Esta vez fue por el pedido de ratificación del Gobierno al acuerdo marco que firmaron en mayo del 2021 los mandatarios Raúl Jalil y Gustavo Sáenz sobre “la facilitación y fomento de proyecto minero”.

En otras palabras, esto posibilita a la empresa Posco a operar el proyecto Sal de Vida el cual se encuentra en la zona donde Catamarca y Salta tienen un conflicto por los límites.

La presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero (FT) fue la miembro informante. Dijo que “la situación de limites genera que una zona muy rica en litio, como es la puna, obstaculice el desarrollo minero si las provincias no buscaban la manera de ponerse de acuerdo, de allí surgió este acuerdo marco por el cual se procura que en la zona de conflicto ambas provincias puedan actuar conjuntamente sin que signifique resignar las pretensiones de Catamarca y Salta sobre sus reivindicaciones territoriales”.

La postura que tomó la oposición esta vez fue conjunta: el rechazo. Con críticas al manejo sobre la cuestión minera del Gobierno -se insistió que no es política de Estado sino de Gobierno-, Alfredo Marchioli rechazó que se trate de un acuerdo marco y dijo que se estaban “entregando recursos” a Salta.  “El acuerdo indica que la mitad de los recursos irán para Catamarca y la mitad a Salta, es una desproporción en lo que hace a los aportes” se sumó Luis Lobo Vergara.

Algo similar planteó la radical Silvana Carrizo. “Entregamos la mitad de nuestros recursos naturales, Posco anuncio la inversión para construir una planta en Salta que generará 2000 empleos los cuales son para salteños” alegó. Por su parte, Enrique Cesarini señaló que “le damos el 50% por ciento a Salta por una división conjunta cuando claramente no lo es”.

“Hasta tanto se resuelva la cuestión limítrofe debemos obtener lo mejor que se pueda para Catamarca” defendió los embates Augusto Barros (FT) mientras que Guerrero precisó: “Las pertenencias mineras están inscriptas en ambos Catastros Mineros lo que significa que, aunque estén en nuestro territorio, Salta puede otorgar los permisos y las empresas avanzarían con los proyectos sin dar participación a Catamarca”.

Fuente: El Esquiú