Aportes del CES al plan de desarrollo minero de Salta

Salió el dictamen del Consejo Económico Social sobre el proyecto estratégico de desarrollo. Una comisión analizó los diez ejes del programa, que será analizado por la Legislatura.
01

Luego de un intenso trabajo de análisis que comenzó en diciembre del año pasado, hace unos días los miembros de la comisión de minería del Consejo Económico Social (CES) de Salta emitieron un dictamen sobre el Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable. El proyecto, que tiene pautas con vistas a 2030, ahora deberá ser tratado por la Legislatura provincial para convertirlo en ley.

La comisión de minería del CES estuvo integrada por 22 instituciones, que, con diferentes miradas, hicieron sus aportes sobre el plan. Durante las reuniones de estudio (que se realizaron una vez por semana, a excepción de enero) también fueron invitados especialistas y profesionales de áreas académicas y gubernamentales.

El plan minero contiene diez ejes: de educación, modernización del Estado, infraestructura, articulación público-privada, marco jurídico, promoción de la actividad productiva y desarrollo tecnológico local, sustentabilidad de la actividad, control y participación social; promoción de inversiones, energías renovables y minería inclusiva. En cada tema se consignan objetivos e iniciativas a cumplir durante los próximos ocho años, en línea con la planificación estratégica institucional, ambiental, social y económica que plantea el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, también definido por el CES.

En resumen, la política del programa, según consigna en el documento, es: "Lograr un desarrollo sustentable de la minería en la provincia de Salta, con generación de puestos de trabajo y mejor calidad de vida para sus habitantes. Brindar un marco de seguridad jurídica, un estado moderno con información confiable, captar inversiones nacionales y extranjeras, propiciar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la región y de la actividad, mantener una política activa de comunicación de la actividad, fortalecer la institucionalidad y la articulación público-privada".

De acuerdo a la previsiones oficiales, los proyectos mineros en cartera más cercanos de la provincia pueden permitir la creación de 18.500 puestos de trabajos, entre directos e indirectos, en los próximos diez años.

Punto por punto

Sobre el eje estratégico de la educación, fueron numerosos los aportes de la comisión minera. Como primera observación destacaron la "necesidad de educar a la población en general sobre qué es, qué busca, aporta, cómo se desarrolla y opera en la actualidad la minería". Remarcaron que "existe mucha desinformación y en general suele ser calificada como una actividad netamente contaminante, por lo que alcanzar el tercer objetivo específico (sensibilizar a la población en general sobre la minería) es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo pleno de la actividad minera".

Los aportes en materia educativa quedaron así: fortalecimiento de la educación universitaria in situ, con orientación a la actividad minera; dictado de cursos de capacitación en las distintas comunidades originarias; promover el trabajo y compromiso del sector para las prácticas profesionalizantes y experiencia laboral; desarrollo de una app/sitio web que unifique la oferta y demanda laboral del sector minero; creación de un centro de formación y capacitación minero; capacitación a las comunidades originarias sobre temas específicos de gestión ambiental y su aplicación en minería; programas de finalización del secundario con formación profesional para jóvenes y adultos, y promover la capacitación de mujeres y colectivos LGBTIQ para su inserción laboral en el medio.

En el eje de modernización del Estado (que observa temas como los registros mineros, registro de proveedores locales de empresas mineras, controles sobre contratación y obligaciones de las empresas mineras, entre otros) uno de los planteos fue institucionalizar la mesas de diálogos que ya desarrolla la Secretaría de Minería de la Provincia entre los diferentes actores que se ven involucrados en los proyectos mineros.

El eje de infraestructura es uno de los más largos en el plan minero. Por ser un eje transversal, durante la etapa de análisis se trató el estado de la conexión vial, ferroviaria, telecomunicaciones, provisión de internet, agua, gas, energía eléctrica y planificación en general (viviendas, definición de zonas urbanas, productivas y de comercialización).

Uno de los aportes más destacados es desarrollar un ordenamiento territorial participativo de los departamentos Los Andes y La Poma.

Entre los objetivos para el eje de articulación público privado se plantea, entre otras cosas, la institucionalización de la mesa provincial minera, generar redes de vinculación, transformación de conocimiento y desarrollo de encadenamiento productivo entre universidades y empresas mineras y promover la instalación de oficinas de los proyectos mineros que se encuentren en estado avanzado.

Como novedad, en el eje del marco jurídico se propone promover la actualización del Código de Minería Nacional y realizar un “trabajo articulado con los municipios para lograr una razonabilidad y proporcionalidad en las diferentes tasas impuestas a la actividad minera”.

