Según destaca el documento, Argentina presenta oportunidades de inversión y comercio, particularmente en agricultura, energía, salud, infraestructura, tecnología de la información y minería. Sin embargo, la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas, la alta inflación y el estancamiento económico persistente han impedido que el país maximice su potencial. Argentina cayó en recesión en 2018, el mismo año en que el entonces presidente Mauricio Macri firmó un Acuerdo Stand-By (SBA) de $ 57 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Los esfuerzos para racionalizar el gasto contribuyeron a la derrota de Macri por  Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en 2019. La nueva administración asumió el cargo el 10 de diciembre de 2019 y revirtió las medidas de austeridad fiscal, suspendió el programa del FMI y declararon insostenibles los niveles de deuda pública. La pandemia de COVID-19 profundizó la recesión económica plurianual del país. Esto llevó al gobierno a intensificar los controles de precios, capital y comercio exterior, haciendo retroceder algunas de las políticas impulsadas por el mercado de la administración anterior. 

Después de registrar su noveno incumplimiento soberano en mayo de 2020, el gobierno de Argentina reestructuró bonos de derecho internacional por $ 65.000 millones y bonos de derecho interno por $ 42 mil millones. La reestructuración de la deuda proporciona un alivio financiero de $ 37,7 mil millones durante el período 2020-2030, reduciendo los pagos de intereses promedio del 7% al 3%. En agosto de 2020, el gobierno notificó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) de su intención de renegociar $ 45.000 millones adeudados al Fondo del Acuerdo Stand-by de 2018. En 2020, el peso argentino (tasa oficial) se depreció un 29 por ciento, la inflación alcanzó el 36 por ciento,

La agenda económica de la administración Fernández durante 2020 se enfocó en reestructurar la deuda soberana del país y abordar el impacto de la pandemia COVID-19. El gobierno aumentó los impuestos al comercio exterior, endureció aún más los controles de capital e inició o renovó programas de control de precios. 

La administración también expandió los gastos fiscales, que se dirigieron principalmente a mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Citando la necesidad de preservar las decrecientes reservas de divisas de Argentina y aumentar los ingresos del gobierno para programas sociales, el gobierno de Fernández aprobó una amplia ley de "emergencia económica" en diciembre de 2019, que incluía un impuesto sobre la renta anticipado del 35 por ciento más un impuesto del 30 por ciento sobre las compras de divisas extranjeras. moneda y todos los gastos individuales incurridos en el exterior, ya sea presencial o online.

Según los datos del informe, actualmente hay en la Argentina más de 300 empresas estadounidenses en operación. Estados Unidos, además, es el principal inversor extranjero en el país con más de US$ 10.700 millones de inversión extranjera directa a partir de 2019.

El noveno default soberano y la insolvencia autodeclarada del gobierno han limitado su acceso al crédito internacional, lo que lo ha obligado a financiar medidas de estímulo relacionadas con la pandemia y la compra de la vacuna Covid-19 a través de la emisión de dinero, lo que puede obstaculizar sus esfuerzos por contener la inflación y mantener un tipo de cambio estable a corto plazo. Se espera que el gobierno amplíe aún más los gastos fiscales antes de las elecciones de mitad de período en octubre de 2021.

Luego de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Argentina el 3 de marzo de 2020, el país impuso una estricta cuarentena a nivel nacional el 20 de marzo, que se convirtió en una de las más largas del mundo. Las medidas de confinamiento se relajaron a partir del segundo semestre de 2020, aunque se mantuvieron múltiples restricciones. 

Las actividades de hotelería y hospedaje, viajes y turismo, y entretenimiento se vieron profundamente afectadas y aún no estaban en pleno funcionamiento a marzo de 2021. Según estimaciones de la Confederación Argentina de Pequeñas y Medianas Empresas (CAME), 90,700 tiendas minoristas y 41,200 negocios de forma permanente cerró en Argentina durante 2020, lo que representó más de 185.300 puestos de trabajo perdidos. 

Como resultado de las medidas de confinamiento, la actividad económica cayó un 10 por ciento durante 2020 en comparación con 2019, alcanzando niveles similares a la crisis económica de 2002.

El gobierno argentino emitió una serie de medidas de alivio económico, centradas principalmente en los trabajadores informales que representan el 40 por ciento de la fuerza laboral, así como en las pequeñas y medianas empresas (PYME). El gobierno prohibió a los empleadores terminar el empleo hasta abril de 2021 y ordenó una doble indemnización hasta el 31 de diciembre de 2021. El gobierno también prohibió la suspensión de los servicios públicos (agua, gas natural, electricidad, servicios de telefonía fija y móvil, e Internet y televisión por cable). ) por falta de pago. 

El noveno incumplimiento soberano y la insolvencia autodeclarada del gobierno han limitado su acceso al crédito internacional, lo que lo ha obligado a financiar medidas de estímulo relacionadas con la pandemia y la compra de la vacuna COVID-19 a través de la impresión de dinero. lo que puede obstaculizar sus esfuerzos por contener la inflación y mantener un tipo de cambio estable en el corto plazo. Se espera que el gobierno amplíe aún más los gastos fiscales antes de las elecciones de mitad de período en octubre de 2021.

Tanto las empresas nacionales como las extranjeras señalan con frecuencia una carga fiscal alta e impredecible y leyes laborales rígidas, que dificultan la respuesta a las condiciones macroeconómicas cambiantes, como obstáculos para una mayor inversión en Argentina. En julio de 2020, el gobierno aprobó una ley de teletrabajo que impuso regulaciones restrictivas sobre el trabajo remoto. 

La ley desalienta a las empresas a otorgar flexibilidad en el lugar de trabajo y a reducir los costos laborales a través del teletrabajo. En 2019, Argentina ocupó el puesto 36 de los 41 países evaluados en el Ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), que mide la productividad con la que un país utiliza sus recursos disponibles.

los controles de importación más estrictos impuestos por la administración de Fernández han afectado los planes comerciales de las empresas privadas que necesitan insumos importados para la producción. El sector privado observó una mayor discrecionalidad por parte de las autoridades comerciales responsables de aprobar las licencias de importación

Como miembro del MERCOSUR, Argentina firmó un acuerdo de libre comercio e inversión con la Unión Europea (UE) en junio de 2019. Argentina aún no ha ratificado el acuerdo. En mayo de 2020, Argentina propuso desacelerar el ritmo y ajustar los parámetros de negociación de las conversaciones de liberalización comercial en curso del MERCOSUR con Corea del Sur, Canadá y otros socios para ayudar a proteger a las poblaciones vulnerables y dar cuenta del impacto de la pandemia de COVID-19.

 Argentina ratificó previamente el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC el 22 de enero de 2018. Argentina y Estados Unidos continúan ampliando la cooperación comercial y económica bilateral, específicamente a través del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA), el Diálogo Comercial y el Crecimiento en el Iniciativa de las Américas, con el fin de mejorar y facilitar los vínculos público-privados y la comunicación sobre comercio, cuestiones de inversión, energía e infraestructura, incluido el acceso a los mercados y los derechos de propiedad intelectual.

Fuente; Mining Press