El atractivo que presenta Salta para las inversiones mineras, tanto por su riqueza en minerales como por su seguridad jurídica, se ve reflejado en las convocatorias que se habilitan para explorar y explotar áreas que tienen potencial geológico para su desarrollo, en las que se presentan centenares de interesados, sobre todo en lo que tiene que ver con el litio.

"Hemos llegado a tener más de 100 presentaciones por un área minera que se declaró vacante", reveló a El Tribuno la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, quien es la autoridad en la Provincia para la concesión de los yacimientos.

Ese interés en los minerales salteños también se traduce en la cantidad de proyectos mineros que ya están avanzados. De los 119 proyectos de explotación que existen en Argentina, Salta tiene 23 en cartera. Es el segundo distrito del país, después de San Juan (que tiene 30), con mayor cantidad de minas en desarrollo.

Salta es la única provincia que tiene un sistema de concesión judicial de las áreas mineras, que son de propiedad estatal.

"La actividad se ha multiplicado, eso se ve. El crecimiento es exponencial. Yo estoy a cargo del juzgado hace cuatro años y la misma gente que trabaja hace muchos años en el juzgado te dice que antes no era este volumen de trabajo, ni por casualidad", describió la jueza Mosmann.

En el sistema de adjudicación de áreas mineras, la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa) tiene un privilegio. Desde la modificación del artículo N° 29 del Código de Procedimiento Minero de la Provincia, en 2014, se establece que previo a la publicación en el boletín oficial de las minas vacantes o caducas, se corra vista a Remsa por el plazo de 120 días hábiles a fin de que determine si va a someter dicha mina a zona de investigación.

Bajo esa facultad, es que Remsa convoca, mediante licitación pública, a las empresas interesadas en desarrollar algún yacimiento. En lo que va del año, la empresa estatal ya lanzó cuatro licitaciones. La última se habilitó a fines de abril pasado y es para el estudio, prospección, exploración y eventual explotación en 30 mil hectáreas del Salar de Arizaro, en la Puna salteña.

Las ofertas para esa convocatoria se recibirán hasta el 24 de julio y el pliego para participar de la licitación cuesta $5 millones.

Procedimiento

Una mina es declarada vacante cuando el dueño de los derechos legales no cumple con los requisitos de pago de canon, presentación de informes ambientales o presentación de planes de inversión.

Para que Remsa pueda adquirir propiedades mineras debe presentar la solicitud correspondiente siguiendo el mismo procedimiento que cualquier otra compañía minera y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra compañía de este rubro.

"El sistema de concesión minera, es un sistema de concesión legal, con lo cual cuando alguien cumple con los requisitos legales no hay ningún grado de discrecionalidad por parte del juzgado. El juzgado no puede decidir si otorgar la concesión a uno sí u otro no", aclaró la titular del Juzgado de Minas de Salta.

Una de las mayores tareas de ese organismo judicial es el control de las condiciones legales para mantener la concesión de una mina, lo que se denomina el amparo minero.

"Si el amparo minero continúa, se lleva adelante y se cumple con todos los recaudos legales, la empresa sostiene la concesión y puede avanzar en las distintas etapas de la producción minera (prospección, exploración y explotación)", dijo la magistrada.

Fuente: El Tribuno