La industria minera genera una renta que se reparte entre el sector público y el privado. Aquí es importante aclarar que sus aportes exceden las regalías (que se abonan alas provincias) ya que el gobierno nacional participa de la renta minera a través del cobro de impuestos, siendo los más relevantes el impuesto a las ganancias y los derechos a las exportaciones.

El impuesto a las ganancias busca captar de manera directa la renta, ya que se aplica sobre los márgenes operativos de los proyectos en producción. Los derechos a las exportaciones (retenciones) captan la renta de forma indirecta, ya que se aplican sobre los ingresos brutos, en valores que van del 4,5% (litio, cobre o plata) al 8% (oro).

También los aportes y contribuciones a la seguridad social son otra fuente importante de captación de la renta minera por parte del sector público.

Además, la industria paga varios tributos: impuesto al débito y crédito bancario (cheque), ingresos brutos, sellos y otros tantos. El impuesto al valor agregado tiene mucha mayor incidencia durante la etapa de construcción, mientras que es casi nula durante la operación, ya que únicamente se aplica a operaciones de compraventa internas al país y la minería es una actividad exportadora.

El Estado participa de la renta minera también como socio privado. Ese es el caso particular de las operaciones que tienen participación accionaria de empresas provinciales, tales como los proyectos de litio en Jujuy, donde JEMSE cuenta con el 8,5% de las sociedades que administran sus salares en producción. También es el caso de Fomicruz en Santa Cruz, una Sociedad del Estado con una participación en las ganancias de Cerro Vanguardia y sus ventas. Finalmente, el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) es un organismo autárquico del Gobierno de la Provincia de San Juan, que recibe un porcentaje de la facturación bruta de Veladero.

El excedente de la renta minera luego del pago de impuestos y contribuciones al sector público es lo que corresponde a las empresas. Para dimensionar cuánto representa en la actividad del sector, podemos observar un estudio realizado en 2022 por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), del que se desprende que la gran mayoría de la facturación de las grandes firmas mineras (el 67%) se destina a retribuir a actores locales, sea el pago a trabajadores (que representa el 15,2% de la facturación), al Estado a través de impuestos en sus diferentes niveles de gobierno (11,4%) y a proveedores nacionales de bienes y servicios (40,5%).

Del monto restante (33%), un 12,9% permanece en el país como liquidez de las empresas, que en numerosas oportunidades utilizan para reinvertir. Esto se debe a que en la medida que los depósitos comienzan a agotarse, los costos se incrementan de forma gradual hasta agotar completamente los beneficios. Para evitar este proceso, hacen falta nuevas inversiones que incrementen las reservas.

Del 20,2% restante de la facturación, un 11,8% se utilizó en pagos de importaciones de bienes y servicios, por lo que la renta destinada a dividendos para los accionistas e intereses por préstamos para la inversión fue del 8,4%.

Fuente: mase.lmneuquen.com