Minería Sustentable
En la última sesión de la Cámara de Diputados ingresó el proyecto de ley para modificar la creación de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), con la incorporación de lo anunciado por el gobernador Raúl Jalil para que un integrante del directorio sea designado a propuesta de la oposición. Actualmente CAMYEN posee más de 120 pedimentos mineros vinculados al litio, cobre y otros minerales, además de ser responsable de la explotación de rodocrosita en Minas Capillitas.
De esta manera, la propuesta del Gobierno es que CAMYEN pase a tener un Directorio compuesto por tres miembros titulares designados por el Ejecutivo, de los cuales dos serán a propuesta del propio Ejecutivo y uno “a propuesta del partido político de la oposición con mayoría de miembros en ambas cámaras del Poder Legislativo”. Además, incorpora un párrafo en el que aclara que “los directores se consideran funcionarios públicos fuera de nivel, por lo que la designación en el Directorio no implica la creación de una relación laboral de dependencia”.
Por otra parte, establece que el Ejecutivo deberá designar entre los miembros del Directorio quién cumplirá el rol de presidente de CAMYEN y quiénes serán vocales. Luego será el propio Directorio el que establezca quién reemplazará al presidente de la empresa en caso de impedimento, ausencia o excusación. Este cambio implica una modificación del organigrama actual de la empresa, que tiene una presidenta (Susana Peralta), una vicepresidenta (Natalia Dusso) y un vocal (Rodrigo Carrizo).
El sistema de participación de la oposición en el Directorio de CAMYN se propone como idéntico al que existe en la Caja de Crédito de la Municipalidad de la Capital, organismo que empezó a funcionar como tal en la gestión de Raúl Jalil como intendente.
“El fundamento principal que inspira esta modificación es el hecho de permitir una mayor transparencia en las actividades desarrolladas por CAMYEN. La participación activa de la oposición en el Directorio permitirá el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad, observando el debido cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias”, explicó el Ejecutivo en el proyecto que remitió a la Cámara baja.
Fuente: El Ancasti
