Durante la última reunión del Consejo Económico y Social de Salta, que se realizó el martes pasado, funcionarios del Gobierno provincial brindaron un panorama sobre la marcha de ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico 2030. Esa guía, actualizada en 2018, contiene un extenso capítulo sobre lo que se espera de la minería en la provincia y, fundamentalmente, lo que se tiene que hacer para que la actividad crezca. La noticia del reciente encuentro de los integrantes del Consejo Económico y Social da pie para repasar las pautas del programa minero que elaboró este órgano de consulta integrado por representantes del sector académico, social e industrial.

Aun antes de que existiera un plan formal para la minería, Salta marcó una política de Estado en materia de seguridad jurídica para los inversores, que es un requisito indispensable para el desarrollo del sector. Esa fue una línea que siguieron todos los gobiernos.

El proyecto para la minería se divide en cinco ejes: infraestructura, mano de obra, confiabilidad hacia la comunidad y controles, estabilidad jurídica y tributaciones y, por último, valor agregado.

La infraestructura es el factor más sensible en la actualidad, porque hay varias obras clave para el sector minero que aún no se ejecutaron. Entre ellas se encuentra la pavimentación de los tramos de la ruta nacional 51 que faltan terminar y el tendido de nuevos gasoductos en la Puna salteña.

Entre otros objetivos de infraestructura se encuentra la reactivación efectiva del ferrocarril en la zona puneña y la conectividad vial de la ruta nacional 40, que es algo que empezó a tomar forma (en proyectos concretos) en los últimos meses.

En cuanto a la mano de obra, hay avances palpables en este eje del programa destinado a desarrollar el capital humano tanto para la inserción laboral en la actividad minera como para el surgimiento de emprendimientos de servicios mineros. En ese sentido se puede mencionar, entre otros logros, la creación de un centro de formación profesional en San Antonio de los Cobres y la creación de una cámara de proveedores mineros de la Puna, cuyas empresas son principalmente de esa zona.

Sobre confiabilidad hacia la comunidad y controles, se trata de garantizar la existencia de los recursos financieros,

económicos y humanos necesarios para llevar a cabo una actividad minera sustentable y para establecer la participación y comunicación, de y para la sociedad de los controles ambientales.

El programa aborda estabilidad jurídica y tributaciones está destinado a instrumentar medidas de gobierno tendientes a promover la estabilidad en la actividad y alentar a la inversión. Uno de los puntos que trata es la resolución de problemas limítrofes, que tuvo grandes avances a partir de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz que empezó a encarar la problemática con su par de Catamarca, Raúl Jalil.

Finalmente, se estableció un programa para lograr productos minerales con mayor valor agregado. Para eso el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030 sugiere incentivos fiscales de acuerdo a la inversión y al producto final y fomentar, además, la investigación y el desarrollo.

Fuente: El Tribuno