El secretario de Minería, Alberto Hensel expuso en el seminario "Visiones sobre el futuro de la minería Argentina" organizada por Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín y la organización Fundar.

En la jornada, el funcionario destacó que "la minería es una actividad que demanda grandes inversiones y de largo plazo, si se tomara como ejemplo alguno de los minerales más demandados a nivel mundial, que es el cobre, Argentina tiene el mayor porfolio de proyectos cupríferos a nivel mundial".

"Pero un proyecto de cobre requiere una inversión entre US$3000 y US$ 4000 millones que en general representan operaciones que se extienden por más de 25 años", planteó al señalar las dificultades a superar para el desarrollo sostenible de la actividad en el país.

En ese tipo de proyectos, los principales ingresos para las cuentas públicas son los impuestos a las ganancias, los aportes al sistema de seguridad social, los derechos de exportación, entre otros.

Y los principales ingresos no tributarios son el canon, las regalías, los fideicomisos de infraestructura pública y ahora se agrega la participación de empresas provinciales que en general se asocia a otras empresas para el desarrollo de su potencial geológico.

Otro aspecto que destacó Hensel es la inversión extranjera directa, que "en el período 2007-2016, el sector de la minería recibió por más de US$ 16.000 millones y el segundo sector que fueron las sociedades financieras, recibieron un poco menos de la mitad de esa suma y en forma descendiente después vienen las sociedades captadoras de depósitos".

Estas cifras demuestran "la contribución de la minería al financiamiento fiscal y a la generación de divisas", pero en las provincias productoras como San Juan, Santa Cruz, Catamarca o Jujuy, sus exportaciones de minerales representan del 65% a 78% de sus ventas externas totales.

"Es bueno saber cuál es el balance neto de divisas que significa para el pais un proyecto de esta naturaleza. Tan sólo el proyecto de cobre-oro Agua Rica en Catamarca, va a tener un balance de divisas favorable al país de US$ 854 millones al año", explicó.

Esto significaría de mínima US$ 21.000 millones de balance neto de divisas en sus 25 años de vida útil, y en el caso del proyecto Josemaría en San Juan, serían US$ 19.900 millones de balance neto de divisas a lo largo de la vida del proyecto.

Al reseñar el potencial que puede tener la industria minera en el país, Hensel comparó que la contribución de la actividad en Australia representa el 7% del PBI, en Perú el 10%, en Chile el 12% y en Argentina el 0,6%.

En el análisis del desempeño exportador, la minería en la Argentina cerró 2020 con ventas por US$ 2600 millones, un 20% menos que los US$ 3.000 millones de 2019, un desempeño afectado en el contexto de la pandemia por los menores volúmenes embarcados pero mejores precios internacionales de los metales.

"En 2019 Chile exportó por más de US$ 69.000 millones, Argentina por un poco más de 65.000 MDD, y uno se pregunta cómo se explica que Argentina haya exportado por US$ 4.000 millones menos que un país que no tiene complejo sojero, no tiene complejo maicero, de industria, especialmente de industria automotriz, no tiene complejo de cueros y carnes, y haya exportado más que la Argentina. Esto tiene una explicación y esta dado precisamente por la minería", sentenció. 

Oradores

A su turno, Daniel Schteingart (CEP XXI, Ministerio de Desarrollo Productivo, Argentina) abordó algunos de los desafíos y potencialidades de la minería en Argentina, en función de seis variables: empleo, divisas, desarrollo territorial, desarrollo tecnológico, ambiente y género. Destacó a la minería como una actividad fundamental para la vida cotidiana y como insumo de múltiples industrias. Sin embargo, también es una actividad que es objeto de controversias en el debate público. 

Lucrecia Wagner (CONICET, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, UNC Mendoza) y Mariana Walter (Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales – Universidad Autónoma de Barcelona, España), abordaron los conflictos ambientales por minería a gran escala. 

Según destacaron las expertas, la movilización socio ambiental en la Argentina ha detenido la mitad de los proyectos mineros cuestionados y ha conducido a leyes que restringen la actividad, entre otros cambios institucionales.

Entre las claves del éxito de las movilizaciones se destacan la diversidad de actores, de estrategias y las redes de colaboración multiescalares. Los conflictos han generado transformaciones que exceden la contestación a proyectos mineros, evidenciando demandas de mayor participación, democracia y transparencia en la toma de decisiones en materia ambiental.

