El Gobierno de Catamarca envió a la Legislatura para este periodo de extraordinarias -que termina la semana entrante, la última del año- un proyecto con el que busca establecer multas a las empresas mineras que no contraten mano de obra catamarqueña en sus emprendimientos.

Estas sanciones económicas se miden en Unidad Tributaria (UT) que la Ley Impositiva para el 2024 estableció en $35 pesos. Con ello de parámetro, las multas parten de los $35 millones, hasta el máximo de $1.750 millones. La iniciativa contempla que una vez en vigencia, las empresas en etapa de exploración o de servicios en actividad tendrán 180 días para adecuarse.

Para avanzar con ello, la iniciativa apunta a crear un Registro de Proveedores de Empresas Mineras (Repem), a fin de mantener una base de datos de los proveedores mineros con domicilio en la Provincia.

A la vez, el proyecto establece que en caso de constituirse una sociedad destinada a desarrollar la actividad minera, el treinta 30 por ciento de las personas jurídicas, socios o accionistas que la integren deben tener su domicilio real o social en Catamarca. “Este requisito busca promover la vinculación de la actividad minera con la comunidad local, asegurando que parte de la estructura y toma de decisiones de estas empresas tenga arraigo en la Provincia”, fundamentó el Gobierno.

La iniciativa remarca que las medidas “buscan no solo regular y controlar las operaciones mineras en la Provincia, sino también fomentar la participación y beneficio de la comunidad local en dichas actividades, promoviendo el desarrollo económico sostenible y la responsabilidad social de las empresas en el sector minero”.

También subraya que, para impulsar el empleo de mano de obra local en las actividades que desarrollan las empresas mineras que operan en el territorio provincial, “se establece la obligatoriedad de que las mismas aseguren que la planta de su personal permanente este integrada por un 70 por ciento de mano de obra catamarqueña, a fin de lograr, en consecuencia, un desarrollo y crecimiento económico más virtuoso para nuestra Provincia”.

En la letra fina del proyecto, es decir, en su articulado, precisa que las empresas mineras “proveedoras de servicios deberán indefectiblemente radicar la sede de las oficinas de gerencia, administración, contabilidad, finanzas, licitaciones, compras y recursos humanos; producción, higiene y seguridad laboral y ambiental en el territorio provincial, las que deberán estar gerenciadas por personal catamarqueño”.

En el caso de que la firma ya esté constituida y radicada fuera de la Provincia, “deberán presentar un plan progresivo de traslado de dichas oficinas” a la Provincia. Además, la iniciativa establece que las empresas mineras y los subcontratistas que operen en Catamarca “están obligados a asegurar que la planta de su personal esté integrada, por no menos del 70% de toda su nómina, por empleados, profesionales o no, radicados” en la Provincia. En este último sentido, se pauta una antigüedad mínima de dos años.

Ahora bien, dentro del proyecto se establece que, ante el incumplimiento de la ley, las empresas quedan sujetas a multas que “podrán variar entre un mínimo de un millón de UT y un máximo de 50 millones de UT”. De allí surgen los montos de $35 millones, hasta $1.750 millones, cifras que podrán variar en los próximos años, en caso de actualizar el valor de la Unidad Tributaria.

Además, entre otras sanciones, el proyecto contempla la clausura temporal, la inhabilitación, la exclusión del registro de proveedores y la imposibilidad de presentar informes de Impacto Ambiental. Cabe acotar que las sanciones se aplicarán previo sumario administrativo asegurando así la defensa y descargo de los infractores.

Fuente: El Esquiú