Pero ni tal dicotomía necesariamente existe ni tampoco puede pensarse en las políticas contra el calentamiento global como gastos en el sentido más acotado del término, solo como un costo que genera complicaciones fiscales en el corto plazo.

Un informe publicado el jueves pasado por el Banco Mundial hace hincapié en los beneficios que traen consigo en el mediano y largo plazo las inversiones en materia de cuidado del medioambiente. El estudio hace mención a la Argentina y también a Catamarca.

Según el trabajo, que se denomina “Informe sobre Clima y Desarrollo del Grupo Banco Mundial”, el país puede obtener beneficios concretos de la transición hacia un mundo bajo en carbono, mediante la implementación de transformaciones de los sectores energéticos y agrícolas. Señala que, a partir de esas políticas de cambio en la matriz energética y productiva, es posible que el Producto Bruto Interno (PBI) crezca casi un 3% anual en los próximos ocho años.

Los sectores de agua, agricultura y energía son, para los expertos que realizaron el trabajo, prioritarios “para reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático y potenciar el crecimiento económico”. “El PBI anual podría aumentar un 2,7% para 2030 si se realizan inversiones en infraestructura hídrica para evitar escenarios de escasez de agua y dificultades en el acceso”, agrega el estudio, difundido en un momento en que la zona núcleo de la Argentina enfrenta una sequía que ya amenaza la cosecha del trigo.
La mención a Catamarca aparece al desarrollar la idea de la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, cambiando la matriz energética, es decir, reemplazando progresivamente los combustibles fósiles por energías renovables.

El informe señala que el litio argentino podría cubrir casi el 20% de la demanda global, un porcentaje formidable que convertiría a la Argentina en actor protagónico de la ansiada transición energética, y también a Catamarca, que junto a Salta y Jujuy poseen casi la totalidad de las reservas del país.

La convicción de que el desarrollo debe ser sustentable se extiende como tendencia irreversible, aunque aún no se traduzca lo suficiente en el diseño de las políticas públicas. A la par de lograr que la convicción se termine plasmando en proyectos concretos y abarcativos, es preciso profundizar el debate respecto del rol que le cabe al Estado y al sector privado, que necesariamente deben articular sinérgicamente. El Estado debe garantizar que los proyectos garanticen, además de la sustentabilidad, beneficios para las economías locales, y el sector privado invertir de un modo innovador, por ejemplo, energías renovables, agricultura sustentable y el desarrollo de la cadena de valor del litio.

Fuente: El Ancasti