Autoridades gubernamentales de Salta y Jujuy pusieron manos a la obra para avanzar con el convenio que se firmó en octubre del año pasado entre las dos provincias para la gestión ambiental y minera de la cuenca Salinas Grandes. El acuerdo sobre el salar que comparten ambas jurisdicciones, y que también incluye la laguna de Guayatayoc, fue aprobado esta semana por la Cámara de Diputados de Salta y ya había recibido media sanción en enero del Senado. Lo propio se hizo en la Legislatura jujeña.

El trabajo interprovincial surge tras un fallo de la Corte Suprema de Nación, de marzo de 2023, que ordenó a las administraciones que tienen injerencia sobre el salar a presentar información sobre la explotación minera que se realiza en la cuenca. Esto a raíz de un amparo presentado por la comunidad indígena Santuario de Tres Pozos y la fundación, también de la provincia vecina, Ambiente y Recursos Naturales para "suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes", por el posible daño ambiental de la actividad minera.

Aunque aún no existe explotación minera dentro de la parte salteña del salar en litigio, el acuerdo establecido por el gobernador Gustavo Sáenz y su par en aquel entonces, Gerardo Morales, contempla la creación de una comisión interjurisdiccional dedicada a la gestión ambiental en el sitio. Es que lo que se hace de un lado de la cuenca puede afectarla en su totalidad, más allá de los límites políticos entre las provincias. Una situación similar ocurre con el Salar del Hombre Muerto que comparte esta provincia con Catamarca, donde también existe un acuerdo interjurisdiccional para evaluar los informes de impacto ambiental sobre los proyectos mineros allí radicados.

Objetivos
La comisión saltojujeña tendrá como uno de los principales objetivos la realización de estudios hidrogeológicos para establecer una línea de base de la cuenca de Salinas Grandes, con el fin de asegurar un manejo adecuado y sostenible de los recursos minerales.

Ese estudio busca conocer, según detalla el convenio: "la capacidad de renovación del agua; la conexión de los cauces con cuerpos subterráneos de agua, con el salar y con la laguna; flujos del agua, fuente de agua para la flora y fauna, suministro de agua para la población y otros usos, el estado real del recurso hídrico y sus potenciales afectaciones".

La comisión también tendrá que arbitrar "los mecanismos necesarios para la realización de una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región".

Asimismo deberá analizar la legislación existente que rige la exploración y explotación de la actividad minera y propondrá eventuales modificaciones a los fines de armonizar el marco normativo entre las dos jurisdicciones.

Fuente: El Tribuno