La discusión por la minería en Mendoza vuelve a tomar efervescencia con la presentación de zonificación para Malargüe que el intendente Juan Manuel Ojeda presentará esta semana. Se trata de una propuesta para eximir a ese departamento de la Ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias químicas en la actividad.

Si bien no ha sido confirmada aún la fecha en que se presentará, todo hace entender que será el próximo jueves cuando gremios como la Uocra, entre otros, se movilicen a Casa de Gobierno para pedir el respaldo del gobierno de Rodolfo Suárez a la iniciativa. En tanto, el miércoles habrá una manifestación en contra por parte de las asambleas ambientalistas.

Cabe mencionar que Ojeda tiene tiempo hasta el 30 de octubre para presentar la propuesta en la Legislatura, ya que se vence el período de sesiones ordinarias y si no lo hace, deberá esperar hasta mayo de 2023. Así lo establece el artículo 84 de la Constitución. El 1 de noviembre se inicia el periodo de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 30 de abril; durante este lapso sólo pueden ingresar proyectos del Poder Ejecutivo.

Hace tiempo que se viene anunciando la presentación de la iniciativa y nunca se cumple. El trabajo de redacción se conoció en agosto del año pasado. Más aún, hace cuatro meses fuentes cercanas al intendente de Malargüe señalaban que el texto llegaría a la Casa de las Leyes en julio pasado. ¿Esta vez se concretará el paso formal de llegar a mesa de entradas de alguna de las dos cámaras legislativas con un texto para debatir?

El sector empresario también pide por el respaldo del Ejecutivo a este proyecto. Raúl Guevara, presidente de la Cámara de Proveedores y Productores Mineros (CAPROMIM), es uno de los asesores del intendente malargüino en el diseño del proyecto y señaló: “Tenemos una provincia pobre, con una cantidad de recursos inalcanzables, dónde la minería puede ser la matriz que logre cambiar la economía”.

“No solo de la provincia, sino también colaborar con el país. Uno puede ver a San Juan, Catamarca o Salta, que tienen economías en auge tras 18 años trabajando en minería. Nosotros lamentablemente estamos administrando una provincia pobre, cuando se podría estar administrando recursos y energía”, afirmó.

Y criticó: “a los malargüinos nos dicen no a Portezuelo y no a la minería. Los proyectos que está manejando el gobierno provincial de potasio y de Hierro Indio, son emplazamientos estatales y no sabemos de dónde va a sacar plata”.

En ese sentido, apuntó: “entonces acá hay una desidia total de unos funcionarios que están en contra de que realmente se haga minería en Malargüe porque no quieren arriesgar votos para el año que viene. Es una vergüenza que estén viendo el beneficio propio por encima del beneficio general de la gente que los votó para que estén en el lugar en el que están”.

“Desde el Ejecutivo provincial necesitamos más acompañamiento porque Malargüe está solo en esto. No tenemos apoyo de nadie, salvo de la Secretaría de Minería de la Nación, que nos acompaña en estas cosas”, afirmó Guevara, quien catalogó a Ojeda como el “intendente de la minería” al que “no le importan los votos, sino el hambre que está pasando el pueblo porque hay un capricho en no querer hacer minería”.

El empresario sostuvo que la propuesta debería tener el apoyo del oficialismo y también de la oposición “porque nos incumbe a todos” y pidió que “dejen que nosotros en nuestro territorio, hagamos lo que tenemos como fortaleza. Malargüe no tiene viñedos y el resto de las bondades que tienen los demás departamentos. Nosotros tenemos minería, petróleo y turismo por Las Leñas. No tenemos otros recursos ni campos con cultivos. Tenemos 42 mil km cuadrados, dónde nos tienen atados de manos. Ese es el motivo por el cual queremos la zonificación”.

Resistencia Ambientalista
Las asambleas ambientalistas convocaron a una movilización para oponerse al proyecto de Ojeda. “Desde todos los rincones de nuestra querida provincia, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) rechazamos enérgicamente el proyecto de zonificación minera presentado por el intendente de Malargüe, Manuel Ojeda (UCR). Por eso convocamos a todo el pueblo a defender la ley 7722, nuestra ley guardiana del agua”, mencionan en un comunicado.

Y denuncian que “una vez más el gobierno provincial defendiendo los intereses del lobby minero traiciona la voluntad popular avasallando la licencia social en nuestros territorios. Como hizo el gobernador Rodolfo Suárez a espaldas del pueblo en diciembre de 2019, la dirigencia política de Cambiemos junto a sectores del PJ buscan legitimar la minería contaminante dejando sin efecto la ley 7722 en el departamento de Malargüe”.

“Si se aprueba el proyecto de zonificación minera les permitiría a las empresas utilizar sustancias tóxicas como xantato y cianuro. En ese sentido, el proyecto de zonificación minera viola la ley 27.566 que ratifica el acuerdo de Escazú que establece el principio de NO regresión en materia ambiental por lo que cualquier modificación minera que reduzca el alcance de la ley 7722 es inconstitucional”, añadieron.

“La decisión del oficialismo radical de avanzar con la minería en territorio malargüino es parte de la política nacional del presidente Alberto Fernández y el superministro Sergio Massa que para pagarle al FMI han decidido ofrecer los bienes comunes del país al capital extranjero. Sin embargo, no tienen en cuenta la capacidad de los pueblos para defender sus territorios del saqueo y la contaminación”, sentenciaron.

Fuente: Los Andes