Si disponemos de los recursos mineros lo lógico es su explotación, porque la sociedad lo requiere para su mejor calidad de vida y porque es un pilar fundamental como actividad productiva en cualquier región, económicamente conviene a la provincia, nación y a las personas que de un modo u otro se vinculan con la actividad minera.

En más de una oportunidad por este medio periodístico manifestamos que las autoridades de aplicación cumplen con las exigencias de la legislación correspondiente y las empresas cumplen perfectamente con las normativas existentes, de todos modos, pareciera que algunas aristas no están contempladas como corresponde, por ejemplo, el cierre de mina y la responsabilidad social.

Las empresas no vienen para sacarnos de la pobreza, vienen para ganar dinero como cualquier empresa, por lo tanto, solo se preocupan para cumplir con la legislación existente.

Es aquí donde deben jugar un papel central los legisladores, funcionarios y otras instituciones afines a la minería, porque son los que deben trabajar para revisar, mejorar y proponer otras normativas si es necesario.

Desde la creación de un régimen especial de promoción de la actividad minera en los años 90, comenzaron las explotaciones de minerales a gran escala, y desde aquella fecha pareciera que ninguna mina procedió al cierre definitivo, porque no existe información pública de alguna empresa minera que haya cumplido con el cierre de mina.

Se tiene información de minas que finalizaron la etapa de explotación y que comienzan con el plan de cierre, pero después informan que continuarán utilizando parcialmente el establecimiento minero, por lo tanto el cierre de mina queda en suspenso paralizando todas las actividades que implica el plan de cierre. Por esos motivos consideramos que algo no está bien.

No existe una ley nacional sobre cierre de minas. Existe una resolución de sugerencias sobre el tema. En el año 2021, el secretario de Minería de la Nación resuelve: artículo 1°. Apruébense los "Lineamientos Generales para el Cierre de Minas con Garantías Financieras en la República Argentina". También existe alguna referencia sobre el cierre de minas en el Código Minero y en la Ley Nacional Ambiental.

En base a los lineamientos desde Nación y con criterios propios, algunas provincias ha emitido Ley de Cierre de Minas.

Cuando una empresa comunica el fin de la actividad minera genera un problema social, sin embargo, no debiera ocurrir. Es conocido el trabajo de responsabilidad social que desarrollan las empresas mineras y también el esfuerzo de las autoridades provinciales, pero indudablemente algo no está bien, porque se supone que la empresa, el Estado y las comunidades trabajan para recibir los beneficios de la actividad minera, y también es de suponer, que cuando finalice la explotación todo continúe mas o menos con las actividades o emprendimientos que pudieron desarrollar las personas o comunidades durante la explotación de la mina, de modo, cuando la empresa ya no puede continuar, no genere impacto negativo social.

Recientemente la mina Manantial Espejo informó sobre la finalización de la explotación y el intendente de General Gregore ha manifestado que "es un desastre para Gregores y tiene un impacto tremendo que aún no se puede medir". Esta expresión creo que amerita revisar seriamente la actividad minera y el entorno social ¿debemos hacer algo diferente con respecto a los trabajos de responsabilidad social y cierre de mina?

Fuente: El Tribuno