Se trata del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), uno de los capítulos más controvertidos del proyecto de Ley Bases que se debate en el Senado de la Nación, que establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas grandes inversiones, como pueden ser las que requieren los proyectos de cobre y de litio.

No obstante, otras organizaciones empresarias e industriales, como la Unión Industrial Argentina, industriales metalúrgicos agrupados en ADIMRA y en la UOM, y otras cámaras de empresas de servicios y de pymes, se manifestaron en contra de la medida por la apertura en la importación de insumos sin distinción que se incluye en el Régimen, lo que podría afectar a proveedores locales si se aprueba tal cual está planteado.

Como respuesta, desde la CAEM emitieron un comunicado oficial.

En primer término, plantearon que “la ley es fundamental para que se concreten las inversiones”.

Luego, afirmaron que “sabemos que el RIGI traerá desarrollo y crecimiento a los proveedores” y que “la concreción de los proyectos mineros contribuirá a la generación de miles de puestos de trabajo en las distintas etapas de construcción y de producción”.

Y como último ítem, el texto vuelve a asegurar que “solo la puesta en marcha de nuevos proyectos permitirá el desarrollo de nuevos proveedores”.

Finaliza señalando, casi como una referencia a cómo un proyecto minero construye licencia social, que “para la actividad minera es fundamental asegurar la mayor cantidad de provisión local a través de proveedores de bienes y servicios locales”.

Del mismo modo, desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) se difundió un comunicado para dar apoyo al RIGI.

“La cadena de valor que integramos las empresas proveedoras de bienes y servicios mineros es el vector que permite llevar los beneficios de la minería a todos los rincones del país a través de la generación de empleo genuino, la innovación tecnológica y el aumento de capacidades industriales. Sin desarrollo minero no hay ningún encadenamiento industrial y de servicios posible. Es por esto que consideramos imprescindible la aprobación del RIGI”, sintetizaron.

Adicionalmente, según entienden los referentes de las empresas del sector, la puesta en marcha de grandes proyectos requerirá de la participación de la industria de la construcción, que en la actualidad se haya ralentizada debido al freno que puso Milei sobre la obra pública.

“Se trata por tanto de poner en marcha un motor que impulsa a los sectores que lo rodean”, argumentan.

Por otra parte, de algún modo, los mineros pretenden sostener este entusiasmo y trasladarlo para conseguir algún mecanismo o “incentivo especial a la exploración para aquellos proyectos que no queden alcanzado por la RIGI”, es decir para las minas de oro y plata que están en producción actualmente y sostienen la actividad a pesar de estar todas en una etapa madura cerca de su cierre.

En su discurso en el marco del Día de la Minería, que se hizo en Córdoba, el secretario de Minería de Milei, Luis Lucero, demostró conocer la situación y compartir el diagnóstico, pero no adelantó aún ningún tipo de medida que pueda revertir ese escenario previsible.

La propuesta de la CAEM, en rigor, apunta a obtener una baja en las retenciones para el oro y plata, lo que para el corto plazo podría implicar un costo para el Gobierno nacional, aunque el sostenido declino de la producción de estos metalíferos indique que en no más de diez años el país se va a quedar sin minas de oro.

La situación es advertida por el gobierno de Santa Cruz, por caso, que es la provincia que tiene más de la mitad de los proyectos de oro y plata maduros y en producción y no cuenta con ningún proyecto en carpeta que vaya a desarrollarse con el RIGI.

Es decir, la minería de Santa Cruz necesita sí o sí un incentivo adicional porque en los próximos 3 o 4 años comienzan a cerrar las minas.

Es en este contexto que el senador José María Carambia, del bloque Por Santa Cruz, presentó un proyecto de ley para cambiar el techo de 3% a las provincias mineras para que sea del 30%, en el marco del debate de la Ley Bases y cuestionó duramente al RIGI.

Fuente: El Esquiú