Por Sabrina Pont

Si hay algo que Arminera 2025 dejó en claro es que la minería es, ante todo, una política de Estado de las provincias. El momento más convocante de la feria no fue una presentación técnica ni un anuncio de inversiones, sino el panel en el que ocho gobernadores de distintos signos políticos compartieron escenario, mostraron unidad y ratificaron su compromiso con el desarrollo minero como motor productivo. Fue, quizás, la mejor postal de una industria que se construye desde el territorio.

Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, participaron de un panel denominado “Mano a Mano con las Provincias“, en la previa al acto de Inauguración del evento organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina, que se desarrolló en el Predio de La Rural en la Ciudad de Buenos Aires entre el 20 y el 22 de mayo.

Diferencias

Ese nivel de colaboración entre provincias no se replica en el ámbito privado. Por el contrario, las diferencias entre empresas y cámaras volvieron a quedar expuestas, sobre todo entre los actores más consolidados del sector. El propio presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, lo dijo durante su discurso de cierre: “No podemos seguir diciendo que tenemos un problema de infraestructura. Si seguimos diciendo lo mismo, no vamos a encontrar una solución”. Y agregó, con sutileza, pero firmeza, que “las declaraciones de una empresa no pueden tomarse como posición del sector”. La referencia apuntó a la controversia generada días atrás por el director ejecutivo de Barrick para Sudamérica, Marcelo Álvarez, quien calificó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como insuficiente y desató tensiones internas.

Pero el tema excede lo discursivo: en la misma feria, el Gobierno nacional fue claro: no habrá excepciones ni nuevas ventanas para el RIGI. La aprobación del RIGI para el proyecto de litio Rincón, de Río Tinto, en Salta, marcó el inicio de una nueva etapa para proyectos greenfield, pero cerró la puerta a los pedidos para incluir proyectos maduros que buscan extender la operación actual. Esa decisión afecta directamente a operaciones como Cerro Vanguardia, que tiene previsto su cierre operativo para 2028 y busca prolongar su vida útil con la exploración en el proyecto Michelle.

Reclamos

En ese contexto, Vidal fue uno de los que más claramente expresó las tensiones actuales. “Generamos el 48% de la exportación de oro y plata del país, pero el 80% del Macizo del Deseado sigue inexplorado. Para eso se necesita una definición política del Gobierno nacional”, reclamó. Y agregó: “Ojalá que el secretario (de Minería de la Nación, Luis) Lucero resuelva lo antes posible y tengamos nuevos proyectos en desarrollo en la provincia”.

En un contexto donde el gobierno nacional renunció a liderar la inversión en obra pública, los caminos de diálogo entre provincias y empresas se tornan fundamentales para resolver los cuellos de botella en infraestructura y crear condiciones para el desarrollo.

La infraestructura no es sólo una demanda de los nuevos proyectos mineros. También es una condición clave para aquellas operaciones que se encuentran en fase de cierre y buscan reconvertir su vínculo con el territorio. Santa Cruz Produce pasó por el stand de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), donde el gerente de relaciones institucionales y comunicaciones externas de Cerro Vanguardia, Agustín del Castillo, explicó que, en San Julián, donde Cerro Vanguardia comienza a transitar su etapa final tras casi tres décadas de actividad, “la discusión ya no pasa únicamente por el destino de los trabajadores, sino también por qué alternativas pueden sostener el entramado económico local”.

Luis Lucero, secretario de Minería de Nación destacó el trabajo conjunto con las provincias.

Más alla de la mina

En ese sentido, del Castillo detalló que “iniciativas vinculadas al turismo y a los servicios mineros requieren inversiones específicas —como mejoras en el puerto o la creación de centros de servicios— para evitar que el cierre de la mina se traduzca en un retroceso estructural para la comunidad“. “Para planificar otro entramado productivo, antes que nada, San Julián necesita estar en el interconectado nacional, aún tiene usinas diésel”, advierte el gerente.

La armonía entre las provincias es una señal política que el Gobierno nacional no puede desestimar. Uno de los primeros oradores de Arminera, el secretario de Minería de Nación, Luis Lucero, destacó especialmente el trabajo conjunto con las autoridades provinciales mineras, que vienen acompañando “sin detenerse en cuestiones de políticas partidarias”. “Si seguimos en esta senda, cooperando entre nosotros, tenemos el éxito casi asegurado. No cantemos victoria antes de tiempo, pero vamos bien y este es el camino“, avisó casi como un anticipo de lo que iba a quedar en evidencia con predisposición al diálogo que mostraron los gobernadores.

Fuente: laopinionaustral.com.ar