¿Cuál es la principal preocupación de CAPEMISA en este momento respecto al Compre Local?

Nuestra mayor preocupación es que no se está cumpliendo de manera real y efectiva con la normativa de Compre Local. La ley establece que entre un 40% y un 70% de las compras de cada proyecto minero deben realizarse en la provincia, y ese porcentaje se fija en la Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, lo que vemos es que en muchos casos se utilizan maniobras jurídicas para simular compras locales: por ejemplo, cuando se constituyen UTES donde el socio principal es una empresa foránea y la local tiene un rol secundario, sin capacidad económica ni técnica real. Eso convierte al Compre Local en una pantalla, y no en una herramienta genuina de desarrollo.

¿Qué impacto tienen estas prácticas en la minería y en los proveedores locales?

Lo más grave es que se vulnera el espíritu de la ley y se daña la confianza. La sociedad, las comunidades y los proveedores apoyaron el desarrollo minero porque se entendió que era un motor de empleo y progreso. Ese acuerdo no está escrito en papeles, es lo que llamamos Licencia Social, y se basa en la confianza de que el crecimiento del proyecto también se traducirá en beneficios para la gente de Salta. Cuando eso no se cumple, no solo se afecta a los proveedores, sino que se pone en riesgo la aceptación social de la minería, algo que costó años de construir.

¿Cuál es la situación actual de los proveedores locales asociados a la Cámara?

La realidad es muy preocupante. Según lo que nos manifiestan nuestros socios, hoy están trabajando apenas entre un 35% y un 40% de su capacidad, en el mejor de los casos, y cada mes ese porcentaje cae más. Eso se traduce en reducción de personal, ajuste de gastos y estructuras, y algunas empresas ya nos adelantaron que, si esto no cambia, deberán cerrar antes de fin de año.

Y lo que es más alarmante: las pocas compras que hay en el mercado, en su gran mayoría se adjudican a empresas de afuera, incluso en rubros donde sí existe capacidad, experiencia y hasta en muchos casos mejores precios en Salta.

¿Qué respuesta reciben cuando plantean que los proveedores locales están en condiciones de brindar esos servicios?

Muchas veces se nos dice trata de tecnología que se fabrica afuera, o que se trata de obras que por su complejidad o envergadura no hay capacidad en la provincia. Entendemos que puede haber excepciones puntuales, pero también vemos que en servicios y provisiones donde sí existe esa capacidad instalada, igual se termina contratando a empresas externas. Es decir “siempre hay una explicación” , lo que nos hace pensar que no hay voluntad de priorizar o dar posibilidades a las empresas Salteñas,  eso es lo que no se entiende y lo que genera frustración en el sector.

¿Qué rol está jugando CAPEMISA frente a esta situación?

Desde CAPEMISA no estamos de brazos cruzados. Hemos planteado este tema con firmeza, pero siempre con responsabilidad, porque nuestro objetivo es construir y no destruir. Estamos trabajando junto al Gobierno de Salta para que estas prácticas se revisen, se corrijan y se cumpla con la normativa. No queremos volver a escenarios de conflicto que el sector ya vivió hace años. Queremos seguir aportando al desarrollo de una minería sostenible y con verdadera participación local.

¿Cuál es su mensaje final para las empresas, el Gobierno y la sociedad?

Lo que queremos transmitir es que estamos a tiempo de corregir el rumbo. La minería puede y debe ser un ganar-ganar: una actividad que genere rentabilidad para las empresas, pero también empleo, desarrollo y oportunidades para los proveedores locales y las comunidades. Ese es el verdadero equilibrio que sostiene la Licencia Social, que es tan importante como cualquier permiso formal.

Si logramos mantener ese equilibrio, la minería será un motor de prosperidad para Salta y para Argentina en el largo plazo. Pero si lo perdemos, corremos el riesgo de retroceder. Por eso, hoy más que nunca, debemos apostar al diálogo, al cumplimiento del Compre Local y al trabajo conjunto entre empresas, proveedores, comunidades y Gobierno.