En el tema de la promoción de la actividad productiva y desarrollo tecnológico local los objetivos y sugerencias son más bien generales, como la “implantación de una política provincial para el desarrollo de proveedores locales”, e “impulsar la industria local a través de la creación de una cadena de valor sólida que incluya proveedores mineros”.

En el eje de sustentabilidad de la actividad, control y participación social, las iniciativas principales propuestas son fortalecer la fiscalización y control ambiental a través de actualizaciones regulatorias y aumentar los recursos financieros para la actividad de control de los organismos del Estado.

Una de las propuestas para el eje de promoción de inversiones fue que el plan consigne un punto para incentivar instancias de coordinación y cooperación entre las provincias cordilleranas del NOA para las distintas políticas que se puedan aplicar en materia de promoción de inversiones. “Instando, además, a que formen parte de esta iniciativa no solo los gobiernos de las provincias de la región, sino también las empresas privadas”, sugirieron en el dictamen.

En el tema de energías renovables se hizo hincapié en la construcción de una red de alta tensión en la zona de la Puna, para aprovechar los excedentes de energía que pueden generar las mineras que cuenten con parques fotovoltaicos para abastecerse. Por cierto, ese es un punto sobre el que se está avanzando en la empresa estatal Remsa.

En el último eje sobre minería inclusiva se resaltó que más allá de las acciones para incluir sin discriminación a todas las personas en la actividad minera, se contemple también estrategias para abordar problemáticas sociales complejas que afectan a la población de la zona, tales como adicciones, embarazo adolescente y violencia de genero, a los fines de promover su inclusión.

Participantes

Las instituciones que conformaron la comisión de minería fueron el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, la Unión Obrera de la Construcción, Cámara de Proveedores Mineros de Salta, la Unión Industrial de Salta, Comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, Cámara de Comercio e Industria de Metán, Cámara de Minería de Salta, Cámara Pymes de Salta, Asociación Ragone, Universidad Nacional de Salta, Universidad Católica de Salta, Cámara de Proveedores de la Puna, Fundación de Salta, Consejo Provincial de Pastores Salta, Colegio de Abogados de Salta, Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, Confederación General de Trabajadores, Asociación Obrera Minera Argentina, Comunidad Originaria de Tolar Grande, Comunidad Originaria de San Antonio de los Cobres, Comunidad Originaria de Pocitos y el Arzobispado de Salta.

Los objetivos en obras

En la revisión del plan de desarrollo minero por parte del Consejo Económico Social, uno de los ejes sobre el que se hizo mayor hincapié fue el de infraestructura, al que se agregaron varios puntos con respecto a la versión original del programa.

El ítem sobre las obras quedó conformado con los siguientes objetivos: desarrollo de un ordenamiento territorial participativo de los departamentos Los Andes y La Poma; previsión de desafectación de terrenos fiscales o traspaso al municipio, con el fin de facilitar la adquisición de terrenos por parte de privados para la construcción de viviendas y emprendimientos comerciales; pavimentación de la ruta nacional 51, ruta de conexión de los Valles Calchaquíes a la Puna; pavimentación y mantenimiento permanente de las rutas provinciales 17, 27, 163 y 129; obras de arte, consolidación y señalización en rutas provinciales; señalización y control de caminos y rutas/administración de tránsito en trochas angostas; planificación y promoción para la instalación de áreas de servicios; potenciación de la red ferroviaria; nodo logístico de transferencia multimodal en la Puna con acceso a la red de ferrocarriles; desarrollo del sistema de alta tensión en la Puna (sistema de transporte de 132 kW y distribución de 33 kW) e interconexión del sistema de 345 kW; sustituir la electrificación de generación aislada por la conexión al sistema interconectado de red en las comunidades de la Puna; gasoducto para el abastecimiento de los proyectos mineros y conexiones domiciliarias; instalación de hospital, puestos sanitarios y policiales, equipados y con personal suficiente, en las comunidades de mayor densidad poblacional y en cercanías de los proyectos avanzados; garantizar la conectividad en toda la zona; planificación de la disposición de los residuos sólidos generados en las operaciones; coordinar con los municipios los aspectos relacionados con la seguridad vial y playas con servicios; garantizar la provisión de agua y cloacas para las comunidades aledañas a los proyectos mineros; pista de aterrizaje y proyectar una ruta de circunvalación para camiones en Campo Quijano.

Te puede interesar