Bajo el argumento de que el precio del litio en el mercado internacional tuvo un incremento “exponencial”, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, decidió dar de baja al sistema de reintegros que regía para las empresas mineras radicadas en la Puna que exportan ese mineral. Desde la Cámara de la Minería de Salta manifestaron una “profunda preocupación” por la medida. Es, por el momento, la única institución que se ha pronunciado al respecto.

La eliminación del beneficio, que en rigor afecta hasta ahora a las dos únicas mineras del país que producen carbonato de litio en Catamarca y Jujuy, entró en vigencia ayer con la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la Resolución 15/2023 de la cartera económica. Así, se dejó sin efecto el reintegro por las retenciones aduaneras que se aplican a las exportaciones de litio que son del 4,5% sobre el total vendido. Las devoluciones de ese impuesto llegaban al 2,5%.

“Teniendo en cuenta la electro-movilidad que provocó un cambio del mercado y que el escenario internacional tuvo un crecimiento abrupto en la demanda de litio que produjo un incremento en forma exponencial en el precio y así también en la rentabilidad de los proyectos, se entiende que un estímulo como el reintegro, ha cumplido los objetivos para el cual fue oportunamente establecido”, reza el instrumento firmado por Massa.

En Salta la resolución impacta directamente, en principio, sobre los tres proyectos de litio que están en construcción en la Puna y que tienen previsto iniciar sus fases de producción entre 2024 y 2025. Esas minas (Centenarios Ratones, Mariana y Sal de Oro) tienen el potencial de ubicar a la provincia como uno de los primeros distritos productores de litio del mundo y multiplicar las exportaciones anuales de ese mineral del país, que el año pasado representó más de US$700 millones, a US$6.000 millones. Hay que tener en cuenta que poner en marcha esos proyectos requieren inversiones millonarias, que se esperan recuperar en el largo plazo. Son inversiones de riesgo, que la normativa eliminada contemplaba para, justamente, atraerlas.

“Es una medida más que va en desmedro de la previsibilidad y la estabilidad fiscal tan necesarias para la inversión minera”, dijo a El Tribuno la vicepresidenta de la Cámara de la Minería de Salta, Fernanda Fraga.
 
“Este reintegro tenía por objetivo subsanar los costos relacionados con la falta de infraestructura, a fin de fomentar la inversión en regiones como la Puna.  Esas condiciones no cambiaron en todo este tiempo, a pesar de lo cual la industria del litio siguió recibiendo fondos de empresas que invierten en el país, en su gente y sus comunidades”, agregó la representante empresarial.

Durante los dos últimos años el precio del carbonato de litio grado batería subió de alrededor de US$7.000 la tonelada a US$80.545 en diciembre pasado, según el último relevamiento de la Secretaría de Minería de Nación. El salto espectacular del precio fue motivado por una aceleración en el cambio de uso energético al que se dirige el mundo, impulsado por el avance del negocio de la electromovilidad, donde las baterías de litio son claves, y también por la guerra en Ucrania, que puso en alerta a los grandes capitales sobre la dependencia del petróleo como principal fuente de energía. 

“Este último año las condiciones del mercado del litio fueron favorables, pero es importante recordar que solo dos empresas producen en Argentina. Goldman Sachs, sin embargo, pronosticó una baja del precio del mineral. 
Es por la volatilidad de los ciclos mineros y la mirada largoplacista de las inversiones que el Estado decidió fomentar la actividad con beneficios como la estabilidad fiscal”, dijo Fraga al respecto.

Los beneficios en cuanto a la producción de litio regían por una norma sancionada en 1993, que también comprende a todos los productos de la minería de la Puna Argentina. Su objetivo era incentivar la actividad en una región estructuralmente en desventaja con los grandes centros urbanos. “Esta situación al ser irreversible hace que sus costos de insumos, bienes de capital, infraestructura, transporte, energía y servicios, deban pagar proporcionalmente mayores valores de componentes impositivos”, señalaba la resolución recientemente modificada.

Fuente: El Tribuno / Pablo Ferrer