¿Por qué Suarez cambió de idea y avanza con Cerro Amarillo?
En reiteradas ocasiones el gobernador Rodolfo Suarez dijo que la minería era un tema cerrado en su administración, pero lo que pareciera que realmente quiso decir el mandatario provincial es que renunciaba a la idea de modificar la Ley 7.722. Eso, a partir de su decisión de avanzar con el envío de la Declaración de Impacto Ambiental para la exploración de Cerro Amarillo, yacimiento de cobre ubicado en el departamento de Malargüe y cuyo caso quedó suspendido en 2014 a la espera del inventario de glaciares.
En este caso el gobernador avala el envío de la DIA porque no implica modificar la legislación vigente y porque los estudios preliminares apuntan a la presencia de un pórfido de cobre, lo que implicaría que en una eventual etapa de explotación no necesitaría elementos prohibidos por la 7.722. Por eso, al ser consultado ayer por Memo si se ponía en una escenario de oposición de sectores ambientalistas, respondió con un categórico "está dentro de la ley".
Suarez es un convencido de los beneficios que genera la minería, pero también sintió el golpe que significó derogar la Ley 9.209 que regulaba la actividad en Mendoza. Por eso, sin renunciar al desarrollo de la industria, apunta a buscar proyectos que se puedan desarrollar dentro de la normativa actual y, en ese sentido, considera que Cerro Amarillo es uno de ellos.
Tiene dos razones para avalarlo. La primera es que ahora sólo se trata de la DIA de exploración. Segundo, ante una eventual explotación, el tipo de material permitiría conseguir concentrado de cobre vía flotación, método que utiliza al xantato como reactivo y que no está prohibido por la ley antiminera.
Así, el gobierno provincial se enmarcaría en lo que reclaman los grupos ambientalistas que en reiteradas oportunidades han reiterado que no se oponen a la actividad que se desarrolle dentro del marco de la 7.722. Ese mismo discurso, por ejemplo, tiene el intendente Daniel Orozco, uno de los defensores de la normativa y que incluso en su campaña para ser gobernador reiteró en varias ocasiones.
Sin modificar ninguna normativa, Suarez espera conseguir que se apruebe la segunda DIA en 15 años de vigencia de la 7.722.
En octubre de 2014 la legislatura le puso un freno a la exploración del proyecto Cerro Amarillo hasta tener un informe sobre la existencia de glaciares. Ahora, con el inventario y la reglamentación de la Ley de Glaciares, se retomará el tratamiento que quedó suspendido en el seno de las comisiones del Senado hace ocho años.
En ese instante, Meryllion que eran los propietarios del proyecto tenían buenas perspectivas en torno a lo que podrían encontrar en la exploración. Eso, porque la geofísica aérea, la geoqúimica, la polarización inducida y un mapeo de detalle de unas 17.000 hectáreas, lo que corresponde a un 60% de la propiedad minera, dieron buenos resultados.
En Cerro Amarillo identificaron un clúster de cinco pórfidos, cinco zonas mineralizadas que se denominan Cerro Apero; Vaca de Cobre; Cerro Choro; Cajón Grande y La Blanca. En ese momento la inversión que consideraba la compañía era de US$10 millones para el proceso de exploración de los cinco puntos.
Ahora el proyecto concesionado al geólogo Jorge Bengoechea, busca la aprobación para explorar y confirmar todo lo que indican los estudios preliminares, con la posibilidad de encontrar un yacimiento con mucho potencial.
Además, la exploración se realiza en el momento exacto, ya que es justo el momento en que en todo el mundo se está explorando en busca de nuevos yacimientos de cobre que permitan producir todo el mineral que se necesitará para la transición hacia la electromovilidad.
A eso se suma que sería una exploración clave para el país, ya que en la actualidad la Argentina no tiene proyectos de cobre en producción y recién en 2025 volvería a hacerlo a través de Josemaría, proyecto propiedad de la canadiense Lundin Mining en San Juan.
Fuente: memo.com.ar
