Por Gustavo Bruni

El secretario de Ambiente de San Juan, Federico Ríos, anticipó que el Gobierno provincial prepara un proyecto para trabajar en conjunto con los operadores Tecma, Eco San Juan y BioCordillerana para erradicar las más de 1.000 toneladas de cenizas tóxicas mineras que permanecen acopiadas en el Parque Industrial de Chimbas desde hace años. El programa gubernamental llegará después de las notas que realizó DIARIO HUARPE presentando la problemática que afecta tanto a los vecinos de la zona como a todos los sanjuaninos, al considerar que este material peligroso está a la intemperie, sin ningún tipo de protección de la lluvia, los vientos o cualquier otro fenómeno.

“Queremos marcar un antes y un después en materia ambiental”, afirmó el funcionario en el programa El Café de la Política, que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11 horas por Huarpe TV, que sale en el 19.2 de la TDA, YouTube y Kick.

“La Secretaría de Ambiente tomó de primera mano este tema en mayo después de una reunión con los operadores, porque entendíamos que era una situación compleja y que necesitábamos conocer de primera mano. Esto era un secreto a voces, no hemos escondido nada; al contrario, le hemos hecho frente a la situación y DIARIO HUARPE nos ha acompañado con sus publicaciones. En ese sentido, hemos venido trabajando arduamente y por decisión del gobernador Orrego, a través de un decreto, facultó a la Secretaría de Ambiente para generar un plan integral de gestión y remediación ambiental de residuos peligrosos que se generan en las distintas actividades en San Juan”, afirmó.

Vale remarcar que en estas cenizas se obtienen de la quema e incineración de restos que derivan de hidrocarburos y elementos que se utilizan en la actividad minera, pero también contienen residuos patogénicos de hospitales y clínicas.

Calificó entonces de “un acopio importante de cenizas” al referirse a la cantidad de material que genera la minería que está en decenas de contenedores acumulados en el Parque Industrial de Chimbas. “Con la ley en la mano vamos a trabajar en conjunto y corregir esa acumulación mal gestionada de las cenizas por las gestiones anteriores con este programa”, dijo Ríos.

La intención del Gobierno provincial es trabajar en conjunto con cada uno de los operadores, transportistas y generadores de las cenizas mineras para que se concreten acuerdos a través de este plan de gestión ambiental y que en plazos se tomen acciones para darle depósito final a este material.

“Hay una alternativa de poder reubicar las cenizas, a través de un acuerdo concreto entre los operadores y los generadores en otra jurisdicción. Lo ideal es que la provincia tenga un relleno de seguridad propio, pero esto no se construye de la noche a la mañana. Mientras tanto, tenemos que darle solución y corregir el acopio de cenizas”, expresó el funcionario.

Los plazos que se manejan para cumplir con este propósito es un inicial de seis meses, 18 meses y 36 meses. “Eso quiere decir que terminada nuestra gestión, esas cenizas no tienen que estar más ahí”, intimó. Estos tiempos empezarán a correr cuando se haga pública, a través del Boletín Oficial, la resolución del Gobierno.

Respecto al presupuesto que se usará para esta labor, Ríos subrayó que “no necesariamente lo va a poner la provincia”. “Si bien el Gobierno dispone de recursos humanos y económicos para la Secretaría de Ambiente por una cuestión de urgencia, vamos a ver cómo se llega a un acuerdo entre el Estado y una operadora especial”, agregó.

Un duro diagnóstico

Sobre qué falló para que estas cenizas permanecieran acopiadas allí, Ríos dijo que el diagnóstico que hace el Gobierno es que durante las gestiones anteriores no se aplicó la normativa. “La respecta es corta: ley es clara y de haberse aplicado, esto no hubiera pasado”, aseveró.

Señaló que “con este programa queremos aplicar la ley 24.051, que hace 20 años que no se aplica. Esto lo vamos a cambiar porque creemos que dentro de la norma debe estar todo, fuera de la ley nada. Queremos marcar un antes y un después en materia ambiental”.

El secretario insistió que las gestiones provinciales anteriores no hicieron respetar la ley, lo que generó “una desidia en materia normativa y ambiental y hoy están a la vista los resultados, que no son los mejores”.

A futuro

Con la sanción de la Ley Bases a nivel nacional, que incluyó en su Título VII al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), punto al que San Juan adhirió a través de la Cámara de Diputados, y el acuerdo entre BHP y Lundin para avanzar sobre la explotación de Josemaría y Filo del Sol, es lógico pensar que se generará mayor cantidad de residuos mineros. Por eso, Ríos consideró que es clave que la provincia avance sobre la construcción de un nuevo relleno sanitario.

“Estamos trabajando fuertemente en esto porque lo ideal es que la provincia tenga un relleno de seguridad para darle disposición final a las cenizas generadas con posterioridad. La evaluación consiste en ver si esto será público, público-privado o solamente privado. La decisión que tomemos debe ser pensada para un San Juan a futuro y que después no nos arrepintamos, porque es un tema complejo y sensible”, subrayó.

“Por traer un nombre, Barrick tuvo muy buena disposición, siempre estuvo al servicio para trabajar en conjunto y solucionar, también los operadores tuvieron muy buena voluntad y mostraron intención de resolver este tema. Por eso estoy esperanzado en que este tema lo vamos a resolver para pensar en un San Juan a 100 años”, consideró Ríos.

El trabajo con los operadores

Cabe recordar que Tecma, Eco San Juan y BioCordillerana son las únicas empresas habilitadas por la Secretaría de Ambiente provincial para operar los residuos peligrosos en el Parque Industrial de Chimbas.

En diálogo con este medio, el representante de la empresa Tecma, Ernesto Peñafort, dijo que como a las cenizas se las considera residuos peligrosos, “la única manera de darle disposición final es con un relleno de seguridad y es una obligación que tiene el Estado de construirlo”.

“Esto es un tema de interés provincial”, afirmó Peñafort, “porque no solo hace a la seguridad de todos los generadores de residuos peligrosos, sino también porque supera la situación de las compañías”.

Por su parte, Rodolfo Piola, de Eco San Juan, opinó en el mismo sentido: “Las empresas no tenemos nada que ver en esto, es el Gobierno de la Provincia quien tiene que hacer efectivo esto. Porque este es un tema de interés general de todos los sanjuaninos, debido a que estamos hablando de algo que afecta la calidad de vida en la provincia”.

En tercer lugar, Sergio Vallejos, de BioCordillerana, “esta es una decisión política que ninguno de los gobiernos anteriores quiso tomar. Lo evadieron siempre, esperemos que ahora lo hagan”.

El pedido de la Defensora del Pueblo

Días atrás la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, explicó que envió escritos a las empresas que se encargan de tratar los residuos peligrosos (Tecma, Eco San Juan y Bio Cordillerana), a la empresa minera Barrick, a la Secretaría de Ambiente y a la Dirección de Fiscalización Ambiental y Control minero del Ministerio de Minería para que expliquen la situación sobre el acopio de las cenizas.

Al respecto, el secretario de Ambiente, Ríos, afirmó que no se trata de un encontronazo con la funcionaria. “Estamos dentro de los tiempos administrativos para poder contestar y lo vamos a hacer para cumplir con ese requerimiento. Pero también es importante señalar que la doctora Peñaloza va a destiempo. Nosotros estamos presentando un programa, estamos dando respuesta y también sería importante que ella le conteste a los sanjuaninos qué hizo durante los últimos 20 años por la acumulación de las cenizas, siendo que ocupó cargos muy importantes como diputada provincial y también nacional”, concluyó.

Fuente: Diario Huarpe