Anabel Marín (Institute of Development Studies, Reino Unido) discutió la evidencia reciente sobre los impactos productivos-tecnológicos de la minería en Argentina y reflexiono sobre las posibilidades de un enfoque de política radicalmente diferente. Teniendo en cuenta qué, más allá de sus vaivenes, limitaciones y contradicciones, la política pública en Argentina ha intentado propiciar el desarrollo del sector minero por más de 30 años. El sector, sin embargo, no ha despegado, y allí donde se ha desarrollado no está generando los beneficios productivos y tecnológicos que se esperan.

Muchas comunidades locales que solo están invitadas a pagar los costos y correr los riesgos de la minería, además, rechazan la actividad, y han conseguido frenar inversiones millonarias. En este contexto, y con expectativas de aumento en la demanda de minerales de más de 500%, resulta urgente repensar los enfoques de política hacia el sector. En la presentación 

Fernando Lucchini (Corporación Alta Ley, Chile) presentó la experiencia de la Corporación Alta Ley, una organización chilena encargada de la articulación público-privada del ecosistema de innovación y tecnologías de la minería, su gobernanza, camino a la institucionalización, metodologías usadas para la conformación de hojas de ruta para el sector, y principales desafíos en sus años de operación.

Martín Obaya (CONICET; CENIT-EEyN-UNSAM) presentó las estrategias tecno-productivas para el desarrollo del litio en Argentina, Bolivia y Chile. El recurso ha asumido un carácter estratégico en el triángulo del litio. Los tres países de la región han desarrollado estrategias muy distintas orientadas a generar capacidades productivas y tecnológicas locales. A partir de la comparación de casos ofreció una reflexión sobre los alcances y limitaciones de la trayectoria argentina y plantea senderos posibles para superarlos.

Ariel Slipak (Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes, Universidad de Buenos Aires, Argentina) desarrolló  el marco normativo y operatoria de empresas en Argentina analizando sus consecuencias en términos de posibilidades o no de ascenso en la cadena de valor de las baterías, captura de renta y generación de divisas, impacto ambiental y respeto de los derechos de las comunidades que habitan esos territorios.

Guillermo Baudino (INTI) mostró el rol del INTI en el desarrollo de proveedores para la industria minera en el NOA. El incremento de la minería en el NOA es una oportunidad para desarrollar PyMEs de la región, que provean de bienes y servicios a la actividad minera. En ese contexto, el INTI en el NOA lleva adelante asistencias técnicas y capacitaciones a empresas mineras y PyMEs, destinadas a generar un desarrollo industrial sustentable.

Arnaldo Visintin (CONICET; UNLP) hizo una breve descripción del estado del arte de este tipo de baterías a nivel de investigación básica y desarrollos industriales. Presentó algunos resultados del desarrollo de materiales para electrodos de alto rendimiento para baterías de litio y destacó algunos proyectos en curso para el desarrollo de baterías en Argentina, identificando su potencial y los desafíos que enfrentan.

Deborah Pragier (Área Política y Ambiente, Escuela de Política y Gobierno, UNSAM) destacó el rol de la minería de litio como una oportunidad para la transición hacia una “energía limpia” que, sin embargo, no puede soslayar los impactos que la extracción genera en los territorios en donde se encuentra el recurso. La posibilidad de desarrollar una extracción responsable requiere transformar las relaciones históricamente construidas entre estado, empresas y comunidades indígenas repensando los modelos de producción y desarrollo.

En contextos de expansión de la actividad minera e innovación institucional emergen cuestionamientos sociales y desafíos respecto del control ambiental de la minería. A partir de un estudio comparativo entre Argentina, Perú y Colombia, Julieta Godfrid (Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Playa Ancha, Chile) analizó las experiencias de monitoreo ambiental de la minería promovidas por actores locales y su contexto de surgimiento.

Por último, previo al cierre del secretario de Minería, Miguel Soler (Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy) abordó las oportunidades y desafíos para el desarrollo de la actividad minera en la Argentina, a partir de la realidad actual y potencial de la provincia de Jujuy.

Detalló los incentivos que provee el marco regulatorio actual, la necesidad de un trabajo articulado entre la Nación y las provincias, y la conflictividad socioambiental y su impacto sobre la inversión minera desde una perspectiva territorial.

Seminario "Visiones sobre el futuro de la minería argentina"

Fuente: Mining Press