Cuando la autoridad de aplicación de la provincia permite la explotación de un yacimiento minero, es porque el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera realizó el recorrido que exigen las leyes y uno de los puntos fundamentales es tener la conformidad de las comunidades aborígenes involucradas en el área de explotación.

En el caso de los salares Cauchari-Olaroz existen dos minas de litio en actividad, son las únicas que están explotando actualmente. En este caso, son diez las comunidades aborígenes que dieron el acuerdo para iniciar la explotación.

La Dirección de Recursos Hídricos es la institución que autoriza el caudal de agua que requiere un emprendimiento minero y es de suponer que dicha institución realiza los controles de uso de agua correspondientes.

El reclamo de la comunidades indígenas que no tienen actividad minera en sus tierras es entendible, porque naturalmente, la Puna tiene escasa agua superficial y la información que ellos disponen de la actividad minera no les llega claramente y no convence, por lo tanto, el Gobierno debiera recurrir a estrategias para que la información recibida sea completa en un lenguaje sencillo y aportada por especialistas en los temas de interés. La difusión de los temas mineros debe hacerlo con todas las comunidades y no solamente con las comunidades involucradas con la explotación minera.

Cualquier profesional, incluidas organizaciones sociales, ambientalistas, antimineros, ecologistas, biólogos, antropólogos y otros, pueden manifestar que la minería genera escasez de agua y contaminación ambiental como consecuencia de la explotación minera. El tema central es que debieran tener un respaldo técnico para contradecir el informe del Gobierno y no manifestar simplemente sobre un supuesto, que la escasez del agua es por la explotación minera.

Muchas veces algunas personas, sin formación académica, pueden manifestar sobre el problema del agua y la minería, pero lo hacen con desconocimientos técnicos y consideran que sus expresiones son la lógica. El problema y enciende las alarmas cuando un profesional realiza manifestaciones que pueden generar convulsiones sociales no solamente con las comunidades indígenas, sino también con toda la sociedad jujeña. Si el profesional tiene respaldo técnico será un problema para el Gobierno provincial y si lo dice simplemente porque cree que tiene autoridad para expresar sobre el tema, debieran los organismos correspondientes actuar legalmente sobre ese o esa persona.

 
Hoy existen los diarios digitales y las redes sociales, mediante los cuales cualquier información, en pocos minutos, está en conocimiento de la población mundial. Esta situación amerita para que la información del agua y la minería por ejemplo, sean tratadas con la seriedad que corresponde. Por ejemplo en esos medios de información se editó una nota cuyo título dice "La explotación minera está agotando el agua de Jujuy", tal vez no quisieron expresar de ese modo, porque es sumamente grave. Podemos imaginar que la escasez de agua en la Quebrada de Humahuaca, Ramal jujeño, Valles y Puna, es consecuencia de la explotación minera en la Puna. Esto demuestra desconocimiento de la hidrogeología, de la geología y de la geomorfología de la provincia de Jujuy.

Por ahora, la geología con especialidad en hidrogeología es la profesión que realiza estudios de agua subterránea.

Fuente: El Tribuno