Por Waldo Chayle

La actividad minera se desarrolla con autorización del gobierno y el cumplimiento de legislación vigente y además deben tener una relación sólida y consensuada con las comunidades aborígenes.

Antes de iniciar cualquier operación minera, las empresas deben tener el consentimiento de estas comunidades. Esto garantiza que las actividades se desarrollen dentro de un marco legal. Por lo tanto, no deberían existir críticas hacia la minería porque se ajusta a estas normativas.

Sin embargo existen cuestiones que no dependen directamente de las empresas mineras. Son los funcionarios, legisladores, y organizaciones no gubernamentales (ong), quienes deben trabajar sobre reclamos recurrentes como la actualización del código minero, los planes del cierre de minas, los glaciares, humedales, regalías, entre otros y son temas que, indudablemente, generan desconfianza en la sociedad, creando un clima de incertidumbre.

En las comunidades aborígenes las discusiones sobre la minería son complejas, deben resolver la cuestión minera entre ellos, porque tienen diferentes criterios, por lo tanto, algunas comunidades apoyan la minería y otras están en desacuerdo. En esa disyuntiva no pueden intervenir el gobierno y las empresas, porque cada comunidad tiene su propio sistema de autogobierno. Tal vez por ese motivo, no es posible explicar algunos interrogantes, por ejemplo ¿por qué no reciben igual beneficio todos los integrantes de la comunidad que trabaja con una minera? Si un comunero adquiere un vehículo nuevo, ¿por qué todos los integrantes no tienen un vehículo nuevo? supuestamente la empresa trabaja con la comunidad y no con cada integrante de la comunidad. Otra pregunta sería ¿por qué no se organizan todas las comunidades de la Puna, para recibir algún porcentaje de dinero ingresante en las comunidades que trabajan con las empresas? la percepción, es de comunidades aborígenes con mucha suerte, otras no y comuneros iluminados. Esto plantea interrogantes sobre si los valores ancestrales de comunidad y equidad han cambiado con el tiempo.

La iglesia católica, desde la época colonial, desempeñó un papel central en la minería, su trabajo era la evangelización y ayuda espiritual a las familias mineras. En cada yacimiento minero existía una iglesia. Algunos jesuitas se dedicaron a la actividad minera en provincias de Argentina y también en otros países, sin embargo el panorama actual es diferente, porque en más de una oportunidad, representantes de la iglesia católica, estuvieron involucrados casi políticamente, en una actividad de decisión política del gobierno, aparecieron manifestando en desacuerdo con la actividad minera y apoyando algunos sectores sociales excluyendo a otros que si están a favor. Se generan dudas, sobre la posición de la iglesia, se puede interpretar como una evolución o un retroceso en la religión católica.

El cambio climático global es un fenómeno que afecta sin distinción de geografía, fauna, flora, entre otros, en este contexto la minería tuvo que adaptarse para minimizar el impacto ambiental con normativas que varían en diferentes países. La reducción de gases de efecto invernadero es una prioridad mundial, y las críticas están centradas en los países desarrollados, por ser responsables de la mayor parte de emisiones de gases. Sin embargo, las empresas mineras multinacionales también tienen responsabilidad, porque mueven grandes industrias y las condiciones para trabajar en minería, en el futuro, serán adversas o imposibles debido al cambio climático. En consecuencia, en las cumbres mundiales, deberían ser incorporadas para la discusión de aportes económicos junto a los países desarrollados.

Fuente: El Tribuno