Durante su exposición en el evento que organizó El Tribuno “Hablemos de lo que viene: Minería SLA”, Carlos Ramos, uno de los directivos de la empresa que está a cargo del proyecto de cobre Taca Taca, dejó algunas precisiones sobre la potencialidad económica de ese emprendimiento en la Puna salteña. Dijo que de concretarse la construcción de la mina, en sus 32 años de vida útil, podría pagar 12.200 millones de dólares sólo en impuestos.

“First Quantum (la compañía candadiense adjudicataria del yacimiento cuprífero) mostró un cálculo de los impuestos que pagaría Taca Taca en toda su vida. Sin contar retenciones, serían US$12.200 millones, entre nacionales, provinciales y municipales”, dijo la semana pasada Ramos, presidente de la subsidiaria Corriente Argentina.

Aclaró que de acuerdo a datos del Ministerio de la Producción, el 83% de esos impuestos corresponde al Estado nacional y el otro 17% son cargas provinciales y municipales.

El detalle que brindó el empresario, quien también es presidente de la Cámara de Minería de Salta, derivó de un reclamo que presentó por el esquema de retenciones móviles que el Gobierno nacional evalúa imponer para las exportación de cobre.

“El cobre tiene una retención del 4,5%, aunque no produzcamos cobre (lo que se exporta es un concentrado)”, señaló Ramos. 

“Participé de negociaciones con el Gobierno nacional y lo ideal para la empresa hubiera sido cero retenciones”, aclaró.

“El gobierno está con un proyecto de llevar las retenciones progresivamente a un tope del 8% y el problema es que quienes van a dar los préstamos, los bancos, hacen los números para pagar al 8% aunque se trate de un esquema progresivo”, agregó.

La compañía a cargo de Taca Taca plantea cuatro puntos a la administración central para poder desbloquear la puesta en marcha del emprendimiento minero que podría cambiar la sombría realidad productiva de Salta. Las peticiones tienen que ver con las restricciones cambiarias, el IVA que se aplica a la construcción, la estabilidad fiscal y las retenciones a las exportaciones.

Fuente: El Tribuno