El Senado otorgó la media sanción restante al proyecto – tratado y aprobado en Diputados en agosto pasado – que establece cambios en la Ley de Procedimientos Mineros, específicamente, en el artículo 34 de la Ley 7141.

“El proyecto tiende a agilizar las actividades del Estado, a tratar de hacerlo menos burocrático y, por lo tanto, más eficiente”, aseguró Miguel Calabró – representante de La Caldera – informando sobre el proyecto en cuestión. 

En este sentido, el legislador explicó que, teniendo en cuenta los tiempos de crisis que se viven, no es admisible que, a la hora de encarar un proyecto minero, los estudios de impacto ambiental deban recorrer una serie de oficinas que hacen lento el proceso final, es decir, que afectan a la inversión minera. 

“La idea es darle al Ejecutivo la herramienta de la celeridad, sin que esto signifique haya control sobre cada uno de los proyectos mineros”, advirtió Calabró, y señaló: “En el artículo 34 de esta ley, se exige que el estudio de impacto vaya al Juzgado de Minas de la Provincia, lo revisa y lo pasa a la Secretaria de Minería, esa Secretaria tiene la potestad de analizar el estudio y observarlo, devolverlo, o aprobarlo, recién ahí lo devuelve al Juzgado de Minas y esta última tiene la potestad de darle vía libre al proyecto”.

Así – continuó el representante de La Caldera – se trata de eliminar un paso burocrático, “simplemente eso”.

“Entendemos que el Juzgado de Minas no tiene la capacidad técnica – y muchas veces por sus tiempos y ferias – y puede llegar a ser un escollo o ralentizar los estudios. Confiamos en el poder del Estado y, en este caso, en la Secretaría de Minería”, insistió. 

A su turno, el senador por Cachi, Walter Wayar, contextualizó esta ley en el marco de un futuro gobierno nacional que “va a priorizar el ajuste y el libre mercado”, medidas que, a corto plazo, generarán una respuesta negativa de la sociedad. 

“En este tema va a haber conflicto de intereses, diablos metiendo la cola para generar encontronazos entre la sociedad. ¿Qué mayor garantía que más ojos veamos los proyectos que hablan de desarrollo?”, apuntó.

Para Wayar, no se trata solo de agilizar los procesos, sino de llevar tranquilidad a una sociedad convulsionada, tranquilidad de que los Poderes del Estado actúan en su beneficio.

“No me parece que sea tiempo de sacarle responsabilidad al Poder Judicial. No dejemos que la riqueza sea en detrimento de la salud de los habitantes. Como está la ley, es la justa. Cuidamos nuestro medio ambiente y a nuestros seres humanos”, cerró el representante de Cachi, adelantando su voto negativo.

Sergio Ramos, senador por Rosario de Lerma, a la hora de tomar la palabra, explicó que la intensión es “dejar atrás un Estado lento”, ya que, en realidad, “el Estado debe ser ágil para garantizar las inversiones privadas”.

“Comparto las preocupaciones del senador de Cachi, pero también tenemos que decir que hace una semana se empezó, en nuestra provincia, la promoción de la transparencia de la actividad minera”, indicó.

Resaltó, además, que la Ley Minera establece la defensa de la mano de obra local – 70% establecido en la norma – y que ello se cumple, así como la defensa de los proveedores local, punto que también se está cumpliendo.

Leopoldo Salva – representante de Los Andes – advirtió que la modificación es sobre un procedimiento administrativo respecto a los estudios de impacto ambiental, sin embargo, alertó sobre la necesidad de consultas a los habitantes de las zonas mineras antes de iniciar cualquier proyecto.

“Con las comunidades ya venimos trabajando en esto. Las gentes que vivimos en el lugar conocemos la realidad, podemos decir dónde se puede trabajar y donde no, y así fue durante el último tiempo.  Hubo reuniones con empresas donde aceptamos que se trabaje y otras donde no”, relató el legislador.

Insistió Salva en lo fundamental que es que se respete la decisión de la gente originaria y que, en definitiva, esa es la mejor consulta que se puede hacer, considerando que “desde un escritorio es fácil hablar de una región”.

“También es importante que se respete la consulta libre e informada, que es un derecho fundamental de los pueblos originarios, eso está por ley y las empresas deben respetarlo. Así vamos a hacer un mejor control de nuestra agua, nuestros cerros y nuestra Pachamama. Esto es un procedimiento administrativo, no veo que el Juzgado de Minas tenga la técnica para hacer los estudios que se requieren”, sentenció Salva.

Finalmente, el proyecto fue aprobado y pasa el Ejecutivo para su promulgación.

Fuente: Aries Online