“Para ellos sería un pecado modificarlo, ya que generaría ‘desconfianza’ en los inversionistas y sacaría a nuestro país de su ‘virtuoso sendero exportador’”, advierte, con citas del Wall Street Journal y The Economist y se extiende en el análisis del marco normativo argentino, a su criterio inconveniente para los intereses del país, para concluir: “No se trata de obstaculizar la inversión extranjera, ni de impedir la participación del capital privado, ni de nacionalizar el litio porque los recursos son de las provincias. Se trata de ordenar la actividad para que las provincias y la Nación recauden lo que corresponde, se agregue valor en territorio nacional, se genere empleo y las empresas privadas tengan una ganancia razonable”.

“Si no –augura- repetiremos la historia ya conocida en nuestro país: exportamos cuero e importamos zapatos, exportamos algodón e importamos indumentaria, exportamos quebracho e importamos muebles, exportamos petróleo e importamos plásticos, es decir, exportamos materias primas a muy bajo costo, para luego importarlas en forma de bienes industriales de alto valor, garantizando las ganancias extraordinarias de unos pocos y la pobreza de millones”.

Compártase o no el encuadre ideológico del legislador, llama la atención la cantidad de elementos que omite para hacer que su razonamiento antiimperial cierre, empezando por la conformación, en la gestión de su propio Gobierno, de la Mesa del Litio que integran Catamarca, Jujuy, Salta y la Nación, actualmente presidida por el jujeño Gerardo Morales.
En Catamarca, de donde es oriunda la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, se produjeron en los últimos años acontecimientos que habilitan al menos dudas sobre el rumbo que a Parrilli le parece indefectible.

Se modificó, por ejemplo, la legislación minera provincial. Entre otras cosas, la reforma transfirió las facultades administrativas de otorgamiento y control sobre los pedimentos mineros del Juzgado Electoral y de Minas al Ministerio de Minería, de modo que el Estado provincial quedó en mejores condiciones para monitorear que los concesionarios de las áreas realicen las inversiones requeridas para retener sus derechos.

Esto abrió paso a una depuración del padrón minero, que estaba plagado de especuladores y permitió al Gobierno entregarle pedimentos que estaban en falta a la sociedad del Estado CAMYEN, en lo que fue una capitalización de hecho.

Finalmente, CAMYEN celebró dos convenios con YPF, que es del Estado nacional.

El primero en agosto, para explorar una superficie de 20 mil hectáreas en Fiambalá. El acuerdo fue calificado por la petrolera como "un hito para ambas compañías, ya que es el primer desarrollo de este tipo que van a llevar a cabo".

El otro en diciembre, con Y-TEC YPF, para montar en El Pantanillo una planta de fabricación de celdas, baterías de ion-litio y de material activo.

Es curioso que Parrilli no anotara estos convenios, sobre todo por los elogios que el gobernador Raúl Jalil dedicó a su jefa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por “crear hace 12 años Y-TEC para la independencia política” y “tomar una decisión de poder tener independencia y poder cambiar la matriz energética y que Catamarca aporte hacia el país es fundamental”.

Es como para que Cristina lo llame y lo trate con la proverbial amabilidad que caracteriza el vínculo entre ambos, que quedó asentada en una famosa escucha clandestina hace unos años.

Era otro mercado: entonces los espías les vendían sus “hackeos” a los enemigos del kirchnerismo.

Fuente: El Ancasti