivia.

En la reunión que les depara en Catamarca durante los próximos días, estarán también presentes representantes del gobierno nacional como la Secretaria de Asuntos  Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont y la Secretaria de Minería, Fernanda Ávila.

La agenda de la reunión de la Mesa del Litio pasará también por el seguimiento de los trabajos técnicos que realizan las comisiones y sobre la propuesta de las provincias litíferas para industrializar el mineral en el país. La idea es crear una cuota para que una parte de la producción de litio local, que iría del 5% al 20%, se quede en el país con el objetivo de desarrollar baterías para vehículos eléctricos. Las provincias quieren coordinar este desarrollo con la industria automotriz instalada en el país.

También se evalúan mecanismos para definir su precio preferencial y garantizar adjudicaciones transparentes.

El nivel de la cuota, el eje de la discusión

Se trata de uno de los capítulos más importantes de la normativa ya que crea una cuota para su comercialización en el mercado interno y a un precio preferente. Esta cuota regirá “siempre y cuando haya demanda local”.

Uno de los grandes puntos sin consenso todavía en el marco de la redacción del proyecto de ley de industrialización de litio es el nivel de la cuota para el mercado interno. Podría comenzar en un 5% de la producción nacional destinada a su industrialización en el país. Pero este nivel todavía sigue en discusión.

Lo que se busca definir es cómo será la institucionalización del comercio de la cuota local. Este es un punto que la estrategia argentina del litio tendría en común con la normativa aprobada en Chile.

Diferencias y similitudes con la legislación chilena

En el país trasandino, la agencia estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) concluyó  un proceso de evaluación que se extendió a lo largo de seis meses y por el cual finalmente le otorgó una cuota de 11 mil toneladas anuales de carbonato de litio a precio preferencial a la empresa BYD Chile, que instalará una planta de cátodos y creará 500 empleos. La idea de promover el agregado de valor es lo que comparten Argentina y Chile. Pero lo que resta definir es cómo será en el país, y cómo se gestionará.

Exigieron definiciones del Gobierno Nacional

En el marco de la última visita del Jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, el diputado nacional por Catamarca Rubén Manzi (ARI JxC) realizó un planteo para que el funcionario exprese una definición sobre los proyectos que promueven la nacionalización del litio.

Manzi recordó el ejemplo de Bolivia que tomó la decisión de nacionalizar la explotación del mineral, durante la presidencia de Evo Morales, quien consideraba que el país se iba a convertir en un “centro energético mundial”.

“Lo que le ocurrió a Bolivia es que la explotación del litio se paró totalmente y el Salar de Uyuni, que es una gran reserva que tienen los bolivianos no está dando y no está cerrado económicamente “, advirtió Manzi que recordó las últimas declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que impulsó en Argentina, la idea de declarar al litio como mineral estratégico, y que derivara en proyectos de ley para avanzar en ese sentido. “Necesito saber si usted está en sintonía con la Constitución que defiende la propiedad de las provincias”, señaló.

Fuente: Nuevo Diario