A pesar de integrar el “triángulo del litio” junto a Bolivia y Chile y de tener el 22% de los recursos a nivel global de ese mineral, el diseño regulatorio de la actividad minera arroja dudas sobre el futuro del desarrollo de la actividad, en particular por las tensiones que existen entre la Nación y las provincias a la hora de establecer la distribución de recursos y competencias

Existen 19 proyectos litíferos avanzados en el país distribuidos en Jujuy, Catamarca y Salta, con una capacidad instalada que ronda las 38.500 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE), lo que la convierte en el cuarto productor mundial. Esta cifra podría multiplicarse entre 3 y 7 veces con la puesta en marcha de nuevos proyectos y ampliaciones. Los USD 208 millones exportados en 2021 podrían dispararse a USD 5.100 en solo 5 años. “Poniendo en marcha nuevos proyectos y expandiendo las dos operaciones actuales nos puede llevar a un escenario de 255 mil toneladas, que ubicaría al litio entre los primeros complejos exportadores del país”, expresó Víctor Delbuono, investigador del Área de Recursos Naturales de Fundar, un centro de estudios y diseño de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable.

La particularidad de la Argentina respecto a otros países del “triángulo” es el régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera, que “asigna competencias y recursos entre niveles de gobierno de maneras que plantean desafíos muy importantes para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al recurso”, según un informe de esa entidad.

Hay “tensiones o problemas de coordinación” en ese terreno, según Fundar. Su origen reside en que “mientras las provincias detentan el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones, la Nación concentra la mayor parte de los recursos tributarios provenientes de la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología. Esta desvinculación entre el nivel de gobierno que controla el régimen de concesión, por un lado, y el nivel de gobierno que controla los instrumentos de política fiscal y productiva, por otro, sólo se da en el marco del federalismo”.

Este esquema “limita el alcance de las condicionalidades que se les requiere a las empresas para acceder a los derechos de explotación sobre el recurso”. Las normas de contratación de mano de obra y compre local dentro de cada provincia, “crea barreras de entrada para empresas de otras provincias y genera problemas de escala”. A la vez, las leyes de promoción de la minería “no establece ningún tipo de condicionalidad para el acceso a los beneficios tributarios y comerciales contemplados en el régimen”.

La política tributaria, según el informe, es otro punto en donde la Argentina se diferencia de otros países productores. “Cuando se analiza la estructura impositiva de la minería de litio se observa también que Argentina tiene menos capacidad de recaudación que otros países de la región ya que carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios”, expresó. Y añadió que los impuestos recaudados por la Nación sobre la actividad no son de asignación específica, lo que “limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo”.

“En este punto, nuevamente, existe un contraste importante con, por ejemplo, el caso de Chile, donde siguiendo las recomendaciones de la literatura especializada de utilizar la renta de los recursos naturales para la construcción de capacidades productivas y tecnológicas, parte de lo recaudado en la minería del litio se destina a financiar actividades de I+D para el procesamiento y transformación del recurso”, agregó el informe.

También se destacó el contraste entre la política de ciencia y tecnología frente a la realidad productiva actual del litio en la Argentina. “En un mercado donde las ventajas comparativas están dadas por la escala productiva, se necesitan grandes plantas industriales que producen baterías para tener precios competitivos. Ese mercado está dominado por tres grandes productores asiáticos, Corea del Sur, Japón y China. La Unión Europea y Estados Unidos están invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar la producción de ion litio con resultados inciertos. En el imaginario el litio aparece directamente vinculado al tema de las baterías pero hoy las baterías nos quedan bastante lejos”, explicó el director de Área de Recursos Naturales de Fundar, Carlos Freytes.

La distribución geográfica de los investigadores y becarios que trabajan sobre temáticas relacionadas al litio tiene una fuerte concentración en Buenos Aires (25%), Córdoba (21%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15%), con un foco en los desarrollos “aguas abajo”. En tanto que en las provincias del NOA, con abundante dotación de recursos de litio, sólo se encuentra el 17% de los investigadores y becarios: Jujuy (8%), Catamarca (5%), Salta (4%). Además, señaló Fundar, los recursos presupuestarios destinados a proyectos de desarrollo productivo o socioambientales en torno al litio son de una magnitud varias veces menor que los destinados por Chile.

Fundar concluyó que el desafío a enfrentar es tratar de aliviar esas tensiones en un marco legal con bajísimas chances de ser modificado, ya que el mismo se basa en lineamientos constitucionales: “Dado que el federalismo es un sistema de gobierno que le da a las provincias poder de veto sobre cualquier modificación del status quo que afecte sus intereses, es políticamente poco probable que se modifique el régimen de concesiones que se deriva del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994. El desafío es entonces coordinar las políticas entre distintos niveles de gobierno de manera de atender a las tensiones y desbalances identificados”.

Fuente: Infobae