Minería Sustentable
Por Juan Pablo Spinetto
El proyecto Cobre Panamá de First Quantum Minerals Ltd. lleva cerrado desde finales de 2023, cuando la Corte Suprema de Panamá dictaminó que la ley que aprobaba su contrato era inconstitucional. En aquel momento, la decisión reflejó la indignación pública por una concesión que los legisladores aprobaron a toda prisa en la Asamblea Nacional, lo que desató protestas masivas por el impacto medioambiental de la mina. El levantamiento paralizó gran parte de Panamá y expresó un período de descontento social por la inflación, la corrupción y la desastrosa gestión de la pandemia por parte del gobierno entonces en el poder.
Tres años después, mantener la mina cerrada parece cada día más costoso para la economía, las finanzas públicas y la reputación de Panamá como destino favorable para las inversiones. El gobierno del presidente José Raúl Mulino, que no logró cumplir con el plazo autoimpuesto de tomar una decisión en junio, enfrenta ahora la difícil decisión de anunciar la reanudación de un proyecto capaz de producir más de 350.000 toneladas métricas de cobre al año.
Es cierto que una gigantesca mina a cielo abierto no es una propuesta sencilla, sobre todo en un país tan sensible desde el punto de vista medioambiental como Panamá. Hasta que Cobre Panamá comenzó a operar en 2019, el país tenía poca tradición minera en comparación con potencias regionales como Chile o Perú. La reapertura de la mina podría reavivar el malestar social que provocó la ruptura del acuerdo anterior, un riesgo real para un gobierno que ya enfrenta bajos índices de aprobación.
Pero los argumentos económicos son sencillamente demasiado convincentes como para ignorarlos. Detener la mayor inversión privada de la historia del país ya le ha costado muy caro a Panamá: un estudio reciente realizado por una asociación empresarial local estima que el cierre acabó con más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos, varios puntos de crecimiento del PIB y US$2.100 millones en ingresos fiscales entre 2024 y 2026. Además, se desperdició un extraordinario auge del cobre, con precios 70% más altos que cuando la mina dejó de funcionar. Para un país que necesita urgentemente unas finanzas públicas más sólidas y nuevos motores de crecimiento que generen empleo formal más allá de su todopoderoso canal, eso supone un lujo muy costoso.
