Chile firmó este viernes el primer Contrato Especial de Operación de Litio (Ceol) para la explotación de tres salares en el norte del país, que será desarrollada junto a la minera anglo-australiana Rio Tinto.

Chile es el segundo productor mundial de litio. Tiene una de las mayores reservas mundiales de este mineral clave para la transición energética usado para la fabricación de baterías de autos eléctricos y artículos electrónicos.

Con la firma del proyecto Salares Altoandinos, la Empresa Nacional de Minería (Enami) concreta su alianza con Rio Tinto, que tendrá una participación del 51%, se anunció en la ceremonia en el palacio presidencial de La Moneda.

“Le estamos dando una buena noticia al país”, dijo el presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional del Litio para ampliar la producción nacional de este metal.

El proyecto comprende la explotación de tres salares: Aguilar, La Isla y Grande, en la región de Atacama, a unos 800 km al norte de Santiago.

Considerado el segundo mayor grupo minero mundial, Rio Tinto invertirá unos US$3425 millones, según Enami.

Es la segunda asociación de esta minera en Chile para explotar litio, tras el acuerdo que cerró con la cuprífera estatal Codelco para trabajar en Maricunga, el salar con la segunda mayor concentración de litio conocida en el mundo.

El primer lugar lo tiene el salar de Atacama, también en el norte chileno, donde se extrae todo el litio que hoy exporta el país.

Enami espera que el proyecto Salares Altoandinos entre en operaciones en 2032 y extraiga hasta 75.000 toneladas al año de carbonato de litio.

Será diseñado con tecnología de extracción directa, diferente a la de evaporación en piscinas de salmuera que se usa hoy en la mayoría de los salares.

Con esta nueva tecnología se utilizará apenas el 1% del terreno del que requiere la técnica tradicional.

También usará mucha menos agua: 38 metros cúbicos por tonelada contra los entre 2000 y 1300 m3 por tonelada antes, detalló Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de Enami.

Fuente: La Nación