Ya en el segundo semestre de este año, los proveedores mineros de Salta tenían la certeza de que no iban a poder revertir, por lo menos en el corto plazo, la caída en la actividad que los empezó a afectar desde que el precio del litio inició su curva descendente en 2023 y que se agravó aún más, en clara picada, en 2024. Finalmente (lamentablemente), tenían razón.

Cerraron este año con una merma aproximada del 50% en la cantidad de servicios a las mineras que se dedican a buscar y desarrollar yacimientos de litio en la Puna norteña. La mayoría de esas empresas mermaron y hasta suspendieron sus tareas por el colapso de los valores del mineral esencial para la fabricación de baterías. La excepción fueron y son las compañías que están en proceso de construcción de sus plantas de procesamiento de litio, que son tres, mientras que otra terminó esa etapa en julio pasado.

La línea de tiempo de los precios de referencia internacional del carbonato de litio describen de mejor manera el panorama que afecta a los proveedores. La tonelada de este producto llegó a más de US$80.000 en 2022, comenzó en 2023 una marcada tendencia bajista que llevó a caídas de precios internacionales del 82% hacia principios de 2024. Y en la actualidad, los precios se han recuperado escasamente, con valores que rondan los US$10.000 por tonelada.

Estos números fueron puestos nuevamente sobre la mesa por parte de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (Capemisa) cuyas autoridades se reunieron esta semana con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Martín de los Ríos, y la secretaria de Minería Romina Sassarini.

En esa jornada, que tuvo lugar el martes pasado en el Centro Cívico Grand Bourg, el presidente de Capemisa, Federico Russo, planteó la preocupación de las empresas locales por la baja del nivel de contratación en el sector minero.

Insistió en que el nivel de actividad de los asociados a la cámara, que suman 330, es inferior al 50%.

“Por eso es importante que las compras que se realicen (por parte de las mineras) sean verdaderamente a salteños”, advirtió en referencia a Ley de Promoción Minera de Salta (Nº 8.164), que entre sus pautas obliga a las empresas inversoras a contratar bienes y servicios locales entre un 40% y 70%, de acuerdo a la envergadura y características de los proyectos mineros.

“Tenemos empresarios que hicieron una fuerte inversión, a los que les está costando sostener sus fuentes de empleo”, indicó en tanto, Ricardo Dávalos, vicepresidente de Capemisa.

“Es importante concientizar a los departamentos de compra (de las mineras), porque muchas veces los CEOS (gerentes) están de acuerdo con nosotros, pero operativamente no se concretan algunas decisiones”, agregó.

En la reunión, tanto funcionarios como empresarios coincidieron en que “resulta necesario redoblar los esfuerzos y acciones, sobre todo de cara a un auspicioso 2025 con nuevos anuncios de inversión que se concretarán en el corto y mediano plazo, como Rio Tinto y First Quantum”, según destacaron en un comunicado oficial del Gobierno. “Somos una Provincia que abraza las inversiones y las facilita”, dijo en la oportunidad el ministro de los Ríos.

“Y también somos celosos custodios del cumplimiento de toda la legalidad que impone la actividad productiva. Para el gobernador Gustavo Sáenz es fundamental cuidar a los proveedores locales. Con la misma firmeza con la que terminó los tours de salud para priorizar a los salteños se exigirá priorizar el compre local y la preservación de las fuentes de empleo”, agregó el funcionario.

Destacó, en la misma línea, que Salta y Neuquén fueron las únicas provincias donde se registró un aumento del empleo formal privado, mientras en el resto del país cayó dramáticamente en el último año, de acuerdo a los registros del Ministerio de Capital Humano de Nación.

“Y eso se lo debemos prioritariamente a esta cadena productiva. Gracias a los proveedores mineros hemos bajando cinco puntos en la dependencia de la coparticipación de Nación”, subrayó el De los Ríos.

En el encuentro se acordó la creación de una mesa de trabajo entre empresas mineras y proveedores. La misma servirá para proyectar las necesidades de servicio de corto, mediano y largo plazo, de manera anticipada, posibilitando la visibilidad de los proveedores en los distintos procesos de compra y licitación. También se habló de la posibilidad de avanzar en un convenio de colaboración entre ambos sectores (mineras y proveedores) y el Gobierno Provincial.

Licencia social

A todo esto, la secretaria de Minería planteó que ante la caída de las contrataciones de los proveedores locales se intensificará los controles de cumplimiento de la ley 8.164.

“El compromiso del Gobierno es acompañar a los proveedores. Esto exige, por supuesto, una especial atención sobre las empresas mineras en el cumplimiento de esta normativa y además tener en consideración que esto hace directamente a la licencia social que las mineras van construyendo en Salta”, recalcó Romina Sassarini.

Confió, asimismo, en las proyecciones positivas dentro de la actividad para el año venidero, que “son muy auspiciosas”, concluyó.

Fuente: El Tribuno