Minería Sustentable
Argentina busca sumar al uranio a la nueva ola de inversiones mineras impulsadas por el RIGI. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) analiza propuestas de empresas de Canadá y Estados Unidos para desarrollar yacimientos destinados a la exportación, en un negocio que podría generar ingresos por unos u$s 500 millones anuales.
Los inversores aspiran a ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y buscan acceder a los principales yacimientos de uranio que permanecen bajo titularidad de la CNEA: Cerro Solo, en Chubut, y Sierra Pintada, en Mendoza.
"Tenemos dos proyectos de inversión para extraer uranio en el yacimiento Cerro Solo, en Chubut, y otros dos para Sierra Pintada, en Mendoza. Son empresas canadienses y estadounidenses, incluso alguna que ya opera en otros segmentos de la minería argentina", explicaron a Letra P fuentes de la CNEA.
Cerro Solo concentra unas 8000 toneladas de uranio identificadas y requiere una inversión inicial cercana a u$s 15 millones para completar la etapa de prefactibilidad, destinada a validar técnica y económicamente el recurso antes de su desarrollo.
Además, la CNEA administra otros dos yacimientos de menor escala: Laguna Colorada, en Chubut, y Don Otto, en Salta, que también podrían formar parte de futuros procesos de licitación.
La actual legislación -ley 19.919- indica que la producción nacional de uranio debe abastecer el consumo interno del mineral, lo que implica garantizar 220 toneladas de uranio como combustible para las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I-II y Embalse, que utilizan uranio natural. Actualmente, el gobierno, importa el mineral desde Kazajistán.
Argentina no tiene identificadas fehacientemente las reservas de uranio con las que cuenta. El plan oficial espera que el capital privado aporte también en ese sentido. Fuentes gubernamentales advierten que en la cuenca del golfo San Jorge, que integra el sur de Chubut con el norte de Santa Cruz, se encuentra el mayor depósito de uranio del país.
También la CNEA confirmó presencia de mineral de uranio en sectores de la Sierra de Velasco, en La Rioja, pero no se determinó la existencia de reservas explotables económicamente. En ese contexto, las fuentes indican que Argentina tiene 35.000 toneladas de uranio verificables y recuperables, y entre 100.000 y 200.000 toneladas de reservas de uranio aún sin identificar.
Con todo, Argentina quedaría bastante por debajo de las potencias uraníferas mundiales. El ranking es liderado por Australia y le siguen Kazajistán, Canadá, Rusia, Namibia, Níger, Sudáfrica y China.
La CNEA es titular del yacimiento mendocino de Sierra Pintada, que tiene recursos probados de 10.000 toneladas de uranio. Está considerado el mayor yacimiento de ese mineral en Argentina. Entre 1975 y 1997 se extrajeron de allí 1600 toneladas.
Según las estimaciones del sector minero, la inversión inicial aproximada para volver a extraer uranio debe ser de unos u$s 500 millones. La cifra incluye también los trabajos para remediar todo el yacimiento y avanzar en la explotación.
La administración nacional está coordinando con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, el trabajo para conseguir la licencia social o confianza de la comunidad para reactivar la minería de uranio en la provincia. El primer paso es asegurar la remediación ambiental del yacimiento que dejó de operar en 1997.
En Mendoza rige la ley 7722 que prohíbe usar ácido sulfúrico para extraer uranio. El uso de otras técnicas genera que baje la eficiencia de la extracción y, por ende, se producen mayores costos y dan menor rentabilidad. En el pasado, en el Complejo Minero Fabril San Rafael se utilizó minería a cielo abierto con pilas de lixiviación con ácido sulfúrico.
Entre los yacimientos concesionados a privados se cuentan, Ivana, en Río Negro, cuyo dueño es Eduardo Eurnekian; Laguna Salada en Chubut, controlado por la empresa Jaguar Uranium Corp.; y Meseta Central, también en Chubut, controlada por Ur-América Ltd.
El proyecto Ivana, un yacimiento de uranio y vanadio en la localidad rionegrina de Valcheta, en el sur provincial, lo opera la minera canadiense Blue Sky Uranium en alianza con Corporación América. Es el proyecto de uranio más grande del país, con el mineral desde la superficie hasta los 25 metros de profundidad, y es apto para métodos de minería superficial de costos de extracción bajos. Además es el más avanzado y en menos de cinco años podría estar operativo.
La CNEA también trabaja en Chubut con el gobierno de Ignacio Torres, a fin de lograr el consenso político que permita reglamentar el artículo 2 de la ley provincial 5001 que, en general, prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
El artículo segundo de esa normativa establece que el Consejo Provincial del Ambiente (Copram) debe encargarse de determinar la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros donde se pueda exceptuar la prohibición que establece el artículo primero de la ley.
“Tenemos que abrir las puertas a la comunidad para que se entienda que vamos a respetar la normativa vigente”, explicaron desde el gobierno, que apuesta a la vuelta de la minería de uranio en el marco de que se prevé que en 2040, se duplique la demanda mundial de uranio.
Desde la salida de Demian Reidel, con denuncias de corrupción incluidas, el peso del rediseño del plan nuclear de la administración libertaria recayó en el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, un joven abogado que depende de Toto Caputo y responde al asesor Santiago Caputo.
