
Con el RIGI en marcha, los empresarios dicen que la actual ley de protección de glaciares impide las inversiones. El Secretario de Minería apoya la idea diciendo que "los glaciares no tienen una relevancia crucial como reservas hídricas".


En el gobierno hay inquietud por los alcances. Hoy habrá plenario de comisiones en el Congreso.
Legales23/09/2022
Minería Sustentable


El gobierno local y sectores empresariales están en estado de alerta ante el intento de sancionar una Ley de Protección de los Humedales que podría afectar la actividad minera. Industriales locales aprovecharán hoy un encuentro a las 13 con el ministro de Economía, Sergio Massa, para pedir un freno a la iniciativa legislativa. A su vez el diputado del Frente de Todos, Walberto Allende, que preside la comisión de Minería, se encargará durante la mañana de la defensa del sector, en el plenario de comisiones que habrá en la Cámara de Diputados del Congreso para impulsar el proyecto. Allí se anuncian movilizaciones de ambientalistas.
El sanjuanino Hugo Goransky, que está dentro de la Comisión Nacional de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde precisamente coordina el comité ejecutivo con la mesa minera, será el encargado de exponer ante Massa los peligros que puede acarrear una legislación tan amplia, en los proyectos mineros en actividad como en los futuros, en provincias como San Juan. El industrial anticipó que le pedirá al ministro 'respetar el federalismo y las autonomías provinciales', bajo el principio de que 'la Nación debe decir qué es lo que hay que cuidar, y las provincias, que son dueñas de los recursos hídricos, cómo hacerlo, respetando el medio ambiente y la sustentabilidad'. Añadió que insistirá en que ''cada región tiene sus características, no se puede legislar en forma amplia ya que generaría muchos problemas y no solucionaría la problemática que hay en relación a los incendios''. También expondrá a la autoridad nacional el documento contra esa ley que emitió la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a nivel nacional a todas las empresas y proveedores de empresarios mineros. La CAEM forma parte de la UIA y la vicepresidencia de la misma está en manos de la Cámara minera de San Juan.
Por su parte, el diputado oficialista Allende anticipó que junto a diputados de Catamarca, Salta y Santa Cruz, entre otras provincias mineras, intentarán corregir en la mañana de hoy los distintos artículos que pueden terminar complicando la actividad. Al referirse al tema en una entrevista en el programa radial Demasiada Información, el legislador se mostró molesto por "la pasividad" de las cámaras mineras locales que no se han comunicado con los legisladores nacionales, ni han salido a hacer declaraciones públicas en defensa de la actividad. Dijo que la excepción son la Cámara Minera de San Juan y las entidades de proveedores Casemi y Caprimsa, pero aclaró que hay ''cerca de 15 cámaras en la provincia que sólo están dirimiendo problemas sectoriales, pero no es este el sentido de esos grupos'. El legislador destacó que sí se ha estado trabajando y analizando el texto unificado del proyecto de Ley de Humedales con el Ministro de minería local, Carlos Astudillo, con empresas mineras y con especialistas de la Universidad Nacional de San Juan.
La ley de humedales está siendo impulsada para prevenir los incendios en los Esteros del Iberá. Pero al sancionarse para todo el país, y establecer parámetros sobre qué actividades productivas se pueden hacer y cuáles no en cada área donde funciona el ecosistema del humedal, paralizaría la actividad minera. La ley fue rechazada en años anteriores pero ahora viene con mayores probabilidades de sancionarse. El Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por provincias y el Estado nacional, planteó que ''no es conveniente para el país'' la aprobación de una ley al respecto. El titular de la Cámara Minera, Mario Hernández, dijo que la posición del empresariado sanjuanino del sector quedó plasmada en el documento de CAEM que la UIA presentará hoy a Massa. Allí se indican los puntos controvertidos que pueden afectar la actividad minera (ver recuadro). Por su parte, Carcamo, desde Casemi, dijo que sus integrantes adhieren al comunicado de CAEM, relacionado con la Ley de Humedales, ''considerando y otorgando a esta institución el valor profesional y técnico para expedirse sobre el tema''.
Empresas mineras
El extenso documento elaborado por CAEM destaca que la protección de los humedales ''debe encontrarse en armonía y en equilibrada convivencia con las actividades productivas respetuosas del ambiente, con la finalidad de garantizar un desarrollo sustentable en todo el país''. También destaca que muchos de los proyectos mineros se desarrollan en zonas aisladas, donde existen humedales, o vegas o ambientes asimilables a humedales, y que ''una incorrecta definición de los alcances de la eventual ley'', podría impedir el desarrollo de los mismos. Indica que la industria minera constantemente, mediante evaluaciones de impacto ambiental y monitoreos posteriores, 'procura no afectar al ambiente'. Además, que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de evaluación y aprobación de sus informes de impacto ambiental, con lo cual la legislación actual ya impide que provoque daños al ambiente. El documento destaca que la minería es una de las industrias con mayor monitoreo y control, y que hasta tiene una Ley Ambiental propia de la actividad (Ley de Protección Ambiental 24.585). ''Queremos ser escuchados previamente a que se tomen decisiones'', reclaman.
Fuente: diariodecuyo.com.ar

Con el RIGI en marcha, los empresarios dicen que la actual ley de protección de glaciares impide las inversiones. El Secretario de Minería apoya la idea diciendo que "los glaciares no tienen una relevancia crucial como reservas hídricas".

Argentina y Chile tienen un tratado desde la década de los '90 que cobra fuerza e la era del cobre. Hay proyectos conjuntos que se amplían. Qué implica y cómo se ejecuta.

Argentina creó un Comité Evaluador de proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en la Ley de Bases con el propósito de otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las empresas que quieran invertir en el país.

Los legisladores aprobaron la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ahora el Ejecutivo debe promulgar la ley.

La Legislatura sancionó una ley para refrendar el acuerdo suscripto entre las provincia.

Salta se suma al régimen de incentivos por inversiones de U$S 200 millones, y a su vez, tomó la potestad para subir las regalías mineras hasta el 5% en proyectos nuevos.











El Registro de Proveedores Mineros cerró 2025 con 197 inscriptos, consolidando la participación de empresas locales en la cadena minera, mientras que la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera recertificó por 14 años consecutivos la Norma IRAM–ISO 9001:2025 en sus procesos de control ambiental.

El Gobierno provincial presentó su balance de gestión 2025 y ratificó el orden de las cuentas públicas. En ese marco, destacó el avance de los proyectos de litio y cobre como motores de inversión, empleo y desarrollo productivo.

La suba de precios internacionales explicó el salto de las ventas externas en 2025, con exportaciones cercanas a los US$6000 millones y un aporte neto de divisas en máximos; litio y cobre, los negocios que vienen.

Está destinado a empresas de exploración de San Juan que quieran participar en el marco de la Prospectors & Developers Association of Canada y hay tiempo hasta el 31 de enero para presentar propuestas.

El auge de la construcción de centros de datos en China y en todo el mundo ha impulsado la demanda de litio para almacenamiento de energía.



